En veremos sigue tras 22 años materializar la disposición constitucional de una ley que regule el estatuto de oposición, tiempo en el cual han pasado seis gobiernos que no han impulsado el tema o no se han puesto de acuerdo sobre el particular con los partidos o movimientos que no comparten sus políticas.

A pesar de que a la administración Santos aún le quedan 11 meses de gobierno, es poco probable que se adentre en estos terrenos a pocos meses de las elecciones legislativas y presidenciales de marzo y mayo, respectivamente, de 2014.

Menos probable parece teniendo en cuenta los eventuales acuerdos que se podría lograr en La Habana (Cuba) en las conversaciones de paz que adelanta el Gobierno con la guerrilla de las Farc, que entre los seis puntos de la agenda contempla derechos y garantías para la participación política, en particular, para los movimientos que surjan luego de la firma del acuerdo final.

El artículo 112 de la Carta política, modificado por el artículo 5º del Acto Legislativo 1 de 2003, señala que “los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que se declaren en oposición al Gobierno, podrán ejercer libremente la función crítica frente a este, y plantear y desarrollar alternativas políticas. Para estos efectos, se les garantizarán los siguientes derechos: el acceso a la información y a la documentación oficial, con las restricciones constitucionales y legales; el uso de los medios de comunicación social del Estado o en aquellos que hagan uso del espectro electromagnético de acuerdo con la representación obtenida en las elecciones para Congreso inmediatamente anteriores; la réplica en los mismos medios de comunicación.

Los partidos y movimientos minoritarios con personería jurídica tendrán derecho a participar en las mesas directivas de los cuerpos colegiados, según su representación en ellos. Una ley estatutaria reglamentará íntegramente la materia”.

En este sentido, una de las primeras acciones del gobierno Santos en agosto de 2010 fue poner nuevamente a sonar la necesidad para el país de tener un estatuto de la oposición. Incluso, dos días antes de que Juan Manuel Santos se posesionara en el cargo, el entonces ministro designado del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, dijo luego de un encuentro con las mesas directivas del Congreso, que incluiría la propuesta del estatuto de oposición en una nueva reforma política, a la vez que señaló que buscaría una reunión con el Polo para concertar este proyecto de ley.

Era un momento en que el entrante gobierno de Santos lograba garantizar de entrada la gobernabilidad al poner de su lado en la llamada Mesa de Unidad Nacional a las fuerzas políticas con mayor representación en el Legislativo, el Partido Social de Unidad Nacional (La U), el Partido Conservador, el Partido Liberal y Cambio Radical.

Solamente el Polo Democrático, que de entrada se declaró en oposición al gobierno de Santos por considerar que era el continuismo de Uribe, y el Partido Verde, que declaró oposición reflexiva, se quedaron por fuera de la coalición de gobierno.

Precisamente, la intención que manifestó Santos de mejorar las relaciones con la oposición fue una de las muestras de entrada de que quería marcar diferencias con su antecesor Uribe, pues éste en sus ocho años de gobierno vivió unas tormentosas relaciones con sus contradictores políticos, en ese entonces el Partido Liberal y el Polo Democrático, pues sobraron las descalificaciones de parte y parte, pero también desde la oficialidad se ejecutaron acciones fuera de la ley, como los seguimientos y las interceptaciones que adelantó el DAS contra la entonces senadora liberal Piedad Córdoba y varios parlamentarios del Polo.

 

Acercamientos fallidos

 

Desde el año 2010, el Ejecutivo viene hablando de la necesidad de un estatuto de la oposición que establezca las garantías necesarias para que los partidos que se declaran contrarios al Gobierno de turno desarrollen plenamente su accionar político en materia de participación, promoción y divulgación.

A mediados de noviembre de ese año, el entonces ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas, afirmó que el Estatuto de Oposición estaba  99 por ciento concertado tanto con el Partido Verde (entonces en oposición reflexiva) como con el Polo Democrático.

Según el jefe de la cartera política de ese entonces, habían avanzado en el derecho a réplica de los partidos de la oposición, además de la posibilidad de informar al país en cada oportunidad en que su buen nombre se viera afectado.

De igual manera, existía consenso en cuanto a la petición que hicieran los partidos declarados opositores del Gobierno, de tener asiento en la Comisión de Relaciones Exteriores, pero aún estaba por acordar la solicitud de tener presencia en el Consejo Nacional Electoral y de que la Contraloría y Procuraduría fueran lideradas por ellos.

Sin embargo, en febrero de 2011 el Polo Democrático se levantó de la mesa de discusión del estatuto de la oposición, inconforme porque un artículo del proyecto reglamentario de la Reforma Política de 2009 planteaba depurar el censo electoral de la época, en el sentido que del mismo hicieran parte solo los ciudadanos que votaron en las elecciones presidenciales de 2010 y las cédulas nuevas.

Esta iniciativa fue interpretada por el Polo como una forma de perjudicarlo con miras a los comicios regionales de 2011, pues buena parte de su militancia no participó en las presidenciales de 2010, atendiendo un llamado de esta colectividad a la abstención.

