Tras el dato de esta semana sobre el crecimiento de la inflación, a junio, en Colombia quedó en evidencia que las distintas estrategias para controlar el costo de vida siguen teniendo resultados insuficientes. El hecho de que en los últimos doces meses este indicador se ubique en 8,6 por ciento, el porcentaje más alto desde el año 2000, constituye un nuevo campanazo de alerta tanto para el Gobierno como el Banco de la República, los encargados de instrumentar las políticas para que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se mantenga en cintura.
Es claro que situaciones sobrevinientes como el paro camionero o la protesta agraria en el último trimestre impactaron los precios de alimentos y otros productos básicos de la canasta familiar, al tiempo que los altibajos en la cotización del dólar también siguieron afectando el valor de las importaciones, sobre todo en un país que anualmente está comprando en el extranjero más de 11 millones de toneladas de alimentos. A ello se suman que todavía se sienten algunos de los efectos del fenómeno climático del Niño que se presentó en el primer semestre, por lo que los precios de los alimentos no han bajado en la proporción que se esperaba. Incluso se afirma que, como se dice popularmente, muchos campesinos, agroindustriales e intermediarios han aprovechado la disminución de la sequía y un repunte en las cosechas para ‘cuadrar caja’ y amortiguar así las pérdidas de comienzo de año.
Ya desde antes de este último informe del Dane se sabía que la posibilidad de cumplir la meta del crecimiento de la inflación a diciembre próximo, fijada en 4 por ciento como tope máximo, era muy difícil e incluso los cálculos más optimistas apuestan a que el IPC se ubicará entre 5,5 por ciento y 6 por ciento. Pero otros pronósticos son más pesimistas y advierten que si la inflación entre enero y junio fue de 5,1 por ciento, es utópico pensar que entre julio y diciembre el costo de vida apenas suba un punto porcentual. De allí que sus cálculos apuesten a que el cierre de 2016 vendrá con un incremento del costo de vida superior al 7 por ciento. Esto porque no hay que olvidar que para lo que resta de este año está advertido que se presentará el fenómeno climático de la Niña y desde ya se sabe que el exceso de lluvias y humedad impactará el ciclo de cosechas de cultivos de pan coger, lo que seguramente traerá como consecuencia un eje de presión mayor sobre el precio de los alimentos.
Es en medio de toda esta coyuntura que se desarrolla el debate en torno a si la estrategia del Banco en el sentido de seguir aumentando el costo del dinero con el fin de disminuir el circulante y el consumo de los hogares -una política muy criticada por los gremios de la producción que consideran que ahoga la economía- debe profundizarse o lo mejor sería estudiar otras alternativas para frenar el costo de vida.
A ello se suma que ya el sector privado ha advertido que si no se frena la escalada inflacionaria se podría presentar al cierre de 2016 un pulso salarial más complicado que el de los últimos años, pues los sindicatos bien podrían estar exigiendo reajustes a los sueldos por encima del 8 o 9 por ciento, lo que impactaría el costo de las nóminas en forma sustancial, afectando gravemente los márgenes de rentabilidad de las empresas y, por ende, forzando a despedir personal o incluso cerrar actividades, sobre todo si se tiene en cuenta que este año la economía continúa desacelerando y la meta de crecimiento del PIB apenas si se acerca al 3 por ciento.
Por igual, el impacto para los hogares sería aún mayor, pues no solo tienen que soportar el mayor precio de la canasta familiar debido al aumento de la inflación en los meses recientes, sino que los valores de las matrículas, servicios públicos y otros rubros de primera necesidad se reajustarán en enero venidero con base en el porcentaje de crecimiento del IPC a diciembre.
Más allá de los mensajes del Gobierno y el Emisor llamando a la calma, lo cierto es que la inflación sigue desenfrenada y el margen de acción para contenerla es cada día más estrecho. Aunque hablar de planes de choque resulta arriesgado y podría ser, en el mediano plazo, un remedio peor que la enfermedad, es urgente tomar medidas de mayor efectividad, so pena de que el flanco económico y fiscal, ya de por sí afectado por la crisis de los precios petroleros, empiece a mostrar números en rojo.