Decretar el estado de emergencia penitenciaria y carcelaria es una medida bien intencionada, pero insuficiente ante la grave situación humanitaria en las cárceles del país, por cuenta del hacinamiento y la deficiente atención en salud entre otros problemas, consideró la Defensoría del Pueblo.

 

Como lo informó desde esta mañana EL NUEVO SIGLO, el Consejo Directivo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) decidió hoy adoptar la medida basado en graves situaciones de salud y de orden sanitario y condiciones higiénicas que no permiten la convivencia.

 

A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo recordó que en su labor humanitaria para proteger los derechos de la población carcelaria realiza visitas permanentes a todos los centros de reclusión del país, y ha podido constatar las difíciles condiciones de la población reclusa. En materia de salud es tan crítica la situación que apenas se cuenta con un médico por cada 496 internos.

 

Al revisar los 134 establecimientos penitenciarios y carcelarios del país, la Defensoría ha podido establecer que en el 55% no se cumple con el suministro de medicamentos, el 83% no cuenta con insumos médicos y el 88% no aplica protocolos para la recolección de residuos hospitalarios. Como si fuera poco, cerca de 10.000 pacientes registran represamiento de los procedimientos médicos solicitados.

 

Ante este grave panorama, la Entidad reitera que el estado de emergencia es tan solo un paliativo que no le permite al Gobierno adoptar medidas legislativas de fondo, como flexibilizar los requisitos para la concesión de subrogados penales (libertad condicional, prisión domiciliaria y el sistema de vigilancia electrónica).

 

Además, esta medida solo cobija al Inpec y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) pero no al Fondo Nacional de Atención en Salud de las personas privadas de la libertad. 

 

Cabe recordar que ante la grave crisis sanitaria en los centros penitenciarios, la Defensoría había presentado una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación para que se investigue al gerente del Fondo y se pidió a la Contraloría General de la República y a la Fiscalía General de la Nación que revisen el manejo administrativo de 83.000 millones de pesos asignados para la atención médica de los internos.

 

Así las cosas, la Defensoría insiste en la necesidad de decretar una emergencia social carcelaria, es decir un auténtico estado de excepción que permitiría implementar decisiones de fondo como, por ejemplo, modificar el actual modelo de prestación de salud; destinar nuevos y mayores recursos presupuestales para garantizar los derechos de la población carcelaria; modificar transitoriamente el régimen penitenciario y el código penal para permitir la excarcelación de los delincuentes de bajo perfil, que no suponen un peligro para la comunidad, y facilitar la vinculación de un mayor número de personas al cuerpo de custodia y vigilancia.

 

Emergencia 

 

Las cárceles en emergencia son 74, casi la mitad de las que tiene el país, en las que no hay servicio de salud y donde la población reclusa debe ser atendida de "urgencia", informó el Ministerio de Justicia.

 

"Esta declaratoria de emergencia carcelaria (...) es fundamental en cuanto que en este momento muchos centros de reclusión tienen problemas de salud y lo que está en juego son vidas humanas", dijo a periodistas el titular de la cartera Jorge Londoño.

 

El ministro consideró "datos preocupantes" que "en 74 centros carcelarios no hay un servicio de salud".

 

Hasta diciembre de este año, equipos de asistencia médica reforzarán los servicios sanitarios de esas cárceles, donde se rehabilitarán las áreas de atención médica.

 

"El problema de fondo es cómo vamos a solucionar el problema de la salud y qué sistema vamos a aplicar en estos establecimientos carcelarios", agregó Londoño.

 

Con este plan, se atenderán "prioritariamente" a internos con VIH (611), cáncer (89), diabetes insulinodependientes (1.112), EPOC (188) y psiquiátricos (2.884), según cifras publicadas en un comunicado del Ministerio.

 

Para el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la "difícil situación humanitaria" en las cárceles de Colombia se remonta a años atrás. Superar la crisis del sistema penitenciario es uno de los retos para 2016 que el organismo destacó en su último informe anual sobre derechos humanos en el país.

 

"El solo hecho de salir del patio donde se encuentran recluidos para ir a ver a un médico suele ser una odisea, pues deben arreglárselas para ser incluidos en una corta lista por la que compiten con los demás internos", afirmó la Cruz Roja en ese texto.

 

Las 134 cárceles de Colombia tienen capacidad para unas 80.000 personas, pero su población supera los 120.000, según los datos del CICR. 

 

Urgencia 

 

El representante por Bogotá, Telésforo Pedraza, del Partido Conservador, declaró esta tarde que “lo he venido advirtiendo: que la situación es grave y que iba estallar la crisis. Por eso hace unos días cité a un debate al ministro de Justicia y al director del Inpec para tratar el tema”.

 

No solo es el tema de salud, sostuvo Pedraza, porque además existen problemas graves de alimentación, hacinamiento y corrupción: “No podemos continuar con esta realidad tan dramática. El Gobierno deberá explicar las medidas que piensa implementar para solucionar la problemática”. /ENS con AFP