EL NUEVO SIGLO: ¿Qué pasó con el proyecto de ley de servicios públicos que no fue presentado en el Congreso en esta segunda legislatura?

CAMILO SÁNCHEZ ORTEGA: Primero, era un proyecto que todavía le faltaba mucho para poder ser tramitado en el Congreso. De lo contrario, se hubiera hundido como varios de los que presentaron sin consenso.

Hemos logrado cambios importantes como entender que esto no es solamente empresas públicas, sino que también es la competencia entre lo público, lo privado y lo mixto para tener el mejor beneficio para los usuarios y el sector.

Hemos hablado también de mínimos vitales, que ya son financiados por el Estado y por las regiones, sin poner en riesgo la suficiencia financiera de las empresas.

También hemos visto que la Superintendencia de Servicios Públicos no puede volverse una superintendencia que cogobierne las empresas y, por consiguiente, hay muchos cambios en ese proceso.

Estamos hablando de cómo tenemos que modificar lo que tiene que ver con las comunidades energéticas y cómo tienen que tener estas comunidades la verificación y el seguimiento por parte de órganos de control, porque si no se pondría muchos recursos en riesgo. Por consiguiente, lo que se ve es que estamos haciendo avances importantes para evitar cometer errores en una ley que ha funcionado por 30 años y que esperamos que la próxima sea de la misma categoría.

ENS: ¿Qué ajustes deben hacerle hoy a la ley de servicios públicos?

CSO: Tenemos que actualizar todo lo que tiene que ver con la parte tecnológica, incorporar entes que no estaban incorporados, clarificar temas como el de las comunidades energéticas, donde todos queremos que haya, pero hoy no está preparada la gran mayoría de las comunidades ni económica ni tecnológicamente.

Por consiguiente, hay que tener mucho cuidado en eso y no equivocarse como lo quería hacer el Gobierno de meter artículos para bajar las tarifas. La ley no está para eso, para eso tenemos la CREG, que es la entidad más importante y a la que el Gobierno no ha nombrado en propiedad y que, hoy por hoy, tristemente está sin quórum.

Lo más preocupante es que estamos ad portas de tener problemas en el tema, no solamente de energía eólica y solar, sino lo que tiene que ver también con el gas, que va a tener repercusiones muy grandes en las capitales de Colombia como Medellín, Cali, Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga.

ENS: En las otras reformas que ha presentado el Gobierno sobre distintos campos, hay una clara intención de anular la participación del sector privado en la prestación de todo tipo de servicios, ¿cree que en el tema de la ley 142 va a pasar igual?

CSO: No. Creo que ya lo hemos mostrado con contundencia. Las cifras no mienten, son claras. El ministro de Hacienda también lo dijo públicamente: “no hay plata para volverlo todo público” y hay que recordarle al país que más del 50% de las empresas son públicas actualmente.

Son discursos mentirosos que realmente no benefician a los usuarios. La competencia es lo que ha mejorado esto y lo que hay que tener en cuenta es que la coyuntura de los servicios caros, en el caso de energía y gas en los últimos meses, fue por una coyuntura y que esto va a volver a estar bien después de que tengamos a la CREG trabajando con disposición absoluta en el tema.

Hoy lo dicho es que no hay ni siquiera quórum y hay mucho rezagado. Hoy lo que le decimos al Gobierno es que nos dediquemos a hacer los procesos que se requieren. Estamos hablando mucho de energía eólica y solar, y no ha entrado ni el 0,3% de la energía eólica y solar que se tenía que entrar.

Todavía tenemos consultas previas en trámite de moradas, todavía no tenemos licencias ambientales, se especula mucho sobre lo de la colectora y ésta todavía no ha entrado en firme. Hasta que no entre en firme la colectora, se demorará más de 100 semanas, o sea, más de dos años tendremos para que entre realmente el servicio de energía eólica y solar.

Riesgos

ENS: Muchos expertos y empresas temen que a través de esta proyectada reforma se abra paso al riesgo de propuestas populistas con las tarifas de los servicios públicos, ¿cómo evitar este riesgo?

CSO: Con claridad absoluta. Las leyes no están para ponerle artículos en ese tema. Si nos fijamos, la ley 142 y 143 funcionaban porque no se tocó de esta forma ninguna contingencia. Se hizo de manera general y para eso, repito, está la CREG. Lo que pasa es que el Gobierno no ha nombrado a los seis funcionarios. Dos años después todavía tenemos una CREG interina que no tiene ni siquiera quórum.

Hay que aplaudir que el Gobierno tomó la decisión de pagar la opción tarifaria: 5 billones de pesos. Pero hoy no la hemos podido reglamentar y no la hemos podido ejecutar porque no tenemos el mecanismo técnico para hacerlo, a través de la CREG.

Así que, por eso, hagamos la CREG y no metamos artículos en el proyecto que puedan perjudicar a los usuarios.

ENS: El Gobierno también indicó que el 20 de julio va a presentar un proyecto sobre la regulación de tarifas de energía eléctrica, ¿no se atraviesa este tema con la reforma a la ley general 142?

CSO: Si la presentan el 20 de julio, se va a demorar mucho más de 6 a 8 meses, posiblemente porque tiene que discutirse muchos temas regionales. Espero que el 20 de julio tenga ya quórum la CREG.

Lo que presenten es papel porque no va a poder implementarse en la realidad. La realidad es una sola: la coyuntura que teníamos de una guerra entre Rusia y Ucrania y el fenómeno de El Niño. Todas estas coyunturas hicieron que tuviéramos procesos donde estuvieran incrementándose las tarifas.

Estamos viendo que vamos a tener mejores condiciones, pero lo que sí está claro es que, si no aumenta la oferta de energía eólica y solar, que es lo que está más rápido para que entre, muy seguramente eso va a tener incrementos de precios, porque cuando la oferta es inferior a la demanda los precios suben y eso es lo que está sucediendo en el país.

Por eso también le repetimos al Gobierno: Aquí hay que ponernos todos a trabajar de la mano. Tenemos mensajes claros que no pongan en riesgo la inversión.