Mañana debe realizarse en Quibdó una audiencia pública en la que la Corte Constitucional hará seguimiento a una sentencia suya en la que conminó a varias instancias del orden nacional, departamental y local para solucionar la crisis en los hospitales San Francisco de Asís e Ismael Roldán Valencia de esa capital, que atienden a gran parte de los pacientes de la región. No es un evento menor toda vez que tendrán que comparecer el Ministro de Salud, los organismos de control, el Superintendente Nacional del sector, congresistas de las Comisiones Séptimas de Senado y Cámara, el gobernador del Chocó, el gerente del Plan “Todos Somos Pazcífico”, el alcalde de Quibdó, el Personero municipal y muchas otras autoridades, así como expertos de centros de estudios como DeJusticia e incluso dos peritos de la comisión de seguimiento a este fallo y de la reforma estructural del sistema de salud y seguridad social. Como si ello fuera poco, tras esta inspección judicial al grado de cumplimiento del fallo de la Corte Constitucional, se realizará una sesión técnica con el comité que lideró, en agosto pasado,  el paro cívico en ese departamento.

El Alto Tribunal, a través de su Sala Especial de Seguimiento, consideró que se hacía necesario este examen in situ para establecer el grado de acatamiento de su fallo, ya que la información que han entregado las diferentes entidades involucradas en el tema no cumple los requisitos para evaluar la aplicabilidad de la sentencia T-760/08 en la que se ordenó la adopción de distintas medidas para superar la crisis en el sector de salud de ese departamento. Una crisis que, como todo el país sabe, hace parte de una más generalizada que por décadas ha sumido a los habitantes de la región en la pobreza extrema, el abandono estatal, los índices más altos de necesidades básicas insatisfechas, la negligencia y el desorden institucional, la violencia secular y una larga historia de escándalos de corrupción y desgreño administrativo. Incluso, en determinado momento se llegó a pedir a ese máximo tribunal  que analizara la posibilidad de declarar, en una decisión inédita hasta el momento, un “estado de cosas inconstitucional” en Chocó, debido a que la dimensión de la crisis política, económica, social, institucional, administrativa y de otras índoles era tan profunda que implicaba una violación manifiesta y generalizada de los derechos más fundamentales y básicos de la población.

Lo cierto es que pese a todos los planes de contingencia y de largo aliento que se han aplicado en ese departamento en los últimos años, la crisis se mantiene en muchos aspectos y hoy Chocó continúa amenazado por esa fatal mezcla de abandono estatal, negligencia administrativa, corrupción, narcotráfico, minería ilegal, depredación ambiental y grupos armados. Todo ello mientras se repite, ya como una frase de cajón pese a su veracidad, que esta es una de las regiones más ricas del país e incluso del mundo en materia de recursos naturales renovables y no renovables.

¿Qué se puede esperar de esta inspección judicial a la crisis interminable de salud en Chocó? Es muy difícil aventurar al respecto pero queda en evidencia que la Corte está dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias para que su fallo se cumpla. Y más importante aún es la reunión que se tendrá con el comité que lideró el paro cívico hace dos meses, precisamente porque para levantarlo el Gobierno asumió una serie de compromisos en múltiples sectores, entre ellos el de la salud. Es más, como se recuerda, los delegados del Ejecutivo nacional hicieron un recuento en el que tasaron en casi 8 billones de pesos las inversiones en ese departamento en los últimos años y se reiteró la promesa presidencial de que la región es una de las prioridades del Estado en su conjunto.

Así  como en repetidas ocasiones hemos hecho desde esta páginas votos por planes efectivos de intervención y choque en regiones como La Guajira, que también arrastra una crisis similar a la del Chocó, consideramos que a la diligencia de mañana en Quibdó hay que darle una importancia superlativa para que esta sentencia se cumpla al pie de la letra, sin excusas ni dilaciones y que todo aquello que atente contra ese objetivo reciba el castigo más drástico desde lo penal, disciplinario, fiscal, administrativo, político y de opinión pública.