El Director de la Misión Rural, José Antonio Ocampo, le entregó este martes al Presidente Juan Manuel Santos el primer informe que contiene una de las cinco estrategias básicas desarrolladas por la Misión sobre la situación del campo colombiano.

“La Misión Rural ha venido avanzando en estas cinco estrategias. Hoy tengo el honor de entregarle la primera: es una estrategia de derechos sociales para los habitantes del campo colombiano”, dijo Ocampo al Presidente de la República, durante su visita al Centro de Investigación Obonuco, en Pasto.

Ocampo explicó que se ha trabajado, también, en los aspectos de inclusión productiva, de competitividad en el sector agropecuario, de desarrollo territorial participativo y de reforma institucional.

Dijo que lo primero es una estrategia transversal y explicó que “nosotros proponemos que haya unificación de toda la estrategia de focalización de programas sociales”.

Así, la Misión plantea la unificación, en algunas funciones, de la Dirección Nacional de Planeación (DNP) y el Departamento de Prosperidad Social (DPS).

Sobre ese aspecto el informe señala que: “Teniendo en cuanta el rol del DNP como entidad técnica en el diseño y su organización multisectorial, y el rol y la experiencia del DPS como entidad encargada del diseño y la ejecución de la política dirigida a la población pobre y vulnerable, su capacidad institucional y su presencia en territorio, se recomienda que el DNP y el DPS estén a cargo del sistema de información y focalización, cada uno como líder en una etapa del proceso”.

Y agrega que de esta forma se ayudaría a organizar una multiplicidad de criterios en la asignación de los programas sociales.

Adicionalmente, con el fin de avanzar en la lucha contra la pobreza extrema, el informe de la Misión Rural recomienda expandir el programa Unidos hacia los territorios más rurales y donde más se concentra la pobreza.

Se recomienda en el citado documento la creación de un Sistema Nacional de Transferencias Monetarias a partir de un sistema diferenciado de protección social -quizás transitorio- necesario para fortalecer el componente de transferencias para la población más pobre, incluyendo grupos hasta ahora excluidos y que no participan en el mercado laboral (mujeres y adulos mayores).