A menos que Colombia asegure el juzgamiento de los abusos cometidos en la actualidad y en el pasado contra desplazados reclamantes y consiga avances significativos en la desarticulación de grupos sucesores de los paramilitares, seguirán las amenazas, desplazamientos y asesinatos, “y la iniciativa más importante del gobierno de Santos en materia de derechos humanos podría verse irreversiblemente desvirtuada”.

Así lo indica la influyente ONG internacional Human Rights Watch en un informe al que denominó ‘El riesgo de volver a casa’, que evalúa el desarrollo de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, el cual fue presentado ayer en Bogotá por José Miguel Vivanco, director para las Américas de este organismo defensor de los derechos humanos. 

Dicho informe fue elaborado a partir de investigaciones efectuadas entre febrero de 2012 y julio de 2013, que incluyeron cientos de entrevistas, más de 130 de ellas con reclamantes y líderes de restitución de tierras, indica la ONG con sede en Estados Unidos.

“El presidente Santos impulsa un esfuerzo serio y sin precedentes para restituir las tierras, pero los actos de violencia e intimidación contra familias desplazadas que intentan volver a casa amenazan con sabotear su iniciativa más importante en materia de derechos humanos”, dijo Vivanco.

Añadió que “el problema no se solucionará con chalecos antibalas ni escoltas. Solo se podrá garantizar verdaderamente la protección de las víctimas si se juzga a sus agresores y se rompe el control que las mafias paramilitares aún ejercen en varias zonas a las cuales intentan retornar familias desplazadas”, concluyó el director de Human Rights Watch.

A partir de enero del año pasado arrancó la implementación de la Ley 1448 por medio de los dos componentes que la integran: un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas del conflicto armado; así como la restitución de las tierras que fueron arrebatadas principalmente a los campesinos.

Al respecto el informe dice que el programa de restitución de tierras representa la iniciativa más importante de derechos humanos impulsada por el gobierno de Santos. Si se implementa de manera efectiva, ayudará a que miles de familias que han sido devastadas por el conflicto puedan regresar a su hogar y reconstruir sus vidas, a la vez que debilitará el poder de grupos armados y mafias delictivas.

No obstante, explica el informe, a pesar de estos avances, subsisten obstáculos significativos que se interponen a la aplicación efectiva de la ley. Muchos de los desplazados que han intentado hasta el momento recuperar tierras a través de la Ley de Víctimas y otros mecanismos de restitución, han sufrido abusos generalizados vinculados con estos reclamos, incluidos asesinatos, nuevos incidentes de desplazamiento forzado y amenazas de muerte.

 

Amenazas

 

Desde enero de 2012 más de 500 reclamantes y líderes de restitución de tierras informaron haber recibido amenazas, asegura el estudio.

 

 

Añade que el Gobierno ha otorgado a cientos de reclamantes en riesgo medidas de protección como teléfonos celulares y escoltas. “Pero hemos comprobado que, si bien se trata de medidas importantes, no han sido complementadas por acciones suficientes destinadas a que los responsables rindan cuentas por sus actos, lo cual resulta indispensable para poner freno al origen de las amenazas a la vida de los reclamantes y prevenir ataques”.

Dice también que Colombia no ha podido contrarrestar significativamente el poder de los grupos sucesores de los paramilitares, lo cual también implica una amenaza directa para la seguridad de quienes reclaman tierras.

Además indica que son excepcionales los casos en que las autoridades judiciales juzgan penalmente a quienes inicialmente desplazaron a los reclamantes y se apropiaron de sus tierras. De las más de 17.000 investigaciones en curso de casos de desplazamiento forzado a cargo de la principal unidad de la Fiscalía que se ocupa de estos delitos, en menos del 1 por ciento se ha dictado una condena. “La falta de justicia por estos delitos es una de las causas principales de los abusos que se producen actualmente contra reclamantes de tierras”, señala el informe.

Human Rights Watch dice que numerosos reclamantes de tierras y sus líderes han sido objeto de abusos generalizados como resultado de sus esfuerzos por conseguir la restitución, que han incluido asesinatos, intimidación y amenazas, así como nuevos incidentes de desplazamiento forzado.

La ONG internacional dijo que hay documentados 17 casos de asesinatos de reclamantes de tierras y sus líderes ocurridos desde 2008, en los cuales perdieron la vida 21 personas.

Igualmente, el informe da cuenta de amenazas graves y creíbles contra más de 80 reclamantes y líderes de restitución de tierras de Bogotá y otros ocho departamentos ocurridas desde 2008, “y se trata tan sólo de una pequeña proporción de la cantidad total de casos denunciados”. Según datos aportados por el Gobierno, al menos 500 reclamantes de tierras y líderes en más de 25 departamentos han denunciado ante las autoridades este tipo de amenazas desde enero de 2012. A partir de evaluaciones individuales, las autoridades han determinado que más de 360 reclamantes y líderes que fueron amenazados se encuentran en “riesgo extraordinario”.

El estudio indica que en la mayoría de los casos de asesinatos, tentativas de homicidio y nuevos incidentes de desplazamiento forzado que documentó, la evidencia sugiere que grupos sucesores de los paramilitares, en particular los ‘Urabeños’, serían responsables; y estos mismos grupos son además los autores de muchas de las amenazas.

Por esta razón, Human Rights recomienda coordinar las iniciativas de restitución con la intervención estratégica de los fiscales, lo que podría contribuir a asegurar que quienes intentan volver a sus tierras reciban justicia y, por lo tanto, protección.

Igualmente, pide al gobierno Santos dotar a la Fiscalía General  de recursos suficientes para que pueda formar equipos de fiscales e investigadores judiciales encargados de perseguir delitos contra desplazados que reclaman tierras y sus líderes.

Mientras que al fiscal General, Eduardo Montealegre, la ONG internacional le pide “efectuar investigaciones enérgicas y exhaustivas de todos los presuntos incidentes de desplazamiento forzado y despojo, asesinatos, tentativas de asesinato y amenazas documentados en este informe, con el objeto de procesar penalmente a todas las partes responsables”.

 

 

Amenazas

 

A pesar de que el patrón de los abusos se presenta en todo el país, el informe indica que los asesinatos y las amenazas a reclamantes de tierras se concentra principalmente en:

. Antioquia

. Bolívar

. Cesar

. Chocó

. Córdoba

. La Guajira

. Sucre

. Tolima

 

 

 

Respuesta del Estado

 

Las medidas de protección otorgadas por la Unidad Nacional de Protección (UNP) frente a las amenazas a los reclamantes de tierras constituye el programa más avanzado de su tipo en la región, y sus medidas de protección pueden ser decisivas para salvar vidas, indica el informe. Sin embargo, anota que “el repudio de estos ataques expresado por funcionarios y la protección brindada por la UNP son, en definitiva, medidas paliativas. No contribuyen a controlar ni juzgar a los responsables, que representan el origen de las amenazas persistentes contra la vida de los reclamantes”.

En este sentido indica que las autoridades judiciales casi nunca juzgan a los responsables de los incidentes originales de desplazamiento forzado y despojo. Esto expone a los reclamantes a la posibilidad de sufrir ataques, en tanto implica que las personas, los grupos o las mafias delictivas interesadas en mantener el control de las tierras despojadas no están bajo el escrutinio de las autoridades y pueden más fácilmente intentar impedir la restitución mediante actos de violencia e intimidación.