El gobierno Nacional anunció a través de la ministra de Educación, María Fernanda Campo, el descubrimiento de un carrusel de pensiones en la rama educativa que intentaba estafar al Estado.

Según Campo “un cartel de abogados en Córdoba pretendía apropiarse de más de 450 mil millones de pesos” mediante la adquisición de poderes que les permitieran realizar las demandas al Estado.