La Corte Constitucional estudia hoy una tutela interpuesta contra un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca según el cual el Banco de la República debe  indemnizar a un afectado por la desaparecida Unidad de Poder Adquisitivo Constante, (Upac).

La decisión de la Corte Constitucional busca sentar jurisprudencia para los jueces administrativos que tienen en sus despachos acciones populares en las que afectados por el Upac reclaman millonarias indemnizaciones.

La Agencia Nacional de Defensa del Estado había alertado al alto tribunal sobre la severidad de la decisión que pueda tomar el alto tribunal, ya que en el juzgado 23 Administrativo de Bogotá, cursa una acción de grupo que solicita una reparación a favor de afectados por el Upac, que asciende a los $143,5 billones, lo cual básicamente supera la deuda externa del país.

“A febrero de 2012, la deuda externa del país (tanto pública como privada) era de USD 76.798 millones. La anterior cifra con una tasa de cambio de $1767.83 (TRM fin de febrero de 2012) equivale en pesos colombianos a cerca de $135.7 billones. Así, el daño total calculado por el perito por este solo proceso, es superior a la deuda externa total del país”. Por lo tanto, si la Corte llega a avalar la tutela, el Banco de la República se enfrentaría al pago de indemnizaciones que llegarían a los 200 billones de pesos.