Esta es una de las conclusiones a las que llegó la Defensoría del Pueblo al final de un estudio sobre el marco socio-jurídico en el que las familias están retornando a sus tierras.

A pesar de los esfuerzos institucionales que ha hecho el Gobierno para que los desplazados por el conflicto armado regresen a sus tierras, aspectos a cubrir, como la atención a esta población vulnerable, no han mejorado, sino que, por el contrario, tienden a empeorar.

Al cierre de un estudio que adelantó la Defensoría del Pueblo sobre el tema, esa fue una de las conclusiones más contundentes, entidad que señaló las condiciones negativas en las que se está llevando a cabo, por ejemplo, el programa gubernamental Retornar es Vivir.

Además, en criterio de la Procuraduría, el Gobierno no ha logrado garantizar los derechos humanos de esta población, a causa de la falta de sostenibilidad y acompañamiento estatal a las familias afectadas.