Luego en marzo de 2012, por iniciativa del Gobierno se reactivaron las conversaciones con el Polo para discutir un estatuto de oposición. En este punto dicha formación política, única colectividad con personería jurídica hacía oposición al gobierno del presidente Santos, pues para la época el Partido verde ya se había sumado a la Mesa de Unidad Nacional, se comprometió a renovar la propuesta para llevarla al Gobierno nacional.

Luego en octubre del mismo año, el propio presidente Santos junto con el ministro del Interior de la época, Fernando Carrillo, se reunieron nuevamente con la dirigencia del Polo y acordaron reanudar la discusión de este proyecto. La colectividad reiteró en ese entonces los puntos que aún hoy considera indispensable deben estar presentes en un proyecto de estatuto de la oposición: integración de los sectores de oposición a la organización electoral, empezando por el Consejo Nacional Electoral, acceso a los medios de comunicación y los jefes de la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo así sean de la oposición.

 

 

Sin voluntad política

 

La ausencia de un estatuto de la oposición en Colombia no ha sido por falta de esfuerzo sino de voluntad política, indicó la presidenta del Polo y candidata a la primera magistratura del Estado, Clara López.

Añadió la dirigente política que “precisamente he recibido el día de ayer (miércoles) una respuesta del Consejo Nacional Electoral, que me reafirma que aquí nada cambia. Hice una solicitud de una réplica a un programa de Señal Colombia con el señor Presidente de la República para controvertir las posiciones sobre los indicadores del DANE relativos a la pobreza, a la desigualdad y la manera como la está afrontando la política del Gobierno nacional. Y me han contestado que la oposición no tiene derecho a controvertir las posiciones del Gobierno nacional. El Consejo Nacional Electoral se puso de lado de la opinión del Gobierno para decir que a ellos les parecía que era correcta, entonces que nosotros qué era lo que íbamos a rectificar”.

López dijo que con este gobierno empezaron conversaciones sobre un estatuto de oposición con Germán Vargas Lleras. “Tuvimos reuniones durante un año largo, y cuando llegó el día de tomar las decisiones, el doctor Germán Vargas Lleras dijo que el Presidente no estaba de acuerdo con todo lo que habíamos negociado con las personas que él puso en la mesa de diálogo”.

Añadió que después el Polo intentó retomar el tema con el entonces ministro del Interior, Fernando Carrillo, “pero ya estaban en las mesas de diálogo de La Habana y el Gobierno tomó la determinación de no seguir discutiendo el estatuto de oposición”.

 

 

Es indispensable

 

Por su parte, Carlos Holmes Trujillo dijo que como miembro de la Asamblea Nacional Constituyente del año 91, “anhelo que se llegue a definir un estatuto de la oposición que le dé mucho vigor a la democracia colombiana. De manera que todos los esfuerzos que se hagan en esa dirección son bienvenidos”.

Holmes Trujillo, quien es uno de los cuatro precandidatos presidenciales del movimiento uribista Centro Democrático, que hace oposición al Gobierno, dijo que un estatuto de oposición es necesario en todas las democracias. “Es indispensable avanzar en la definición del estatuto de la oposición para efecto de que se rodee de las garantías debidas a todos los voceros de sectores democráticos que tengan una posición distinta al gobierno de turno y que deseen convertirse en alternativa apelando a la voluntad de los colombianos”.

 

 

Un tema político

 

Más allá de lo jurídico, el tema de la oposición es político. En el país hace falta construir una cultura de la oposición, tanto del lado del establecimiento que permita las diversas formas de protesta, “no solamente la apertura de nuevos partidos distintos a los tradicionales sino también la tolerancia a distintas formas de oposición o de protesta que vienen desde la sociedad civil”, dijo el politólogo Freddy Cante.

En tanto, añadió, a las personas que hacen oposición les hace falta tener mucha más “creatividad” en el tipo de acciones que proyectan  para conquistar más a la opinión pública.

Cante también hizo referencia a la capacidad del actual Gobierno de reducir la oposición a la mínima expresión al lograr nuclear a la mayoría de partidos en una coalición. “La Unidad Nacional es muy preocupante porque no solamente en los últimos tiempos de Santos sino desde el gobierno de Uribe los partidos políticos han perdido la personalidad, es más difícil que una persona abandone el apoyo a un equipo de fútbol que a un partido político, se cambia fácilmente de militancia política”.

Añadió que es asintomática la situación que se vive en este momento con una oposición al gobierno de Santos de orígenes tan diametralmente opuestos. “Una oposición uribista que es de extrema derecha, que es muy conservadurista, y por otro lado una oposición muy solitaria del Polo, que además está muy fragmentado. Hay que ver que algunos antiguos líderes del Polo han volado rápidamente hacia la Unidad Nacional como el caso de Garzón. Hago alusión al enfrentamiento reciente entre Luis Eduardo Garzón y el senador Robledo sobre el tema del paro campesino”.