El proyecto de ley Anticontrabando fue aprobado en cuarto debate por la plenaria de la Cámara y ahora pasa a conciliación con el Senado.
Esta iniciativa endurece las penas contra este delito y el fraude aduanero, estableciendo un régimen sancionatorio común para los departamentos y el distrito capital de Bogotá, encargados de recaudar y administrar los recursos del impuesto al consumo de cigarrillos, cervezas y licores.
Al manifestar su satisfacción por este “importante logro para la industria colombiana”, la ministra de Comercio, Cecilia Álvarez-Correa, señaló que el país cuenta ahora con herramientas más efectivas para atacar esta actividad ilegal y combatir todas las prácticas ilícitas asociadas al comercio.
“El contrabando en Colombia es de tal magnitud que vale 2 puntos del PIB y corresponde a 10 por ciento de las importaciones que realiza el país”, dijo, al señalar que este flagelo “afecta la competitividad, el empleo y es un costo país para nuestros empresarios” dijo la jefa de la cartera de comercio.
Sin embargo, para el presidente de la Federación de Sanandresitos de Colombia, Albeiro Camacho, el proyecto “criminaliza a los comerciantes que legalmente compran productos en zonas distintas del país, como por ejemplo Medellín donde muchos tenderos adquieren licores típicos de la región en almacenes de cadena y luego en Bogotá son perseguidos aun con todas las facturas al día”.
Tras señalar que quedarán sin empleo 4.500.000 personas, Camacho anunció que desde hoy a las 8 de la mañana los comerciantes de los Sanandresitos saldrán a paro. “Con este proyecto de ley lo que se está dando es una protección a unos monopolios y oligopolios”, anotó.
La norma también afectará a los comerciantes legalmente organizados de La Guajira, precisó el representante Antenor Durán (AICO), quien junto a los congresistas Alfredo Deluqe (La U) y Álvaro Rosado (Funeco), suscribieron una proposición para que en la norma se respete la Zona de Régimen Aduanero Especial.
Según el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, la ley no afectará a los pequeños comerciantes ni los beneficios adquiridos por las Zonas de Régimen Aduanero Especial.
El vicepresidente de Fenalco, Eduardo Visbal, le dijo a EL NUEVO SIGLO que el comercio formal que importa legalmente se ve afectado por este flagelo al igual que los comerciantes informales que en parte viven del contrabando, por lo cual le pidieron al Gobierno diseñar una estrategia para contratar una verdadera consultoría que haga una medición de cuánto aproximadamente se pierde por contrabando en cada sector, y una vez determinado el valor buscar la estrategia a seguir.
Por otra parte, la directora de la cámara de algodón de la ANDI, Juliana Calad, se mostró positiva con que esta iniciativa pueda convertirse en proyecto de ley en esta legislatura, según cifras reveladas por la funcionaria desde el 2014 ha aumentado en 143 por ciento el contrabando de hilados, llegando a un precio de 1 dólar por kilo.