Según la percepción de sus ciudadanos, España es una de las naciones europeas más aquejadas por la corrupción, afirma un informe de Transparencia Internacional publicado hoy  sobre la situación en 42 países de Europa y Asia Central.

Con un 66% de los encuestados, España es el segundo país del continente en el que más gente cree que la corrupción es uno de los problemas más graves. La media en los países sondeados es de un tercio, y el líder es Moldavia, con un 67%. Alemania está en la cola con un 2%.

"España es el país en el que más se ha incrementado la percepción de corrupción en los cinco últimos años", comenta a la AFP Manuel Villoria, miembro del comité directivo de Transparencia Internacional-España.

Según él, esto se explica en primer lugar por "los numerosos escándalos de corrupción política" que han dominado la actualidad de los últimos años y han salpicado entre otros al gobernante Partido Popular (PP, conservador).

Pero también por el hecho de que "la ciudadanía considera que la corrupción no son solo estos escándalos, sino también un mundo de relaciones y conexiones familiares, de amistad, etcétera, que funciona en beneficio de unos pocos". Por todo ello, "la gente aquí está más enfadada", apostilla.

En España, un 80% de las 1.000 personas encuestadas entre el 15 y el 22 de diciembre de 2015 cree que el gobierno lo está haciendo "mal" a la hora de combatir la corrupción.

Este porcentaje es el más alto entre los 20 Estados sondeados de la Unión Europea (de un total de 28), muy por delante de Italia (70%), Francia (64%) y Grecia (59%). El porcentaje más bajo lo ostenta Suecia, con un 28%.

Asimismo, el informe añade que el 88% de los entrevistados "dijeron que las personas de los sectores más ricos influían indebidamente en las decisiones gubernamentales".

En esta línea, Jesús Sánchez Lambás, otro directivo de Transparencia Internacional-España, cree que faltan "mecanismos de transparencia entre los poderes económicos y fácticos y los aparatos de Estado".

Por esa razón, existe entre la gente la continua sospecha de que los empresarios puedan por ejemplo manipular a su favor a las autoridades reguladoras, o a la administración fiscal para que les dé un trato de favor en caso de problemas.

Al mismo tiempo, España es uno de los países donde menos sobornos se pagan a los funcionarios (sólo un 3% de los hogares dijo haberlo hecho para acceder a servicios básicos, frente a un 29% en Rumanía, un 34% en Rusia y un 18% en Turquía).

- Un trasfondo muy político -

La encuesta española coincidió con los últimos días de la campaña electoral previa a las legislativas del 20 de diciembre de 2015.

Uno de los temas estrella de campaña fue precisamente la corrupción, una acusación que le costó la mayoría absoluta al PP de Mariano Rajoy, presidente del gobierno desde fines de 2011.

La formación conservadora está procesada como persona jurídica por el borrado de los discos duros de su ex tesorero Luis Bárcenas, quien habría orquestado un vasto montaje de financiación ilegal.

Igualmente están en curso dos macroprocesos que implican a numerosas figuras del partido, el de la llamada "trama Gürtel" y el de "las tarjetas black".

El primero concierne un esquema de apropiación ilícita de decenas de millones de euros de fondos públicos entre 1999 y 2005.

En el segundo, el ex ministro de Economía del PP (1996-2004) y ex director gerente del FMI Rodrigo Rato está acusado de dirigir un sistema de desvío de fondos, cuando presidió las entidades bancarias Caja Madrid y Bankia, de 2010 a 2012.

Los 12 millones de euros presuntamente desviados por los 65 imputados (entre ellos varios empresarios, sindicalistas y un ex jefe de la Casa Real) fueron a fiestas y artículos de lujo, algo sonrojante en una España sometida a una estricta política de rigor en plena crisis económica.

Igualmente, del lado socialista están imputados entre otros los ex presidentes regionales de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por irregularidades en la concesión de multimillonarias ayudas públicas.

La fiscalía anticorrupción pide seis años de cárcel y 30 de inhabilitación contra Griñán, predecesor en el cargo de Susana Díaz, una de las figuras clave del PSOE en la actualidad.