Pendiendo de un hilo está la ya deteriorada relación entre Estados Unidos y Venezuela ante la inminente sanción del presidente Obama a un proyecto de ley, aprobado por el Congreso, que contempla sanciones para altos funcionarios señalados de cometer violaciones de derechos humanos contra opositores, durante las protestas ocurridas a comienzos de año.

“Creo que si se impone la locura de las sanciones, presidente Obama, saldrán muy mal parados porque quien toca la tecla de la moral y del amor patrio a los venezolanos está jugando con la historia", anunció  un indignado Nicolás Maduro a comienzos de semana, cuando el proyecto recibió el aval mayoritario del Senado norteamericano y horas antes de que hiciera lo propio la Cámara de Representantes.

Y aunque la ley afectará a sólo un reducido grupo de funcionarios venezolanos, es un mensaje contundente para el gobierno Maduro por lo que los parlamentarios norteamericanos han considerado persecución a la oposición y, por ende, golpe a la libertad y a la democracia.

El discurso desde décadas atrás del  chavismo ha sido “contra el imperialismo”, al que desde el desaparecido Hugo Chávez hasta el actual Nicolás Maduro acusan de orquestar planes desestabilizadores en América Latina y, particularmente en Venezuela. Ha sido reiterativo y la relación bilateral ha tenido picos de tensión, al punto del retiro de los respectivos embajadores, no sin antes pasar por la expulsión  de organismos norteamericanos como la DEA y la Usaid.

¿Pasará el gobierno Maduro de la ya tradicional guerra verbal “contra el imperio” a la acción si Obama, como se da por descontado firma la ley de sanciones?.

Esa es la pregunta que hoy ronda en el ambiente y que tiene a la relación diplomática tambaleando, tal y como lo dijo el mandatario venezolano al señalar, días atrás, que está “pensando” en el futuro de las mismas.

El mayor peligro de que se rompa el entendimiento binacional  es que Maduro decidiera cerrar el grifo petrolero a Estados Unidos, su principal comprador. Sin embargo ello es altamente improbable, máxime porque con la caída en los precios del mismo, lo que necesita Venezuela es mantener y hasta aumentar las ventas del llamado oro negro que son las que soportan su alicaída economía.

La ley de sanciones está dirigida a funcionarios señalados de encabezar o asistir "actos de violencia o abusos serios de derechos humanos", arrestos o causas judiciales contra manifestantes antigubernamentales en Venezuela.

En mayo, el senador norteamericano Marco Rubio recomendó sanciones contra 27 altos funcionarios venezolanos, incluyendo la fiscal general Luisa Ortega, el entonces ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres, y varios gobernadores oficialistas.

Las sanciones no afectarán al común de los venezolanos, indicó el congresista demócrata Juan Vargas. "Estas sanciones no tocan el sector petrolero u otras partes vitales de la economía, solo a los (funcionarios) responsables por la represión", dijo en el pleno de la cámara.

El senador Robert Menéndez, que impulsó la ley en la cámara alta, dijo que cuando el proyecto se convierta en ley "los individuos detrás de las violaciones de derechos humanos en Venezuela no podrán seguir escondiéndose y serán responsabilizados".

Si se ejecuta, estas personas tendrán prohibida la entrada a Estados Unidos, y sus bienes serán bloqueados.

Del proyecto final del Senado fue eliminada una cláusula que destinaba 15 millones de dólares para ayudar a organizaciones antigubernamentales y medios independientes venezolanos.

La medida generó un obvio descontento en Caracas, hecho público por el propio Maduro y su canciller, Rafael Ramírez, quien la calificó de absurda.

“Venezuela rechaza de la manera más categórica cualquier injerencia extranjera en nuestros asuntos internos y, sobre todo, (...) de la administración norteamericana, que ha sido permanentemente un elemento de agresión contra nuestro país", dijo Ramírez días atrás.

Las protestas, que sacudieron entre febrero y mayo a una Venezuela sumida en una polarización política y afectada por la escasez de alimentos y la rampante inseguridad, dejaron 43 muertos en varias ciudades.

Tras las manifestaciones, Estados Unidos consideró repetidas veces inoportunas las sanciones contra el gobierno venezolano, pero los esfuerzos fallidos de aliados latinoamericanos para bajar las tensiones entre opositores y oficialistas hicieron que Obama cambiara de opinión, dijo un alto consejero de la Casa Blanca en noviembre.

En agosto, el Departamento de Estado negó visas a 24 funcionarios venezolanos presuntamente involucrados en violaciones de los derechos humanos durante las protestas.

Mientras tanto, Washington ha criticado reiteradamente los procesos judiciales contra los principales promotores de las manifestaciones: el dirigente Leopoldo López, en prisión desde febrero pasado y acusado de incitar a la violencia, y la destituida diputada María Corina Machado, imputada días atrás por la fiscalía de conspirar para asesinar a Maduro.

Con la firma de Obama a la ley de sanciones a funcionarios venezolanos se adicionará una nueva hoja al historial de tensiones con Venezuela. Subirá el tono y el discurso anti-yanqui del gobierno Maduro, pero es poco probable que se llegue al quiebre total de la relación bilateral.