El Consejo de Estado de Colombia, máximo tribunal administrativo del país, dejó en firme la habilitación para ejercer cargos públicos del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, al resolver una demanda en este sentido, informó este martes el organismo.

El recurso en contra de Petro, que había sido presentado por el concejal opositor Orlando Parada, buscaba su inhabilitación para ejercer cargos públicos por una antigua condena en su contra por porte ilegal de armas en 1985.

Petro fue condenado a 18 meses de cárcel por porte ilegal de armas en 1985, como parte de su militancia en la guerrilla nacionalista M-19, que se desmovilizó en 1990.

"Por no encontrar pruebas suficientes en la investigación que adelantaba, el Consejo de Estado dejó en firme la investidura", dijo la alcaldía en un comunicado.

La Alcaldía señaló además que la norma que impediría el ejercicio de Petro fue aprobada por el Congreso muchos años después del proceso de paz con el M-19.

"Decisión del Consejo de Estado sobre mi investidura cómo Senador reafirma el acuerdo de paz firmado hace 24 años entre el M19 y el Estado", dijo Petro en su cuenta de Twitter.

Sobre la continuidad de Petro en la alcaldía pesa un proceso legal para revocar su mandato a través de un referendum, iniciado este año el parlamentario Miguel Gómez, del Partido de la U, pero cuya fecha no ha sido definida por las autoridades electorales.

Además el alcalde, que ejerció antes como parlamentario, está actualmente siendo investigado por el ministerio público (Procuraduría) y por la Fiscalía por una reforma al sistema de recogida de basura en la capital colombiana.

Petro decidió traspasar el sistema de recogida, que se encontraba en manos de operadores privados, a la pública Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, una decisión severamente criticada por la oposición y medios de comunicación ante la acumulación de basuras que se dio en calles de Bogotá durante varios días a finales de 2012.