l juez español que instruye un caso por supuesto "genocidio" en el Tíbet en los años 80-90 emitió este lunes una orden de busca y captura internacional contra el expresidente chino Jiang Zemin, en plena polémica sobre una reforma de la jurisdicción universal de la justicia.

El juez Ismael Moreno retoma el argumento de una anterior decisión de la Audiencia Nacional del 18 de noviembre en favor de emitir una orden de detención contra Jiang Zemin y el exprimer ministro chino Li Peng al considerar que había "indicios de la participación" de los dos hombres en los hechos que se les imputan.

Principalmente, "habida cuenta de la responsabilidad política o militar de cada uno de ellos en el largo periodo al que se remontan lo hechos objeto de investigación".

Además, la principal instancia penal española había recordado la existencia de resoluciones de la ONU reconociendo que "las autoridades chinas decidieron llevar a cabo una serie de acciones" para "eliminar la propia idiosincrasia y existencia del país tibetano imponiendo la ley marcial, llevando a cabo desplazamientos forzosos, campañas masivas de esterilizaciones, torturas de los disidentes y traslados obligatorios".

El juez Moreno instruye un caso abierto en 2006, en base al principio de la jurisdicción universal, que permite a la justicia española desde 2005 perseguir crímenes de lesa humanidad como el genocidio, siempre que el caso no esté siendo ya investigado por la justicia en el país concernido.

La justicia española se considera competente para investigar el caso, ya que uno de los demandantes, el tibetano en el exilio Thubten Wangchen, posee la nacionalidad española y la justicia china no ha abierto ninguna investigación sobre el caso.

La querella había sido presentada principalmente por el Comité de Apoyo al Tíbet (CAT) y la fundación "Casa del Tíbet" contra cincos ex altos cargos chinos, entre ellos Jiang Zemin y Li Peng, por "genocidio, crímenes de lesa Humanidad, tortura y terrorismo contra el pueblo tibetano".

La investigación se amplió el 11 de octubre de 2013 al expresidente Hu Jintao, que ya no tiene inmunidad presidencial tras haber dejado el cargo en noviembre de 2012.

China protestó y pidió explicaciones al gobierno español, que por medio de su grupo parlamentario ha presentado un proyecto de ley que busca restringir el concepto de la jurisdicción universal, muy criticado por Amnistía Internacional.

El proyecto incluye una disposición transitoria que ordena el sobreseimiento de los casos que se están instruyendo hasta que "no se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos" en la nueva ley.