Por: Carlos Arévalo*
Las 10:36 am –hora local- del pasado lunes, día de nuestra independencia, será recordado como el momento en que por primera vez ondeó oficialmente la bandera cubana en el asta de la sede de su embajada en Washington D.C., desde la decisión del Presidente Eisenhower de romper relaciones diplomáticas con el Gobierno de la Isla como retaliación a las medidas de nacionalización adoptadas en 1960. El trascendental hecho se desarrolló bajo la atenta observación del mundo, entre arengas de “Viva Cuba sin Castro” y “viva Cuba socialista”, “viva Fidel y viva Raúl”, demostrando así la polarización interna que genera esta histórica decisión.
Con el inicio en los Estados Unidos de la carrera electoral que concluirá en noviembre del 2016, las intenciones políticas que motivan la decisión del Gobierno del Presidente Obama de tomar polémicas medidas como la analizada, no pueden ser dejadas al margen. Por un lado, la importancia que ha adquirido el voto latino sumado a la relevancia que nuevamente tendrá el Estado de Florida (en especial si se cumplen los pronósticos y repetimos la contienda Bush-Clinton del 92) , hace que el Partido que actualmente ocupa la Casa Blanca busque acercarse a los Cubano-americanos de segunda y tercera generación, que lejos de compartir el radicalismo propio de aquellos que huyeron del régimen Castrista y alimentan las filas republicanas, tiene una visión más pragmática y no creen en el embargo como la salida. Es sin duda alguna, ante la imposibilidad de llegar a estos últimos, a esa nueva generación de votantes a los que busca captar el partido oficialista.
Por otro lado, se desnuda una realidad frente a la posición del partido Demócrata en temas de relaciones internacionales y principalmente frente al caso de Cuba: es equívoca, contradictoria y confusa, en resumen: no hay una posición de Partido. Basta con recordar que fue el Presidente Kennedy (Demócrata) el que en abril del ‘61 auspició la fallida invasión de la Bahía de Cochinos y quien en febrero del año siguiente ordenó el embargo que se ha mantenido hasta hoy, causando trillonarias pérdidas a la Isla a lo largo de estos 54 años.
La contradicción más grande tiene como protagonistas a los esposos más célebres de la política norteamericana, quienes siendo Demócratas adoptaron posiciones muy distintas en su momento. Mientras en 1996 el Gobierno de Bill Clinton (también Demócrata) promulgó la Ley Helms-Burton que endureció el embargo, incluso llegando a establecer sanciones para empresas extrajeras que desarrollaran actividades en Cuba y que al mismo tiempo en Estados Unidos; en 2009 su esposa Hillary –hoy precandidata- como Secretaria de Estado (equivalente a Ministra de Relaciones Exteriores en nuestro país) de la administración Obama, levantó las restricciones para viajar y enviar remesas a la Isla, contribuyendo sin duda a solventar la difícil realidad de muchos de los ciudadanos cubanos.
En resumen, a nivel local si la estrategia de los Demócratas es utilizar la coyuntura con Cuba para capturar al voto latino, en especial al electorado joven de Florida, ésta resulta ser una táctica de doble filo, pues la variable política internacional de los gobiernos pertenecientes a ese Partido puede generar desconfianza en la población. Eso sin contar con la fuerte arremetida de los republicanos en el Congreso liderados por Marco Rubio la joven promesa de su Partido, quienes buscarán mantener el embargo, dejando las renacientes relaciones cubano-americanas en un permanente estado de tibieza.
A nivel regional, el giro radical en la política exterior norteamericana, que muchos hemos aplaudido, debe ser tomado con cautela, pues si bien es cierto que el modelo aislacionista no le generaba beneficios ni a los países involucrados ni a los demás de la región, todavía quedan muchos puntos de la agenda sin resolver, en especial en lo que tiene que ver con el respeto y la garantía de los derechos humanos propios de una democracia.
Causa suspicacia, que a pesar que mediante la Resolución 2438 de 2009 de la Asamblea General, los Estados Miembros de la OEA dejaron sin efecto la decisión del 31 de enero de 1962 que excluía la participación de Cuba en el Sistema Interamericano, sometiendo su plena reincorporación a un proceso de diálogo que debe comenzar por iniciativa del Gobierno de la Isla, la cual hasta el momento no se ha dado.
El principal argumento de los Castro para no regresar a la OEA, es que ven la Organización como una herramienta de los Estados Unidos para ejercer control sobre la región, pero ahora que se descongelan las relaciones de los dos países, pareciera inevitable el regreso de la Isla al foro hemisférico, ojalá, acompañado del cumplimiento de sus obligaciones en materia de Derechos Humanos, buscando consolidar el respeto por los valores democráticos que debe concretarse de forma inmediata en la liberación de los presos políticos y la garantía de la libertad de prensa, así como de forma mediata con la celebración de elecciones que cuenten con veeduría internacional.
*Profesor de la Maestría en Derecho Internacional – Universidad de La Sabana