La decisión del Gobierno de designar a Violeta Arango, alias ‘Violeta’, como gestora en los diálogos que acaba de comenzar en Caracas con el Eln, ha sido mal recibida por algunos sectores políticos y ciudadanos, pues esta mujer hace pocos meses fue capturada tras cinco años de búsqueda de las autoridades en un campamento de esa guerrilla, señalada de ser uno de los cerebros del atentado con explosivos en un baño del Centro Andino en Bogotá en 2017, en el que perdieron la vida tres mujeres y nueve más resultaron heridas.

Alias ‘Violeta’ es acusada por la Fiscalía por los delitos de terrorismo, homicidio y rebelión. Este organismo la señala de hacer parte del Eln y del Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), una facción urbana de esta guerrilla que ha reivindicado al menos una decena de actos terroristas en Bogotá. 

Frente a las críticas, el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, señaló que el proceso penal contra Arango continúa sin obstáculo alguno, y que no lo afecta el hecho de que fuera designada para participar en las conversaciones de paz con el Eln. 

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“En el caso de Violeta se le ha concedido su gestoría de paz. Hay que señalar que ella sigue siendo investigada por la justicia colombiana y será la justicia colombiana quien defina, o no, su responsabilidad en unos hechos dolorosos ocurridos en la ciudad de Bogotá. La gestoría de paz no significa impunidad y la gestoría de paz, además de significar un gesto de confianza en esto que se está construyendo con el Eln, en un conjunto de responsabilidades que están siendo monitoreadas por las autoridades colombianas y por la Oficina del Alto Comisionado de Paz”, destacó el comisionado Rueda. 

Por su parte, el representante a la Cámara por Bogotá, Andrés Eduardo Forero Molina, consultado por EL NUEVO SIGLO, dijo que esta designación “constituye una bofetada, una revictimización de las personas que fueron víctimas de ese acto terrorista”. 

Indicó el parlamentario del Centro Democrático que es “una muy mala señal del Gobierno nacional, y creo que muestra un poco hacia dónde apunta todo este proceso, que consideramos que es otra vez un proceso de impunidad”. 

Forero señaló que “el Gobierno podía elegir a cualquier otro gestor, y lo que hicieron con esto fue que eligieron un gestor que representaba una bofetada para las víctimas”.