Un nuevo acuerdo de autorregulación suscribirán las firmas encuestadoras de cara a los comicios legislativos y presidenciales de 2014. La iniciativa adquiere mayor trascendencia teniendo en cuenta la débil normatividad que existe en materia de encuestas políticas y sondeos electorales.

En ese propósito se comprometieron las empresas dedicadas a esa actividad en el marco de una mesa temática organizada por el Consejo Nacional Electoral, en donde participaron los representantes de las diferentes firmas.

Con la iniciativa se busca fortalecer el proceso técnico de las encuestas y sondeos de opinión sobre preferencias políticas y electorales. En ese sentido, por petición de los magistrados del CNE, las firmas encuestadoras conformaron una comisión conjunta por regiones, la cual se encargará de redactar una lista de puntos para luego firmar un nuevo acuerdo de autorregulación como el suscrito en el año 2002.

Por lo cual, las firmas encuestadoras y el CNE acordaron reunirse en un plazo máximo de un mes, con el fin de revisar el documento que entregará dicha comisión y renovar el acuerdo para ayudar al fortalecimiento del trabajo que desarrollan cada una de estas firmas registradas.

Sobre el particular la presidenta del Consejo Nacional Electoral, magistrada Nora Tapia Montoya, indicó a EL NUEVO SIGLO que bajo el entendido de la libre competencia y la libertad de empresa “es necesario que ellas (las firmas) mismas se autorregulen en sus reglas del juego, que el muestreo de las encuestas sea muy similar, con unos mínimos preestablecidos porque a veces no reflejan por lo que el muestreo es pequeño. Tener una rigurosidad con la poca normatividad que hay sobre el particular”.

La magistrada explicó que un acuerdo de este tipo se firmó en el año 2002 por parte de las firmas encuestadoras y algunas empresas que sobreviven de ese tiempo “consideran que eso funcionó, entonces lo que queremos es utilizar esas buenas prácticas”.

Otra iniciativa para el mejor desarrollo de las encuestas y sondeos electorales tiene que ver con la publicación en la página web del Consejo Nacional Electoral de un listado con las empresas encuestadoras que cuentan con registro vigente, y por lo tanto están autorizadas para hacer estos estudios. Se trata de 52 personas jurídicas y 9 personas naturales.

“Ahí está publicada para que por lo menos quienes contraten encuestas sepan con quiénes las pueden contratar porque esa sí es una práctica muy común que viene haciendo carrera, sobre todo en las ciudades pequeñas, que contratan personas que no tienen la autorización para hacer encuestas ni de tipo político ni de tipo electoral. Esa parte sí nos corresponde controlarla a nosotros, que solamente los previamente autorizados lo hagan”, dijo la magistrada Tapia.  

Viejas normas

La normatividad que regula las encuestas electorales y políticas en Colombia está por cumplir 20 años, lo que de por sí sería suficiente para pensar en la necesidad de actualizarla teniendo en cuenta cómo ha avanzado este tipo de estudios a nivel mundial, así como en Colombia ha cambiado la forma de hacer política, incluido el marketing que se hace para ‘vender’ la imagen de un candidato.

La Ley 130 de 1994 establece los requisitos para la publicación de una encuesta electoral, como que tendrá que hacerse en su totalidad y deberá indicar la persona natural o jurídica que la realizó y la encomendó, la fuente de su financiación, el tipo y tamaño de la muestra, el tema o temas concretos a los que se refiere, las preguntas concretas que se formularon, los candidatos por quienes se indagó, el área y la fecha o período de tiempo en que se realizó y el margen de error calculado.

En tanto que la resolución 23 de 1996 expedida por el Consejo Electoral establece que la publicación de los resultados de encuestas de carácter electoral es libre, pero debe someterse a las disposiciones legales.

En este sentido uno de los requisitos que fija esta resolución es que las entidades o personas que se ocupen de realizar encuestas y sondeos de opinión sobre preferencias electorales deberán registrarse ante el Consejo Nacional Electoral.

Para poder inscribirse en el Registro Nacional de Encuestadores las personas naturales o jurídicas deberán acreditar experiencia en materia de realización de encuestas no menor de un año, entre otros requisitos.

La divulgación de encuestas o sondeos de opinión de carácter electoral sin el lleno de los requisitos legales contempla multas de 25 a 40 salarios mínimos mensuales o la suspensión o prohibición del ejercicio de estas actividades.