La decisión  de la Comisión I del Senado esta semana al sepultar, en el tercero de ocho debates que debía cumplir, el proyecto que abría camino a la posibilidad de reelección de los actuales alcaldes y gobernadores, se constituyó en el banderazo real y definitivo para la campaña electoral de cara a los comicios de octubre de 2015.

Era evidente que la posibilidad de que los actuales titulares de alcaldías y departamentos tuvieran la posibilidad de postularse para repetir en el cargo, al menos por un periodo de dos años y medio, es decir hasta agosto de 2018, tenía en el congelador no pocas candidaturas y alianzas políticas en todo el país.

Los principales afectados fueron los propios aliados de los hoy alcaldes y gobernadores, pues era obvio que no se podían lanzar ni empezar a ambientar sus aspiraciones, ya que muchos titulares de esos cargos no perderían la oportunidad de, con la fuerza política, burocrática y presupuestal que da el estar en el gobierno, lanzarse a la reelección.

La tranca

Como se sabe, fue el propio Gobierno el que abrió esa posibilidad al incluir en el proyecto de unificación de periodos y elección del Presidente de la República con el de los alcaldes y gobernadores, y por esa vía concejales, diputados y ediles, la propuesta de que los actuales mandatarios departamentales y municipales podrían aspirar a la reelección por una sola vez en octubre próximo.

La idea era sencilla: para unificar los periodos y las fechas de elección de Jefe de Estado, alcaldes y gobernadores era necesario que los titulares de municipios y departamentos escogidos en las urnas en octubre de 2015 no tuvieran un periodo de cuatro años, sino de apenas dos años y ocho meses. Es decir, que estuvieran en el cargo entre el 1º de enero de 2016 y el 7 de agosto de 2018, cuando debe posesionarse el Presidente de la República que suceda a Juan Manuel Santos.

De esta forma, habría una sola elección de los tres cargos, evitando las dificultades de gestión que atraviesan departamentos y municipios, pues deben afrontar por partida doble las restricciones de contratación, presupuesto y de otra índole que impone la Ley de Garantías Electorales.

Como se sabe, aunque la idea de unificar las elecciones de Presidente, alcalde y gobernadores (y las del Congreso, que se realizarían unos meses antes en el mismo año electoral) tenía lógica, la sorpresiva decisión del Gobierno de colgarle la posibilidad de reelección de alcaldes y gobernadores fue el flanco débil de la iniciativa desde el mismo momento de su radicación, que ocurrió además casi que a escondidas y sin que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, siquiera se la hubiera anunciado a la coalición de Unidad Nacional.

Es más, desde el comienzo se criticó que el mismo Gobierno que proponía, en el proyecto de reforma al equilibrio de poderes, la eliminación de la reelección en todos los cargos, abriera esa posibilidad a los mandatarios seccionales y locales, sólo para cumplir una promesa de campaña.

Al final pasó lo que debía pasar. La iniciativa fue aprobada en primer y segundo debates en la Comisión I y la plenaria de la Cámara, en donde era obvio que los Representantes que manejan principalmente el poder regional estaban interesados en que sus fichas en departamentos y municipios pudieran seguir dos años y medio más en sus cargos. Sin embargo, al llegar al Senado el proyecto apenas sí aguantó un par de discusiones en la Comisión I y fue archivado sin pena ni gloria por los congresistas de la Unidad Nacional, independientes y de la oposición, ante la impotencia del Ministro del Interior que siempre trató de defenderla, aunque era consciente que, como se dice popularmente, el palo no estaba para cucharas…

¿Y ahora?

Superado este inesperado escollo, entonces ya se puede hablar de campaña electoral directa y sin tapujos. Una campaña que, como primera característica, estará cruzada por el proceso de paz y todas las polémicas, pasiones y circunstancias que produce.

Aunque al comienzo de este año se esperaba que el mismo día de las elecciones de alcaldes y gobernadores se pudiera votar el llamado “referendo por la paz”, en el cual se sometería a consideración de la ciudadanía el acuerdo a que se llegara con las guerrillas para acabar el conflicto, lo cierto es que así como avanza la negociación en La Habana entre el Gobierno y las Farc, y sin arrancar esta fase con el Eln, es muy difícil que en octubre de 2015 se pueda votar un “referendo por la paz”, ya que este mecanismo de participación popular requiere cierto tiempo para concretarse.

Primero, tendría que firmarse en cuestión de dos o tres meses el acuerdo definitivo con las Farc, lo cual hoy se ve improbable, pues apenas se han preaprobado tres puntos de los seis y falta lo más difícil por negociar, sobre todo lo relativo al desarme, la participación política, gabelas jurídicas a cabecillas y desmovilizados…  Pero si incluso ello fuera posible, el texto del acuerdo tendría que convertirse en preguntas cortas y directas, conformando así un proyecto de ley de referendo que iría al Congreso para la aprobación de la convocatoria. Tendría, entonces, que sumarse el tiempo del trámite en el Congreso, y si fuera aprobado allí, es necesario darle por lo menos tres meses a la organización electoral para organizar la cita a las urnas y tener todo listo para el domingo 25 de octubre de 2015.

