“En todo caso el Gobierno nacional ejercerá control directo sobre los precios de todo insumo agropecuario de tal forma que se garantice un precio de venta adecuado para la rentabilidad de la producción agropecuaria y que no supere el promedio de precios de los países de Latinoamérica”.

Así sería el parágrafo que se la adicionaría al artículo 6 de la Ley 101 de 1993, según lo propone el proyecto 212 de 2014 Cámara, “por el cual se regula el precio de los insumos agropecuarios y se dictan otras disposiciones”, radicado el 18 de junio por el saliente representante por Boyacá, Carlos Andrés Amaya, de la Alianza Verde.

La iniciativa tiene cinco artículos, de los cuales el quinto se ocupa de la vigencia de la ley que podría resultar si el trámite del articulado culmina con éxito.

El segundo es que ya se expuso, mientras que el tercero autoriza “al Gobierno nacional para que realice las modificaciones tributarias correspondientes para dar cumplimiento” al parágrafo adicionado, y el cuarto establece que “el Ministerio de Educación Nacional en conjunto con Colciencias creará las líneas de investigación necesarias para la producción nacional de insumos agrícolas, responsables ambientalmente y a bajo precio”.

Previamente, en el primer artículo, el proyecto define que “se entiende por insumo agropecuario todo producto natural, sintético o biológico, o de origen biotecnológico o químico utilizado para promover la producción agropecuaria, así como para el diagnóstico, prevención, control, erradicación y tratamiento de las enfermedades, plagas, malezas y otros agentes nocivos que afecten a las especies animales y vegetales o a sus productos”.

En la exposición de motivos, el representante Amaya sostuvo que la iniciativa “pretende dar una solución real a la crisis que está atravesando el sector rural y más específicamente el sector agrario en Colombia, ya que se ha llegado al extremo en el cual la actividad no está siendo económicamente rentable y según lo reportan los productores agrícolas una de las principales razones son los altos precios en los insumos agrícolas”.

Argumentando que el artículo 65 constitucional ordena que la producción de alimentos goce de la especial protección del Estado, dando prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, para Amaya se hace necesario darle preeminencia a una normatividad que permita un control a los precios de los insumos agrícolas.

El congresista sostuvo que el “el alto impacto de los agros insumos en el precio final de sus productos” se pusieron en evidencia en “los recientes paros agrarios”, pero que ya en 2009 el documento Conpes 3577 había expuesto que, “dependiendo del tipo de producto agrícola, se genera un mayor impacto de los precios de los insumos agrícolas en el costo final de producción”, llegando en algunos casos a representar “más del 50 por ciento de su costo de producción”.

Amaya citó, además, “un estudio realizado por la SAC (Sociedad de Agricultores de Colombia)” en el que se planteó que “Colombia paga por kilogramo de fertilizante 0,74 dólares mientras que su más cercano competidor agrícola y vecino como es Ecuador paga 0,39 dólares; Costa Rica 0,38 dólares y Brasil 0,31 dólares por kilogramo”.

“Este alto margen se da a pesar de que Colombia tiene en su territorio a grandes importadores de insumos básicos para la producción y distribución de fertilizantes”, consignó Amaya, citando el informe de la SAC.