Dieciséis meses y ocho días más estará preso el exgobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, condenado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho (ofrecer sobornos), dentro de las irregularidades conocidas como el carrusel de la contratación en Bogotá.
Así lo dispuso un fallo de segunda instancia proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá luego de que la Fiscalía apelara la sentencia emitida en diciembre por el Juzgado 44 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá.
Dicho juzgado encontró culpable a Cruz de los delitos mencionados condenándolo a permanecer tras las rejas por 72 meses y 18 días, así como a pagar una multa de 211.495 salarios mínimos y a quedar inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas.
Los magistrados del tribunal, con ponencia del togado Hermens Darío Lara, confirmaron la actuación del juzgado en cuanto a la culpabilidad de Cruz, pero le dieron la razón a la Fiscalía en lo relativo a la pena privativa de la libertad, por lo que decidieron que debería pasar más tiempo a la sombra: 88 meses y 26 días de prisión.
Cruz, de acuerdo a lo expuesto por la Fiscalía, argumentación aceptada tanto por el juzgado como por el tribunal, sobornó con 800 millones de pesos a concejales de Bogotá para que movieran sus influencias (y parte del dinero) de tal manera que Iván Hernández, entonces director de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) contratara a la empresa constructora ICM, de la que el convicto era representante legal, para reparchar una parte de la malla vial capitalina, como efectivamente sucedió.
Hernández, quien ya fue condenado también por el carrusel de la contratación, a cambio del dinero y las palancas de los concejales, le dio a Cruz información privilegiada para que al presentar su propuesta ICM se quedara con el Contrato 197 por valor de 25.000 millones de pesos.
Los concejales involucrados fueron Andrés Camacho, Hipólito Moreno y Orlando Parada, todos tres militantes en su momento del Partido Social de Unidad Nacional (La U).
Los cabildantes, que también ya fueron condenados, además de tramitar el contrato entre ICM y la UMV, se encargaron de que el contrato no tuviera control político por parte del Concejo de Bogotá.