Mi conclusión es que este Gobierno viola las normas, desconoce los fallos judiciales, se pasa por la faja las sentencias del Consejo de Estado”, expresó ayer el senador caucano José Darío Salazar, del Partido Conservador, durante un debate en plenaria de la cámara alta.

Como se recordará, en marzo el Consejo de Estado decidió congelar los abortos legales, mientras evalúa si la orden de que las clínicas interrumpan los embarazos debe darla el Congreso mediante una ley o el Gobierno, como lo hizo mediante el decreto.

En consecuencia, para Salazar cualquier aborto que se practique en Colombia con dineros y recursos públicos es ilegal: “El aborto en Colombia no es un derecho fundamental pues la Corte Constitucional no se pronunció en ese sentido. Además, el aborto tampoco es un estado de necesidad de salud pública. Por lo tanto, el Estado no puede financiar unos casos absolutamente particulares”.

“La Corte lo único que dijo es que en tres casos el aborto no está penalizado pero nunca ordenó que fuera financiado por el sistema de seguridad pública”, precisó.

Al debate, citado por el senador Salazar asistieron el ministro de Salud (Alejandro Gaviria), el superintendente de Salud (Gustavo Morales) y el procurador delegado para la conciliación administrativa (Roberto Augusto Serrato).

Morales explicó que la Corte ordenó tomar medidas para aquellas EPS que reciban solicitudes de aborto en cualquiera de los tres casos.

“No estamos reproduciendo una norma declarada nula por el Consejo de Estado. Estamos dándoles a nuestros vigilados de la Superintendencia unas instrucciones en cumplimiento de las ordenes de la Corte Constitucional para que satisfagan o garanticen este derecho fundamental”, dijo.

El funcionario gubernamental precisó que es claro que no existe en Colombia un derecho fundamental al aborto, “pero la Corte en reiteradas sentencias ha dicho que existe un derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo en los tres casos especiales”.

Por su lado el ministro Gaviria señaló que lo que ha hecho la Superintendencia es simplemente cumplir lo que ha ordenado la Corte: “Lo hemos cumplido, lo estamos cumpliendo y lo vamos a cumplir de manera estricta como tiene que ser”.

Gaviria expresó que muchas de las sentencias de tutelas tienen mandatos generales para el sector de la salud y recordó que en efecto sí se habla de un derecho fundamental y por eso se le ha dado un cumplimiento estricto a las órdenes de la Corte.

El procurador Serrato dijo que lo que señala el Ministerio Público es que los actos administrativos no pueden entrar a reglamentar una sentencia de carácter judicial.

Según explicó Serrato, el Consejo de Estado acogió un concepto de la Procuraduría respecto del decreto que reglamentaba el servicio de interrupción voluntaria del embarazo.

El presidente del Senado, Roy Barreras, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), recordó que el Congreso se ha opuesto a la repenalización del aborto en los tres casos especiales.

“El aborto es una tragedia. Es una desgracia. Hay que evitarlo. Ninguna mujer quisiera pasar por esa experiencia. A esa desgracia no le podemos sumar otra desgracia que es, cuando se dan los tres casos, la penalización”, dijo Barreras.