Está garantizada la participación de las empresas públicas de telecomunicaciones, en igualdad de condiciones que las privadas, en la puja por los contratos de concesión para la operación y explotación del servicio público de televisión por suscripción a nivel nacional.

Así lo considera la Autoridad Nacional de Televisión ANTV) tras publicar un proyecto de resolución con los términos aplicables únicamente y para este proceso para el otorgamiento de concesiones a empresas públicas proveedoras de redes y servicios de telecomunicaciones, que a la fecha no cuenten con una concesión para la prestación del servicio de televisión por suscripción.

De esta forma se aclararían las dudas que se generaron sobre este proceso y que fueron expresadas hace algunas semanas en un debate de control político en la Comisión Sexta del Senado, oportunidad en la cual varios parlamentarios consideraron que la normatividad que estableció sobre el particular la ANTV ponía trabas a la participación de las empresas públicas.

Los interrogantes sobre el particular surgieron en cuanto al artículo 2º de la Ley 1507 de 2012, la cual distribuyó las funciones que tenía la Comisión Nacional de Televisión y que en su lugar creó la ANTV.

El parágrafo 2º de este artículo señala que “dentro de los seis  meses siguientes a la expedición de la presente ley  la ANTV otorgará las concesiones de televisión por suscripción a las empresas públicas proveedoras de redes y servicios de telecomunicaciones que así lo soliciten, previo el cumplimiento de las condiciones establecidas por la entidad para el efecto”.

En ese debate el senador Eugenio Prieto (Partido Liberal), dijo que “el articulado (de la Ley 1507) no determinó que mediante una licitación las empresas públicas de telecomunicaciones pudieran acceder a las licencias de televisión por suscripción, al contrario, intentamos crear una herramienta que garantizara las oportunidades en igualdad de condiciones a los operadores nacionales”.

Por su parte el ministro de las TIC, Diego Molano, dijo que la decisión de entregar las licencias a través de licitación “está basada en la necesidad de blindar con seguridad jurídica a la ANTV. Desde el Ministerio no podemos asignar las licencias de manera arbitraria, no nos corresponde, por eso acudimos a la licitación”.

La Resolución

Tras el debate en la Comisión Sexta del Senado la ANTV decidió hacer un estudio jurídico sobre su decisión de licitar los contratos de concesión para la operación del servicio de televisión por suscripción, contrario a lo que algunos consideraban que en la Ley 1507 existía un mandato para atorgar concesiones a empresas públicas.

En consecuencia y tras tener en cuenta varios estudios jurídicos, la ANTV mantuvo la licitación pública 001 de 2012, pero paralelamente publicó un proyecto de resolución que establece las condiciones que deben cumplir las empresas públicas para acceder, que son las mismas de la licitación. Es decir, lo que se ahorran las empresas públicas es el trámite de la licitación.

La concesión por la explotación de la concesión de televisión por suscripción será por 10 años prorrogables y el valor que deberá pagar el concesionario corresponderá a una tarifa constituida por un componente fijo equivalente a 42.853.719 pesos, diferido en un plazo de dos años, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato de concesión; así como un componente variable, el cual es calculado sobre el número de suscriptores que reporte mensualmente el concesionario.

Sobre el particular el senador Carlos Ferro (Partido Social de Unidad Nacional) dijo que “todas las empresas tanto públicas como privadas pueden estar en igualdad en materia de participar en estas licitaciones que está adelantando la Autoridad Nacional de Televisión, y fundamentalmente no se le puede negar ninguna posibilidad a ninguna de las empresas del sector público, desde que tengan la capacidad financiera y tengan toda la organización para poder atender el servicio”.

El Parlamentario remarcó que desde la Comisión VI del Senado no están pidiendo ventajas para las empresas públicas de telecomunicaciones sino que puedan competir en igualdad de condiciones “como corresponde en este tipo de procesos licitatorios”, dijo.