Mañana, martes 19 de abril, se discutirá en la Cámara de Representantes el proyecto de Ley por medio de la cual se impulsa la reactivación económica y la generación de empleo en las regiones modificando el domicilio de los ministerios de Colombia, posibilidad que ha generado el desacuerdo de algunos académicos.

Uno de los autores que más ha defendido este proyecto es el representante de Cambio Radical César Lorduy, quien señaló que “hoy en día los ministerios envían a dos personas o a una a los departamentos, con el fin de que atiendan las necesidades de las regiones y eso no puede ser así. Hay que trasladar los ministerios a donde se necesitan”, dijo.

Según el representante, el Ministerio del Deporte puede estar en Cali. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación tendría que ubicarse en Medellín. Y el de Transporte debería estar cerca a uno de los puertos, es decir, en Barranquilla, Cartagena o incluso Buenaventura.

Añadió que la escogencia de las carteras que se trasladarían de sede debe hacerse con base en un análisis “de fortalezas y debilidades, de acuerdo con las vocaciones de las regiones”. En este sentido, consideró que, por ejemplo, “son más las necesidades de los Llanos Orientales o del Eje Cafetero en torno al Ministerio de Agricultura”. También dijo que “el Ministerio ideal para el Caribe sería el de Transporte, porque no tiene ninguna presentación que haya que viajar 2.000 kilómetros de distancia para llamar la atención acerca del desarrollo portuario”.

Algunos académicos han establecido que en la Constitución, en ningún momento se previó que la descentralización territorial implicara el traslado de sedes de las entidades del orden nacional que históricamente funcionan en Bogotá.

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Así lo afirmó Sergio Chica, director del Laboratorio de Innovación de Administración de la Escuela Superior de Administración Pública, quien considera que “esto pasa de pensar la visión tradicional de llevar el Estado al territorio a construir Estado desde territorio, y esto implica unas reconfiguraciones que van mucho más allá que el desplazamiento de las sedes; también implica un desplazamiento de capacidades tecnológicas, en capacidades informacionales, en materia de recursos financieros y en materia de personal”.

“Principalmente, es clave enmarcar que la descentralización es un mandato constitucional que rompe con las viejas prácticas heredadas de la Constitución de 1886 y a pesar de que llevamos 30 años viviendo en el marco de la Constitución de 1991, todavía seguimos reproduciendo prácticas del centralismo de la vieja Constitución del 86. En ese sentido, se siguen mirando las regiones como centros supeditados al poder central de Bogotá y que no tienen capacidad ni siquiera de dirigir sus propios destinos y mucho menos contribuir en un rol protagónico del destino de la Nación”, concluyó.