Siendo objetivos, es evidente que cumplir todo ese proceso en apenas once meses que faltan para las elecciones parece claramente imposible. Es más, por lo mismo ya hay quienes hablan de que no se acuda a un “referendo por la paz”, sino que mejor se opte por otro mecanismo, como un plebiscito o una consulta popular, que tienen un trámite más expedito, e incluso no requerirían de un montón de preguntas puntuales y detalladas, sino de uno o pocos interrogantes más generales sobre el apoyo, sí o no, al acuerdo con las guerrillas.

Sea como sea, es claro que la paz, o la expectativa de la misma así como el debate en torno al proceso, el avance o no de la negociación y qué ceder o no a la subversión, estarán en el centro del debate político departamental y regional. Para cualquier candidato será casi imposible apartarse de este tema, por más que pesen asuntos de orden local y regional en materia política, social, económica, de obras, proyectos y otros. Vamos, entonces, rumbo a un nuevo ambiente de polarización entre santismo y uribismo, aunque a menor escala que en las presidenciales.

Las  estrategias

Descrito así el panorama, es claro que los partidos y movimientos políticos tienen que empezar a acomodar sus estrategias a esas realidades. Pero cada uno tiene un reto distinto.

Por ejemplo, La U, el llamado “partido de gobierno”, tiene como principal objetivo mantener la supremacía a nivel de alcaldías, gobernaciones y escaños en concejos y asambleas. Pero, a diferencia de lo que pasó en los comicios de Congreso e incluso los presidenciales, en esta ocasión su principal rival, que es sin duda el uribismo, tiene la ventaja de que tiene mayor margen de acción para sonsacarle líderes y candidatos a nivel municipal y departamental.

Es evidente que muchos dirigentes de base de La U se han pasado ya a las toldas del Centro Democrático sin temer sanciones por transfuguismo ni quedar ‘maniatados’ a la primera colectividad. Ese es un riesgo que el partido del reelecto presidente Santos debe saber sopesar, pues es obvio  que tras los más de seis millones de votos que sacó el uribismo en las presidenciales y las 40 curules en Senado y Cámara, esa colectividad, que debutara a nivel de comicios locales y regionales, tiene mucho cupo en candidaturas a cargos uninominales y listas a cuerpos colegiados, lo que no pasa en La U, en donde a veces, pareciera, no hay cama para tanta gente.

Pero no es La U el único partido amenazado por el uribismo. También el Conservador debe tomar las precauciones del caso, más aún cuando es evidente que en la colectividad hay una división entre santistas y uribistas. Hasta el momento la cúpula azul ha dicho que presentará candidatos propios en la mayoría de casos posibles, pero que está dispuesta a hacer alianzas con partidos de la Unidad Nacional (La U, liberales y Cambio Radical), el uribismo y otras facciones políticas. El reto conservador, entonces, es evitar que en medio de la división o las alianzas, la presencia de la colectividad se diluya y el volumen de alcaldías, gobernaciones y escaños en concejos, asambleas y JAL disminuya sustancialmente.

Los liberales, a su turno, se han puesto como meta ser en los comicios regionales de octubre próximo el partido más votado. Difícil tarea si se tiene en cuenta su papel en los comicios de Congreso y la contienda presidencial, en donde La U, el uribismo y el conservatismo superaron a las toldas rojas. Es claro que los liberales tratarán de sacar provecho de las banderas gubernamentales que han manejado, pero en el último recambio ministerial temas como el empleo pasaron a manos de otras facciones políticas, en este caso de sectores pro-oficialistas verdes, en cabeza del hoy ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón.

Cambio Radical, a su turno, con Vicepresidente de la República a bordo, tiene el reto de recuperar el terreno perdido en los últimos años, producido en gran parte por escándalos judiciales de sus elegidos y problemas con los avales a dirigentes de dudosa procedencia. Es claro que este partido tiene hoy una gran cuota de poder y exposición mediática en el Gobierno y tratará de capitalizar esa ventaja en las urnas.

En cuanto al Polo, sin duda alguna su principal problema es que otros partidos de izquierda, como la Unión Patriótica y Marcha Patriótica, van a competir en octubre por el mismo electorado, lo que podría llevar al traste con todos, a menos que tengan la disponibilidad de aliarse, atrayendo incluso a sectores más alejados como el petrismo más radical o la misma Alianza Verde, que sumó en la pasada campaña a parte del Progresismo que seguía las indicaciones del hoy alcalde capitalino.

Como se ve, por más que para algunas alcaldías, como la bogotana, haya cerca de una decena de candidatos o precandidatos, y que las encuestas ya muestren algunos claros favoritismos en otras capitales y gobernaciones, la campaña electoral para los comicios regionales y locales apenas sí está arrancando. Es claro que hacia febrero la situación tomará más ritmo, sobre todo por la posibilidad de consultas internas o interpartidistas hacia junio para escoger candidatos únicos. Por ahora, lo importante es que el ambiente proselitista empieza a calentarse.