En los próximos dos años el Estado contratará 40 billones de pesos en obras en vías y puertos de cara a la modernización de la infraestructura y los TLC que se han firmado, ¿será suficiente con la normatividad sobre contratación pública que existe o hay que endurecerla para que no se repitan casos como el de los Nule?

La ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, dijo frente a la contratación que se viene, que “tenemos unas reglas claras y precisas, no más pagos sin obras, no más adiciones sin responsabilidad, no más anticipos para mostrar ejecución y no más ganarse una concesión con un trazado a bajo costo para que a los pocos meses nos salgan con otro trazado a un costo alto”.

Por lo general, la contratación pública ha sido presa de la corrupción en los diferentes niveles de gobierno a pesar de la regulación que estableció la Ley 80 de 1993 y otras normas subsiguientes.

Son múltiples las investigaciones que adelantan en este momento la Procuraduría General, la Fiscalía y la Contraloría General contra funcionarios por presuntas irregularidades en la contratación pagada con dineros del Estado.

A pesar de que a lo largo de los años se han hecho varios ajustes en la normatividad sobre la contratación pública, en un reciente informe la Auditoría General de la República señala que “en esencia, la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007 continúan vigentes, es decir los principios, fines, sujetos y parte general continúan rigiendo la contratación en Colombia”.

Frente al tema se pronunció el representante Diego AlbertoNaranjo (Partido Conservador), quien puso de relieve que se debe controlar la contratación, pero sin frenar la ejecución de las obras. “A mí me parece que el Gobierno nacional tiene hoy un retraso del 60% en la ejecución del presupuesto, y eso está llevando al traste con la inversión social”. Añadió que las irregularidades que se han presentado con contrataciones anteriores, “no puede ser una talanquera para que ahora nadie se atreva a ejecutar. Lo que hay que hacer es convocar a los entes de control, exigir la liquidez y el soporte financiero de las entidades que vayan a contratar”.

Mientras que el senador Jhon Sudarsky (Partido Verde) dijo que la actual administración “heredó” un problema pues “durante el gobierno Uribe se aplicó una negligencia benigna a todo el tema regulatorio”. El Parlamentario dijo que eso se ve sobre todo en el sector de transporte y de vías, “donde realmente el tema fue dramático”. Añadió que “uno se pregunta si en el gobierno Santos se han resuelto todos los problemas, yo diría que no realmente porque la velocidad con que se han hecho cambios y reformas institucionales sobre este tema están todavía en proyectos”.

Por su parte, el exconsejero de Estado, Ramiro Saavedra, dijo que en el país hay la tendencia de convertir todos los estatutos de contratación en reglas anticorrupción, “y en el afán de combatir la corrupción, lo que terminamos haciendo es creando una maraña, que precisamente tiene el efecto contrario”.

Finalmente el senador Jorge Pedraza (Partido Conservador) dijo que hecha la ley, hecha la trampa. Además alertó que “lo que está ocurriendo es que el Estado colombiano no va a ejecutar, al menos el 45% del presupuesto, quiere decir que todos esos billones de pesos se van a quedar en las arcas de los bancos favoreciendo las finanzas de los más ricos de este país”.

Decreto 734

A partir del 13 de abril el Decreto 734 hace algunos ajustes en la contratación pública, como reacción principalmente al escándalo por las obras públicas en Bogotá con los Nule, durante el gobierno de Samuel Moreno. Esta norma integra todos los decretos reglamentarios de la contratación pública; por lo tanto, se ocupa de todos los procesos y procedimientos contractuales, las modalidades de selección,

desde la licitación, la selección abreviada y la mínima cuantía, concurso de méritos, contratación directa de los contratos, entre otros.

El Decreto 734 introduce varios cambios como la verificación de la experiencia del constructor o el proveedor, por lo menos tres años, que aspira a participar en una licitación de obra pública: en tanto que en materia de anticipos, señala que no operarán para todo tipo de contrato sino será restringido para contratos de obra,

concesión, salud.