En la Cámara de Representantes se encuentra el proyecto de ley por medio de la cual se dictan medidas para proteger a los usuarios de los servicios públicos domiciliarios, telefonía celular, internet y televisión.

El proyecto presentado por el representante liberal Víctor Manuel Ortiz, de Santander, busca reglamentar los términos para la reconexión de los servicios públicos domiciliarios. Esto con el fin de garantizar calidad en la prestación de dichos servicios y un límite en el valor de la reconexión.

El Proyecto de Ley establece un procedimiento o trámite para que el usuario sea requerido para el pago y este, a su vez, proceda a la acreditación del mismo, todo esto previo a la suspensión del servicio.

Así mismo, define la posición dominante como la que tiene una empresa respecto al mercado de sus usuarios y al de sus servicios.

Teniendo en cuenta lo anterior y la forma en que funciona el mercado, el proyecto plantea que, en todo momento, se busque la protección del consumidor.

En este sentido, Ciro Antonio Rodríguez, representante del Partido Conservador, quien propuso ponencia negativa sobre al proyecto, señaló que es claro que la atención del procedimiento que se propone crear es altamente inconveniente, pues genera dos costos adicionales para todos los usuarios, a saber: el primero relacionado con la implementación del trámite propuesto y el segundo asociado a la mayor cantidad de días de los que se dispone el servicio antes de su corte o suspensión por no pago.

La modificación propuesta supone una carga adicional para el usuario, pues a pesar de que su pago se efectué y aparezca evidenciado en el sistema tecnológico del prestador, este deberá remitir constancia para acreditarlo.

Del mismo modo tuvo en cuenta un argumento de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en el que se señala que los costos de reconexión que se aceptan para ser cobrados están asociados a los del mercado que se atiende, y el ejercicio para validar un monto para el cobro de la reconexión debe involucrar análisis económicos y financieros que reflejen la realidad de los costos implícitos en tal actividad, de manera que no se beneficie ni se perjudique a los usuarios.

De la misma manera, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) concluyó que introducir nuevos costos asociados con la gestión de aviso a los usuarios (elaboración de comunicaciones y envío de las mismas mediante medios expeditos para que se disminuya el tiempo de aviso), que no se encuentran actualmente remunerados mediante el costo de comercialización, puede producir aumentos en las tarifas, contrario al objeto del proyecto de ley.