En veremos quedaría la iniciativa del Gobierno nacional de reglamentar la consulta previa a los pueblos indígenas y a las minorías étnicas, pues éstas consideran que es suficientemente claro como está expresado este mecanismo en la Constitución y en los acuerdos con la OIT.

De concretarse oficialmente esta posición por parte de los voceros indígenas y afros, la iniciativa de reglamentar la consulta previa prácticamente quedaría abortada pues necesariamente la misma tiene que ser consultada con estos pueblos, y aunque no existe el derecho de veto, políticamente no tendría presentación para el Ejecutivo radicar en el Congreso un proyecto que aunque haya sido consultado, no cuente con el respaldo de esta población.

Desde marzo anterior el entonces ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, manifestó que “el Gobierno está considerando reglamentar la materia”.

En tanto que el pasado 22 de agosto el viceministro para la Participación y la Igualdad de Derechos, del Ministerio del Interior, Aníbal Fernández de Soto, le dijo a EL NUEVO SIGLO que “el Gobierno viene preparando un proyecto de ley estatutaria para reglamentar la consulta previa, que en Colombia no está reglamentada. Ese es un derecho fundamental de las minorías étnicas, en la que se les debe consultar acerca de normatividades que les pueda afectar. La idea es saber cuánto cuesta la consulta, cómo debe ser la metodología, cuánto tiempo debe pasar para hacer la consulta. Esos son aspectos importantes para reglamentar”.

Es más, la reglamentación de la consulta previa figura como parte de la agenda legislativa que presentará el Gobierno al Congreso este año, al lado de otros importantes proyectos como la reforma a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), el Código Electoral, el Código de Policía, entre otros.

Precisamente, tras la conformación del nuevo gabinete se tiene previsto esta semana una reunión del presidente Santos con sus ministros, en la que se definirá cuál será el momento adecuado para presentar cada uno de los proyectos, indicó el ministro del Interior, Fernando Carrillo.

Sin embargo en el caso de la iniciativa para reglamentar la consulta previa el panorama luce gris, teniendo en cuenta que el proyecto “todavía no ha sido presentado formalmente a la Mesa de Concertación (con los indígenas), solamente se conoce, digamos, la idea que van a presentar una propuesta, pero no hay una propuesta formalmente radicada en la Mesa para ser objeto de análisis y de discusión”, señaló Luis Fernando Arias, secretario General de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

Añadió que “nosotros hemos definido una posición crítica frente a esa iniciativa, es que tanto el movimiento indígena como el movimiento afrocolombiano, precisamente tuvimos una reunión las organizaciones indígenas y afro, y coincidimos que estamos en contra de una reglamentación de la consulta previa vía ley estatutaria. Digamos es un posicionamiento político por parte de todos los grupos étnicos del país y que en su momento lo vamos a manifestar”, aseguró Arias.

Añadió que indígenas y afro no ven la necesidad de avanzar en esta reglamentación pues consideran que ya hay claridad suficiente sobre este asunto en la Constitución, el Convenio 169 de la OIT, del cual Colombia es signatario, y “la jurisprudencia de la Corte que sobre el tema es suficientemente amplia”.

“Necesitamos es que se amplíe lo que establece la Constitución y en este momento la jurisprudencia de la Corte sobre la materia. No necesitamos más reglamentación porque la reglamentación siempre termina limitando derechos”, expresó el SecretarioGeneral de la ONIC.

En marcha

En este momento el Gobierno nacional viene adelantando los procesos de consulta previa del Código Minero, a cargo del Ministerio de Minas y Energía, y la ley de Desarrollo Rural, en cabeza del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Por no cumplir con la consulta previa a los pueblos indígenas y las minorías étnicas, la Corte Constitucional tumbó en el año 2009 el estatuto de desarrollo rural, así como un artículo de la Reforma Política; en tanto que en 2011, igual suerte corrió la reforma al Código de Minas.