En España, el coordinador federal del partido Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, anunció que la coalición que lidera se suma a las movilizaciones convocadas por el Sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) y la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), junto con varias organizaciones sociales de ámbito estatal, para mostrar su rechazo a la reforma constitucional sin referendo para limitar el déficit estructural y el endeudamiento del Estado.

Para Lara es llamativo que los mismos que durante años han defendido que la Constitución es “muy difícil de modificar” se ponen de acuerdo para hacer una “reforma exprés” para introducir un cambio que afectará a algo “tan gordo” como el estado del bienestar.

Lara criticó que los parlamentarios de los partidos Socialista Obrero Español (PSOE) y Popular (PP) traten de sacar adelante esta reforma “por la puerta de atrás” sin someterla a referendo, “cuando en las plazas de los pueblos se está pidiendo más democracia”.

La propuesta de reforma constitucional respaldada por el PSOE y el PP busca garantizar la estabilidad presupuestaria a mediano y largo plazo en el déficit estructural y en la deuda, a partir de una estrategia que involucra a todas las administraciones públicas del país para limitar el gasto público; las colectividades convinieron en establecer un techo al déficit público de 0,4 por ciento del PIB a partir de 2020.

El presidente del PP, Mariano Rajoy, defendió la importancia de acometer la reforma para fijar un límite de déficit porque “si queremos crear empleo, lo primero que tenemos que hacer es gobernar en serio y bien”.
“Hay que ser austeros y no se puede gastar lo que no se tiene”, advirtió.

Para Rajoy, la Constitución “establece con meridiana claridad” qué reforma “exige un referéndum y cuál no”, y añadió que la reforma planteada ahora, “según la Constitución, no exige referéndum”.