Están detenidas personas de edad que llevan más de sesenta años extrayendo el carbón de sus fincas


Los mineros de carbón del norte de Boyacá agremiados en Asominb, denunciaron una serie de arbitrariedades que se vienen cometiendo con los carboneros que aún no tienen claro que pasará con ellos al no poder vender el mineral que siempre les ha dado el sustento de sus familias.
Los empresarios expresaron su preocupación por la reacción de los mineros que están viendo amenazada su subsistencia y la de sus familias, asunto que puede generar un enorme lío de orden público.
El presidente de Asominb, Germán Suárez Bernal explicó que  el problema nace con el decreto 2715  que reglamenta la Ley 1382 de 2010 el cual quedó mal redactado, dejando en el limbo 12.000 solicitudes de legalización de minería artesanal.
Explicó que esta actividad es hegemónica, en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Santander y Antioquia en donde se realiza una explotación  de carbón, caliza y unos agregados para construcción, que se radicaron en Ingeominas entre Julio y Diciembre de 2010.
“La ley no le permitió legalizar a nadie y hoy 50.000 familias quedaron injustamente criminalizadas y por tanto excluidas, perseguidas y encarceladas”, declaró el dirigente minero a EL NUEVO SIGLO.
Dijo que es muy urgente detener las acciones judiciales contra los mineros hasta tanto no se resuelva la nueva reglamentación que permita legalizar esta actividad que se volvió criminal, según él, desde Julio de 2010.
Aseguró que la falta de legalización de los mineros tradicionales, artesanales y de hecho, obedece a una deficiencia administrativa  del gobierno colombiano y no  a la falta de voluntad de los mineros.
Afirmó que el Amparo Administrativo no puede contemplar en estos momentos el alcance de criminalización. Explicó que este  solo debe aplicarse en cuanto a responsabilidad civil y ambiental de los concesionarios, los cuales también deben demostrar la legalidad de la obtención del título minero, su vocación minera y su capacidad operativa.
“Con lo anterior se dice que disfrutarán de la explotación minera los que no hacen parte del cartel de títulos mineros en vigencia hace unos años”, anotó.
 Consideró que según cálculos del gremio, el perjuicio toca a no menos de 200.000 personas.
En su opinión, el Gobierno no solamente está condenando a la ruina a los mineros, sino que los criminaliza, con lo cual los excluye, los encarcela y les vulnera derechos fundamentales como el trabajo, la vida digna y la libertad.
Suárez Bernal aclaró que en Octubre pasado se presentó el documento de la mesa nacional de mineros artesanales tanto al Ministerio de Minas como a la Procuraduría general de la Nación.
Comentó que los mineros artesanales no están en contra de la inversión extranjera en Colombia porque esta es sinónimo de progreso la cual puede coadyuvar con el desarrollo de infraestructura vial, ferroviaria y portuaria.
“Lo que no podemos tolerar es que se nos excluya, desplace, persiga y encarcele por desarrollar la actividad minera en nuestros propios predios, asumiendo costos y generando empleo sin haber tenido el más mínimo apoyo Estatal”, alegó.
Suárez defendió la minería artesanal porque con ella se construyó y se construye patria, formando personas de bien asociadas al Estado Social de Derecho y no como súbditos de un virreinato.
La oferta de carbón del norte de Boyacá supera las 200.000 toneladas por mes lo cual implica un impacto económico y social para nada de poca monta.