La Contraloría General informó que frente a los embargos efectuados a los concesionarios del servicio de Aseo de Bogotá,  éstos se decretaron  sobre cuentas y dineros propios de estas empresas y no sobre bienes destinados a la prestación del servicio público, ni sobre cuentas  en las que se recaudan y manejan los recursos de tarifas.

Por lo tanto, resulta inaceptable que se desinforme a la comunidad al pretender recurrir por parte de estas empresas a un supuesto plan de cese de actividades de recolección de basuras como  medida de fuerza o vía de hecho para presionar el levantamiento de las medidas cautelares decretadas por este órgano de control.

El propósito legal  de estas medidas es precisamente el de amparar el pago del detrimento causado por presuntos manejos irregulares de los recursos de tarifas de aseo en cuya gestión participaron estos concesionarios, es digno de todo rechazo por tratarse de  un servicio público esencial.

Tal actitud es un despropósito, pues el detrimento asciende a  casi $60.000 millones, mientras que los bancos han reportado hasta el momento embargos que no superan los $90 millones y los concesionarios deben hacer  los pagos a sus proveedores y trabajadores directamente desde el Patrimonio Autónomo donde se manejan los recursos de las tarifas y por lo cual ya se paga una comisión a la Sociedad Fiduciaria.