Con ponencia positiva y buen ambiente frente a esta iniciativa de ley, mañana la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes tiene previsto votar en primer debate el proyecto por el cual se dispone predios rurales de propiedad de la Nación y terrenos baldíos a trabajadores y pobladores rurales de escasos recursos con fines sociales y productivos.

La iniciativa fue radicada por varios integrantes del Partido Conservador en la Cámara de Representantes, como Miguel Ángel Barreto Castillo, Orlando Alfonso Clavijo, Alfredo Ape Cuello Baute, Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán, Juan Carlos García Gómez, Orlando Aníbal Guerra y Pedrito Tomás Pereira, entre otros.

La iniciativa de ley conservadora indica que el problema y el debate acerca de la distribución y la tenencia de la propiedad rural en Colombia han estado presentes durante todo el tiempo en el país. “La importancia radica en que las políticas de tierras que aseguran los derechos de propiedad deben promover el uso eficiente y la sostenibilidad económica, ecológica y social de las tierras y los territorios, al igual que fomenten su distribución equitativa, que están relacionadas con el crecimiento sostenido, la buena gobernabilidad y las oportunidades de los habitantes del territorio”, explica.

Según el Tercer Censo Nacional Agropecuario, de 110,4 millones de hectáreas, el 59.9%, equivalente a 62.8 millones de hectáreas, son para bosques naturales y el 38.3%, equivalente a 42.3 millones de hectáreas, son para el sector agropecuario, de las cuales para pastos corresponden 33.8 millones de hectáreas, infraestructura 0.1 millones de hectáreas y para el sector agrícola 8.4 millones de hectáreas. De las áreas para el sector agrícola, 7.1 millones de hectáreas son para cultivos.

No obstante, los parlamentarios conservadores que promueven el proyecto indican que existe un problema aún mayor y es la asignación de tierras. La legislación sobre la tenencia de tierras en Colombia es restrictiva y limitante, lo que impide que centenares de campesinos y colonos puedan cumplir el sueño de ser los dueños de las tierras”, indican.

A pesar de ello, la agricultura es el mayor contribuyente al PTB (Producto Territorial Bruto), con un 27 por ciento, y le siguen en importancia el comercio y la industria manufacturera, con el 22 y el 19 por ciento respectivamente. Esta proporción, que entre los tres sectores mencionados alcanza casi a un 70 por ciento, no ha variado mayormente en los últimos 10 años.

El objetivo del proyecto de ley es estimular el desarrollo rural y mejorar la calidad de vida de los campesinos, convirtiendo en patrimonio la tierra que ocupan y trabajan, desarrollando un mercado de tierras rurales con seguridad jurídica, que funcione en forma abierta, ágil y transparente.

La población objetivo según la iniciativa son las personas naturales del sector rural, empresas comunitarias, cooperativas campesinas, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, entidades de derecho público y las empresas especializadas del sector agropecuario.

En este sentido indica que en el departamento del Casanare de acuerdo a datos suministrados por el Incoder, cuatro mil quinientas familias integradas por cinco miembros cada una de ellas se encuentran en las zonas limitadas para titulación que suman 900.000 hectáreas de un total de 120 pozos en explotación. Las personas involucradas en este conflicto no tienen acceso a crédito ni subsidios de ninguna forma por parte del Estado, asegura el proyecto de ley.

Disposiciones

El proyecto establece que la Agencia Nacional de Tierras (ANT), como máxima autoridad de las tierras de la Nación, tendrá por objeto ejecutar la política de ordenamiento social de la propiedad rural formulada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para lo cual deberá gestionar el acceso a la tierra como factor productivo, lograr la seguridad jurídica sobre esta, promover su uso en cumplimiento de la función social de la propiedad y administrar y disponer de los predios rurales de propiedad de la Nación.

Añade que la ANT adelantará los procesos de adquisición y expropiación de predios bajo los lineamientos del Director de la Agencia.

La ANT determinará los criterios metodológicos para el cálculo de las extensiones constitutivas de Unidades Agrícolas Familiares (UAF) y para que fije las extensiones máximas y mínimas por Zonas Relativamente Homogéneas.

Indica también que la ANT declarará, en caso de exceso del área permitida, que hay indebida ocupación o apropiación de las tierras de la Nación. En caso de existir áreas que excedan el tamaño de la Unidad Agrícola Familiar establecidas para las tierras en el municipio o zona a estas áreas se les darán el carácter de predios rurales de propiedad de la Nación o terrenos baldíos reservados, susceptible de ser adjudicados a otros campesinos.