La ofensiva judicial del gobierno venezolano contra dos alcaldes y una diputada opositora pese a los llamados al diálogo del presidente Nicolás Maduro reactivó las protestas este jueves en Caracas, luego de tres días sin manifestaciones.

Las detenciones la noche del miércoles de Daniel Ceballos, alcalde de San Cristóbal (Táchira, oeste), y Enzo Scarano, alcalde de San Diego (Carabobo, norte), se debieron a la falta de acciones de los funcionarios para prevenir desórdenes públicos durante las protestas, dijo el ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres.

Ambos fueron trasladados a la prisión militar de Ramo Verde, a las afueras de Caracas, y Scarano ya fue condenado a 10 meses de cárcel y destituido de su cargo de alcalde, para el que había sido reelecto el 8 de diciembre, agregó el ministro.

Este jueves, el presidente Maduro, en un acto en Caracas retransmitido por el canal estatal VTV, lanzó una nueva amenaza, esta vez contra Ramón Muchacho, alcalde del acomodado municipio de Chacao, epicentro de las protestas en Caracas por más de un mes que han dejado ya 31 muertos, según la Fiscalía.

"No nos va a temblar el pulso si (el Tribunal Supremo) nos da la orden de detenerlo", advirtió Maduro, al tiempo que recordó que de haber calles bloqueadas o cauchos quemados en el distrito del este de Caracas se abrirá "este expediente por desacato".

Además de Ceballos y Scarano, en Ramo Verde se encuentra recluido desde hace un mes el dirigente opositor Leopoldo López, acusado de incitar a la violencia en las protestas, tras impulsar la estrategia "la salida" para forzar la renuncia del presidente Maduro con protestas callejeras.

Tras conocerse las detenciones, estudiantes llamaron a una manifestación para este jueves en Caracas, a la que asistieron unas 3.000 personas, en su mayoría jóvenes, y que derivó en enfrentamientos entre fuerzas del orden y radicales, constató un equipo de la AFP.

El Consejo Nacional Electoral informó de su lado que se realizarán "nuevos comicios en el municipio de San Diego ante la detención y destitución del alcalde".

La ofensiva judicial contra opositores radicales, que contrasta con el llamado al diálogo nacional de Maduro, también tiene en la mira a la diputada María Corina Machado, otra promotora de "la salida". El martes fue acusada por la mayoría chavista del Legislativo de "instigación a delinquir, traición a la patria, terrorismo y homicidio" en las protestas.

"Obviamente, según lo que han dicho en Caracas, lo que me espera es la cárcel (...). Es lo que me han amenazado, pero tengo muy claros cuáles son mis derechos y mis deberes", dijo este jueves la parlamentaria durante una charla en Washington, donde tiene previsto hablar el viernes ante el Consejo Permanente de la OEA.

"Debemos mantener firme y claro nuestro derecho a protestar, a ejercer el derecho a la disidencia", agregó.

- Uso de la justicia -

La oposición y varias ONG acusaron al gobierno de utilizar al poder judicial con fines políticos. "Lo ocurrido ayer con Enzo Scarano en la Sala Constitucional del TSJ (Tribunal Supremo de Justicia, ndlr) es una aberración jurídica. Usurpación de funciones, condena sin juicio", escribió en Twitter Gonzalo Himiob, director de la ONG Foro Penal.

Maduro denuncia que sus opositores promueven "un golpe de Estado", a raíz de las protestas de estudiantes y partidos políticos por la inseguridad, la escasez y la inflación.

Este jueves, el mandatario invitó a un nuevo diálogo a la oposición, que condicionó su asistencia a que el gobierno cumpla demandas como la liberación de las más de 100 personas que permanecen detenidas. "Tengo 5 semanas llamando a la oposición a sentarnos cara a cara (...) Obliguemos a la oposición más temprano que tarde a dialogar. Los vamos a tener que obligar en el mejor sentido de la palabra", dijo.

"Las contradicciones (de lanzar a la vez un ofensiva judicial y una oferta de diálogo) son propias de un régimen como éste, que encuentra en la represión su fuerza. La oferta de diálogo es sólo para satisfacer a su audiencia, a su gente y una cortina de humo estratégica desde lo político", explicó a la AFP Mercedes Pulido de Briceño, analista política.

A la mesa de diálogo, que consiste en reuniones periódicas con sectores sociales y económicos en varios puntos del país, han asistido un puñado de diputados y alcaldes opositores, así como el sector empresarial.

La detención de opositores "ayuda poco a los intentos de diálogo que se vienen haciendo en Venezuela", declaró en una radio local uno de sus asistentes, Hiram Gaviria, diputado opositor.

- Nuevos enfrentamientos -

Unos 3.000 manifestantes, en su mayoría estudiantes universitarios, se congregaron este jueves en el municipio caraqueño de Baruta (este de la capital). La marcha terminó en choques con las fuerzas del orden.

"Nos hablan de paz y siguen lanzando señales contrarias. Ayer detuvieron a dos alcaldes, claro que es una provocación", dijo a la AFP Alejandro Solís, estudiante de ingeniería civil.

Los enfrentamientos se desataron cuando un grupo de manifestantes intentó bloquear una transitada autopista del municipio opositor de Baruta, lo que generó la intervención de grupos antimotines.

En San Diego, cientos de simpatizantes de Scarano permanecieron hasta la madrugada reunidos en plazas públicas, y este jueves se registraron algunos destrozos y bloqueos callejeros.

Estas nuevas protestas podrían aumentar la tensión en Venezuela -con las mayores reservas petroleras del mundo-, que en los últimos días había bajado de intensidad con manifestaciones más pacíficas, tras varias semanas de disturbios en varios puntos del país.

Según el ministro, las protestas contra el gobierno han amainado, transformándose en "dos o tres focos duros" de violencia en San Cristóbal y "solamente" uno en San Diego.