Las empresas del chance en Colombia son manejadas por mafias y financian el paramilitarismo. Así se denunció ayer en la Comisión Segunda de la Cámara, donde se realizó el debate de control político sobre los juegos de suerte y azar.

Con base en el escándalo de la entrega de la licitación del chance en Sucre a la empresa Aposucre, vinculada por la condenada Enilse López, empresaria conocida como la Gata, el secretario de Transparencia de la Presidencia, Rafael Merchán, sostuvo que lo sucede en este departamento ocurre a nivel nacional.

“Lo que ha pasado en Sucre no es un hecho aislado sino que es producto de unas formas de operar que no dudo en calificar de mafiosas y que se han extendido como un cáncer en varios departamentos. Hay que ver el chance en su conjunto, porque lo de Sucre no es una excepción sino una regla en todos los departamentos”, aseguró Merchán.

El Secretario señaló que las 20 licitaciones con un solo proponente que ha identificado la Secretaría, concluyen que este negocio en el país está “cartelizado”.

“Las empresas operadoras de chance en Colombia están ‘cartelizadas’. Tenemos seguimiento de más de 20 licitaciones donde ha habido proponente único ¿Cómo un negocio que es tan rentable, donde estamos hablando de miles de millones de pesos, se va a presentar un proponente único en 20 departamentos? ¿No es eso lo suficientemente sospechoso que es un sector ‘cartelizado’?”, se preguntó el funcionario.

Merchán le pidió a los bancos hacer cumplir la póliza de cumplimiento establecido como requisito para la ejecución del contrato a la empresa Aposucre.

“No hay crimen perfecto y estamos ansiosos de lo que va a ocurrir en la audiencia de hoy, donde se le va a exigir perentoriamente el cumplimiento del póliza, que es un requisito esencial para la ejecución del contrato. Yo exhorto a las aseguradoras, a los bancos, al sector financiero para que sean solidarios con esta causa, porque esta no es una causa de la Secretaria de Transparencia, esta es una causa del país”, explicó.

Merchán denunció que el exgerente de la Empresa Comercial de Juegos de Suerte y Azar (Emcoazar), Edwin Romero, entregó la licitación departamental de forma irregular desde la clandestinidad.

“El 6 de septiembre se debía realizar el interrogatorio a los testigos y ninguno de los cuatro apareció argumentado que no tenía recursos para desplazarse a Bogotá y esta es la hora en que no sabemos el señor Edwin Romero cómo tomó la determinación a espaldas del país en la clandestinidad y adjudicar este contrato”, enfatizó.

“Hay que romper ese matrimonio siniestro entre política corrupción y delincuencia organizada. Este es un paso que va en el camino correcto para sentar ese precedente”, finalizó su intervención el funcionario.

Paraeconomía

Por su parte, el representante citante Iván Cepeda, del Polo Democrático, aseguró que persiste una poderosa relación entre paramilitarismo, corrupción y política en el negocio del chance en cinco departamentos de la Costa Atlántica.

“La paraeconomía y la parapolítica siguen reinando en una alianza que parece incontrolable por el Estado. La justicia ha ejercido sus pasos más lentos contra alias la Gata y muchos de los procesos, como los relacionados con el lavado de activos no han prosperado”, señaló Cepeda.

Afirmó que está en manos de las administraciones locales y de las autoridades nacionales, acabar con la injerencia de las mafias en la adjudicación de los contratos para la explotación de las apuestas en Sucre, Córdoba, Bolívar, Atlántico, Magdalena y Cesar.

“Es inconcebible que la justicia estadounidense tenga más información de estas personas que la misma justicia colombiana y que continúen rampantes apoyando alcaldes y gobernadores en medio de cuestionamientos tan graves”, puntualizó el representante.

El congresista también les pidió a la Procuraduría, a la Contraloría y demás organismos competentes que investiguen las actuaciones de los gobernadores en los últimos tres periodos en dichos departamentos, así como  a todos los funcionarios de las empresas departamentales encargadas de las adjudicaciones.

El gobernador de Sucre, Julio Guerra Tulena, se excusó de asistir al debate debido a problemas de orden público en el departamento por lo cual tenía programado ayer un consejo de seguridad.