Luego de evaluar la gestión del proceso de administración y control de los dineros que deben ser consignados a la rama judicial, la Contraloría General de la República encontró un presunto detrimento patrimonial por  3.167 millones correspondientes a depósitos judiciales.

Esta Auditoría incluyo el examen del proceso de depósitos judiciales al Consejo Superior de la Judicatura y Banco Agrario de Colombia, lo mismo que a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN y el Instituto de los Seguros Sociales –ISS.

Según la Contraloría, se trato de una Auditoria Intersectorial realizada conjuntamente por la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras y la Contraloría Delegada para Defensa, Justicia y Seguridad.

Dentro de este informe se advierten hechos preocupantes en cuanto al manejo de los depósitos judiciales que dejan ver la inexistencia de una información cierta, veraz y oportuna conciliada entre los datos que tiene el Consejo Superior de la Judicatura y el Banco Agrario. 

Por su parte, el Consejo Superior de la Judicatura, que tiene las funciones de regular, asesorar y controlar los depósitos judiciales,  no dispone de un proceso que consolide, registre y actualice la operación de los depósitos judiciales, administrados por los Despachos Judiciales.