En Colombia, durante 2015, “los problemas más graves de derechos humanos fueron la impunidad, un sistema judicial ineficiente, el desplazamiento forzado, la corrupción y la discriminación social”, de acuerdo con el informe anual en Derechos Humanos del Departamento de Estado norteamericano.

 

Aunque el documento presentado ayer por el secretario de Estado, John Kerry, resaltó la existencia de varios partidos políticos, la realización de elecciones con presencia de observadores internacionales y el desarrollo del proceso de paz con las Farc, consideró que “un sistema de justicia ineficiente objeto de intimidación limita la capacidad del Gobierno para perseguir eficazmente a individuos acusados de violaciones de los derechos humanos, entre ellos exmiembros de grupos paramilitares. La disponibilidad y la influencia de los ingresos el tráfico de drogas a menudo exacerbados corrupción”, así como “la discriminación social contra los indígenas y afrocolombianos, a veces limita la capacidad de estos grupos para ejercer sus derechos”.

 

Si bien el informe puso de presente que las Farc, el Eln y las Bacrim han “cometido numerosos abusos”, también aludió a fallas instituciones, como las ejecuciones extrajudiciales y los “homicidios ilegítimos; lentitud de las investigaciones, juicios y acusaciones en los casos relacionados con ejecuciones extrajudiciales; colaboración de militares insubordinados con los miembros de los grupos armados ilegales; desapariciones forzadas; prisiones hacinamiento e inseguridad; el acoso y los ataques contra grupos y activistas de derechos humanos, incluidas las amenazas de muerte y homicidios; la violencia contra las mujeres y las niñas; trata de personas; y el trabajo infantil ilegal”.

 

Con todo, el Departamento de Estado aplaudió que “el Gobierno continuó con los esfuerzos para procesar y castigar a los autores de abusos, incluidos los miembros de los servicios de seguridad”.

 

Sobre las violaciones de Farc, Eln y Bacrim a los derechos humanos, el informe enumera “los homicidios políticos; homicidios de miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios públicos locales; uso generalizado de minas terrestres y artefactos explosivos improvisados ; secuestros y desapariciones forzadas; la violencia sexual y de género; soborno y la intimidación de jueces, fiscales y testigos; la infracción de los derechos de privacidad de los ciudadanos; restricciones a la libertad de circulación; extendido reclutamiento y uso de niños soldados; los ataques contra los defensores de los derechos humanos; y los homicidios, el acoso y la intimidación de los maestros y sindicalistas”.

 

Como si fuera poco, “los grupos armados ilegales continuaron siendo responsables de la mayoría de los casos de desplazamiento forzoso en el país”.

 

En unos casos y en otros, “el sistema no ha podido generalmente para cerrar casos de forma rápida y eficiente” a pesar del incremento de los recursos destinados a la Fiscalía, de la priorización de los casos de violación de los derechos humanos y el empleo de “una estrategia de análisis contextual para analizar los derechos humanos y en otros casos”.