Endurecer las sanciones penales y administrativas por el hurto y daño de la infraestructura y equipamiento en la prestación de los servicios públicos, que en el caso del robo de tapas de alcantarilla ha ocasionado que muchas personas sufran accidentes e incluso la muerte al caer en estos fosos, busca un proyecto de ley, uno de los últimos que se radicó al cierre  de este primer periodo legislativo.

De esta forma se pretende frenar esta problemática que se presenta principalmente por el robo de tapas de alcantarilla y de contadores para extraer el hierro que tienen así como el hurto de cable telefónico para quedarse con el cobre.

Si bien en un principio se atribuía a indigentes y habitantes de calle el robo de esta infraestructura para vender como chatarra y obtener unos pesos que en la mayoría de las veces utilizan para comprar bazuco o marihuana, las autoridades han descubierto que detrás de este ilícito hay un negocio montado por redes criminales que comercializan los objetos con empresarios corruptos del reciclaje o los venden a contratistas para ser instalados en otras ciudades del país.

En este último caso, no hace mucho tiempo fueron descubiertas en las ciudades de Villavicencio y Neiva tapas de alcantarilla robadas en Bogotá.

Este ilícito además de las pérdidas millonarias que deja a las empresas prestadoras de servicios públicos, afecta a la ciudadanía que se queda por varias horas sin teléfono o Internet por el robo de cable y lo más grave, muchas personas han caído en las alcantarillas destapadas, que se convierten en verdaderas trampas humanas.

Se trata del proyecto No. 165 de 2013 Cámara, el cual fue radicado el pasado 5 de diciembre por Juan Felipe Lemos, representante a la Cámara por Antioquia (Partido de La U), y el senador Mauricio Lizcano.

La iniciativa por lo reciente de su radicación aún no cuenta con ponencia para primer debate en la Comisión Primera de la Cámara, a lo que se suma que por el poco tiempo que resta de este periodo es claro que su discusión se dará a partir de marzo de 2014, cuando el Congreso retorna a sesiones.

Sin embargo de entrada este proyecto enfrenta el escollo que han visto en su camino otro tipo de iniciativas que también modifican el Código Penal incrementando penas, frente a lo cual el Gobierno nacional y la Fiscalía han cerrado filas asumiendo la postura de que todo no puede ser solucionado con cárcel, como se vio con las dificultades que ha tenido para salir adelante el proyecto que endurece los castigos para quienes conducen en estado de alicoramiento un vehículo.

No obstante se mantiene en el Congreso una línea de parlamentarios que consideran que para enfrentar flagelos de alto impacto social y que tiene que ver con la vida de las personas, es necesario castigar más severamente estas conductas, lo que a la postre, sostienen redundará en disminuir la ocurrencia de estos hechos, sumado a otros elementos como la pedagogía.

El  proyecto

El hurto y daño a la infraestructura física de los servicios públicos ya está penalizado en el país, “sin embargo, resulta patente su inoperancia frente a las múltiples situaciones de riesgo real que hoy enfrenta la ciudadanía en las aéreas de circulación de y recreación del espacio público urbano”, señala el proyecto en su exposición de motivos.

La iniciativa en su objetivo de preservar la integridad y la vida de las personas en peligro por el daño y robo de equipamiento de servicios públicos modifica el Código Penal (Ley 599 de 2000), el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) y adiciona disposiciones a la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios (Ley 142 de 1994).

En materia penal el proyecto busca quese tipifique de forma expresa este tipo de delitos principalmente asociados al tipo penal del hurto, pero que no quedan exclusivamente allí, sino que se tipifique también, a título de dolo eventual, en los tipos penales de homicidio y lesiones personales, “buscando con ello, castigar con la debida justicia, a aquellos vándalos y potenciales homicidas que sin importarles la vida de las personas ni la protección de los bienes públicos, hurtan diariamente las tapas de las alcantarillas y realizan distintas afrentas contra el patrimonio del Estado y los bienes de servicios públicos”, indica el proyecto.

El mecanismo propuesto son los agravantes a los delitos de homicidio, lesiones personales, hurto y daño en los bienes de servicios públicos; junto con la obligación de indemnizar plenamente a las víctimas y a las empresas de servicios públicos, la imposición de multas por valores significativos a quienes se beneficien de la compra de elementos hurtados y el establecimiento del deber social de denunciar por parte de todas las personas, aquellos hechos o situaciones de riesgos que sean consecuencia del hurto o daño de los bienes de la infraestructura y equipamiento de los servicios públicos tales como las alcantarillas, las redes y otras más.

Código Penal

. En ese sentido el proyecto incluye el hurto o el daño a la infraestructura de servicios como una circunstancia de agravación de la pena, lo que contempla entre 400 a 600 meses de prisión. Igualmente, agrega a las circunstancias de agravamiento punitiva para el homicidio culposo, si al momento de los hechos el agente hubiese hurtado, manipulado indebidamente o dañado la infraestructura y el equipamiento de los servicios públicos, la pena se aumentará de una cuarta parte a tres cuartas partes.

. Crea un artículo en el Código Penal, el cual señala que la persona natural o jurídica que con conocimiento del origen ilícito, compre o se beneficie de los elementos hurtados, tales como son los elementos destinados a comunicaciones telefónicas, telegráficas, informáticas, telemáticas y satelitales, o a la generación, transmisión o distribución de energía eléctrica y gas domiciliario, o a la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, tendrá que pagar una multa de 10 hasta 100 smmlv, sin perjuicio de su responsabilidad penal en caso de ser coautor o copartícipe en dichos ilícitos.

Código de Infancia y Adolescencia

. Hace responsables a los adolescentes por el hurto y daño en la infraestructura y equipamiento en la prestación de los servicios públicos domiciliarios.

. Adiciona un nuevo subtipo penal para la privación de libertad en centro de atención especializada a los adolescentes mayores de 14 y menores de 18 años, por el delito de homicidio culposo en caso de ser encontrados responsables de hurto y daño en la infraestructura que haya derivado en la muerte de una persona.

Ley de Servicios Públicos

. El proyecto adiciona una obligación más a las entidades prestadoras de servicios públicos para cumplir con la función social que les compete, pues deberán realizar periódicamente la revisión del equipamiento e infraestructura para la prestación de sus servicios públicos domiciliarios, identificando las situaciones que impliquen riesgo para la vida o la integridad de las personas.