El combate a la minería ilegal está haciendo honor al calificativo que le dio el presidente Juan Manuel Santos de “objetivo valor”, con los resultados reportados por las autoridades, según los cuales en los últimos cuatro años han sido intervenidas 2.922 minas y cerradas 1.076.

Con ello se busca contrarrestar el financiamiento por parte de los grupos armados al margen de la ley y, ante todo, el alto impacto que genera en el medio ambiente.

De acuerdo con cifras de la Dirección de Carabineros de la Policía, desde el 1º de enero del año 2010 a la fecha, han sido capturados 6.538 ciudadanos sorprendidos en faenas de minería ilegal.

Además fueron inmovilizadas e incautadas 947 retroexcavadoras, 312 dragas, 350 volquetas, 34 buldozzeres, 183 motobombas y 429 motores.

Y, en los últimos dos años registran las estadísticas oficiales que han sido decomisados 574 kilos de oro puro; 16 kilos de platino y 128 kilos de mercurio.

De acuerdo con la Contraloría General, el Ministerio Público y la misma Policía, la minería ilegal  avanza a pasos agigantados en gran parte del territorio nacional, dejando a su paso destrucción del ecosistema y la contaminación de las fuentes de agua.

El presidente Santos dijo recientemente que el combate a la minería ilegal es un “objetivo de alto valor”, porque esa actividad causa graves daños al medio ambiente y es fuente de financiación de las guerrillas de las Farc y del Eln y de las bandas criminales al servicio del narcotráfico.

El director de Carabineros, general Luis Eduardo Martínez, afirmó que “todos los días llevamos a cabo de manera frontal y directa el combate contra la minería ilegal”.

Contó que hace pocas horas en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, efectivos de la institución armada decomisaron casi 30 kilos de oro puro que eran transportados de manera ilegal y sin ningún documento que acreditara que pertenecían a determinada persona.

“La Policía está llevando a cabo una actividad contundente contra la minería ilegal y trabajamos de la mano también con la Fiscalía General de la Nación, con los  Ministerios de Defensa Nacional, de Minas y del Medio Ambiente y con la Agencia Nacional Minera, en un esfuerzo para enfrentar con vigor y acabar con este flagelo”, acotó el oficial.

El general Martínez explicó que “un kilo de cocaína tiene un costo de cuatro millones de pesos, mientras que un kilo de oro alcanza precios superiores a los treinta millones de pesos”.

Por otra parte, el comandante de la Brigada de Infantería de Marina Número 1, coronel Luis Gómez, indicó que el Gobierno nacional  cuenta con equipos avanzados de imagen satelital y aviones de inteligencia de la Fuerza Aérea, para enfrentar la minería ilegal en el país.

Así se logró neutralizar la explotación de una mina de oro, pues sus operarios ilegales afectaron la capa vegetal del terreno y más de 1.000 hectáreas de bosque nativo  en el sur del departamento de Bolívar.

Al mismo tiempo, ambientalistas señalan que “se requieren entre 25 y 40 años para que se pueda reparar el daño ambiental, pero en  otros casos, como la destrucción de los bosques primarios, se requieren más de quinientos años para su recuperación”.

El ecologista, Alfonso Díaz, dijo que “la búsqueda del oro a través de la minería ilegal en Colombia, causa verdaderos estragos, debido a que una retroexcavadora tumba fácilmente y sin ningún miramiento una montaña, mientras que con una motobomba se saca el agua de un río, un caño, una quebrada, un lago, un arroyo o ciénaga con una turbina, que luego los trabajadores la mezclan con la tierra que va sacando la retroexcavadora”.

En 17 departamentos

La Contraloría General de la República, en un extenso informe registró que no menos de 17 departamentos y 80 municipios tienen problemas de uso de mercurio en la extracción y procesamiento de oro en forma ilegal.

De acuerdo con la información oficial, los departamentos más afectados con la minería ilegal y la utilización del mercurio y el cianuro son: Antioquia, Bolívar, Córdoba,  Caquetá, Cauca,  Chocó, Caldas, Guainía, Huila, Nariño, Putumayo, Tolima, Risaralda, Santander, Sucre y Valle del Cauca.

“El uso sin ningún control y la contaminación derivada de sustancias químicas en la explotación del oro como el mercurio y en otros casos del cianuro, generan graves riesgos para la salud de los colombianos. El mercurio es altamente tóxico que no se degrada de manera natural y se acumula dentro de los tejidos de los organismos contaminados”, registra el informe de la Contraloría.

Señaló que “en caso de cualquier ciudadano que coma pescado u otro animal con altos niveles de mercurio o de cianuro, su salud puede estar en alto riesgo”.

“Los comunicados médicos registran que en el sector minero del departamento de Bolívar, los habitantes que consumen pescado contaminado con mercurio, afrontan quebrantos en su salud como la pérdida de la memoria, disminución de su coeficiente intelectual y temblores en sus manos y los bebés de mujeres embarazadas podrían sufrir malformaciones”, estableció el estudio.

Y agregó que se registra un gran impacto en la deforestación por la  minería ilegal y por supuesto  los cultivos ilegales de hoja de coca, marihuana y amapola.

“La deforestación de más de quinientas mil hectáreas desde el año 2000 a la fecha se registra no solo por la minería ilegal sino por la destrucción que se presenta durante la siembra de hoja de coca, amapola y marihuana”, señalan los entes de control.

Temas ligados

Por otro lado, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, señaló que “la contaminación causada por el cianuro que se utiliza para separar el oro de la mina genera problemas de intoxicación aguda y deja secuelas crónicas neurológicas. Lo mismo pasa con el mercurio. También se utiliza el monóxido de carbono en general en las explotaciones mineras bajo tierra con todo tipo de implicaciones, también neurológicas. En el fondo estos muchachos y los niños expuestos a estos productos ven comprometido su desarrollo cognitivo que ahonda los problemas”.

Aseguró que “el níquel y el arsénico son problemas de salud pública, pero también son un problema social, afectando las posibilidades de desarrollo en los jóvenes que viven en estos municipios”.

Aseguró que es necesario “trabajar juntos en los diferentes sectores de la nación y en el territorio. En el fondo lo que se está diciendo allí es que tenemos que construir capacidades estatales y el Plan de Salud Pública  trata de plantear una ruta para ir construyendo poco a poco esas capacidades estatales intersectoriales en un trabajo coordinado entre la región y el territorio”.