El partido socialista, opositor a Rajoy, dijo que acordó con el jefe de gobierno la celebración de elecciones en esa región. Sin embargo, Puigdemont ha expresado que esta opción no es viable. Hoy se dará a conocer si Madrid activa el artículo 155 e interviene la región

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El partido Socialista Obrero Español (Psoe) afirmó que con el Gobierno acordó celebrar elecciones autonómicas en Cataluña en enero del 2018, informó Carmen Calvo, una de las líderes de la colectividad. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se negó a confirmar esta información, pero aseguró que el PP, Psoe y Ciudadanos “vamos a actuar conjuntamente”.

La medida hace parte de la implementación del artículo 155 de la Constitución española, que estipula que el presidente puede adoptar “las medidas necesarias” para “obligar” a una Comunidad Autónoma el “cumplimiento forzoso” de sus “obligaciones” que la Constitución u otras leyes le “imponen”.

Nunca en los últimos 40 años se había siquiera planteado la posibilidad de ejecutar este artículo, por lo que nunca se ha desarrollado en una ley.

El objetivo de aplicar el artículo 155 es recuperar la legalidad y la normalidad institucional, aseguró el presidente Rajoy en una rueda de prensa en Ginebra luego de una reunión con el Consejo Europeo.

“El 155 se acordará mañana, como hemos dicho en el acuerdo de ministros. Quien tiene la culpa de lo que está pasando es el incumplimiento de la ley”, anunció Rajoy. 

Título

A pocas horas de que se anuncien las medidas, los máximos dirigentes del país subieron el tono: el rey Felipe VI denunció que España vive "un inaceptable intento de secesión", y el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, afirmó que se ha "llegado a una situación límite".

En el mismo acto en que se pronunció el monarca en Oviedo (norte), el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, reiteró veladamente la oposición del bloque a una secesión unilateral de Cataluña, al cargar contra quienes "siembran la discordia ignorando voluntariamente las leyes".

El equipo de Rajoy lleva días negociando con los socialistas, principal fuerza opositora, la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Éste permite intervenir total o parcialmente las competencias de una región para obligarla al "cumplimiento forzoso" de la legalidad.

La suspensión de competencias, no obstante, es una jugada muy arriesgada en una Cataluña celosa de su autogobierno, que tiene a su cargo la gestión de importantes servicios como sanidad y educación y cuenta con una policía propia.

El presidente catalán Carles Puigdemont ha amenazado con que si se aplica el artículo 155, el Parlamento regional podría proclamar unilateralmente la independencia, amparándose en el referendo prohibido del 1 de octubre, que los separatistas dicen haber ganado.

Elecciones

El gobierno central se está tomando por ello su tiempo, y envió a Puigdemont el mensaje de que todavía puede dar marcha atrás.

"Siempre que no proclame formalmente la independencia y dé marcha atrás en sus planes secesionistas, hay margen" para hablar, dijo a la radio Cadena SER el número 3 del PP, Fernando Martínez-Maíllo.

Como vía de salida a la crisis, una opción que está ganando peso es la de un adelanto electoral en Cataluña, tal y como expresó abiertamente el portavoz del gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo.

"La lógica de este proceso abocará a unas elecciones, a unas elecciones legalmente convocadas", declaró.

Por su lado, la dirigente socialista Carmen Calvo, encargada de pactar las medidas del 155 con el gobierno, confirmó informaciones de prensa según las cuales el líder del PSOE, Pedro Sánchez, está de acuerdo con Rajoy en que haya elecciones en Cataluña en enero.

"Pedro Sánchez tiene absolutamente claro, desde el minuto uno, que esto es para llevar a Cataluña a unas elecciones", explicó.

Las últimas elecciones regionales catalanas tuvieron lugar el 27 de septiembre de 2015. En ellas obtuvieron una mayoría de escaños los partidos separatistas, repartidos entre la actual coalición de gobierno Juntos por el Sí, y el partido anticapitalista CUP, que brinda a estos un apoyo esencial en la cámara.

La pregunta está en cómo se podrían celebrar esas elecciones regionales, cuya convocatoria corresponde a su presidente.

El gobierno de Rajoy le ha dicho a Puigdemont que si él llama a elecciones, se parará el proceso de intervención de la autonomía. Aunque el ejecutivo regional no quiere ese escenario por ahora.

Puigdemont en cualquier caso está bajo la presión contradictoria de Madrid y de los círculos empresariales, que le piden dar marcha atrás, y del ala dura del soberanismo, que le exige proclamar ya la República catalana para fortalecer su posición.

En las últimas tres semanas, y ante la incertidumbre reinante, unas 1.200 empresas iniciaron trámites para sacar de Cataluña su sede social, según el Colegio de Registradores.

Los independentistas, muy movilizados

En la calle, la movilización de los independentistas no ceja. Ayer, muchos fueron a retirar dinero como gesto de protesta contra el gobierno español y los bancos que trasladaron fuera de la región su sede social, como CaixaBank y Sabadell.

Joaquim Curbet, un editor de 58 años, retiró del banco 155 euros, "una suma simbólica para protestar y presionar al gobierno español".

También de forma simbólica, Roser Cobos retiró 1.714 euros, en referencia al año en que el rey Felipe V abolió las instituciones autónomas con las que hasta entonces contaba Cataluña.

"Es una forma de protestar. No queremos hacerle ningún mal a la economía española o catalana", dijo esta abogada de 42 años.

La retirada de dinero fue promovida por la asociación independentista Òmnium Cultural. Actualmente, su presidente Jordi Cuixart y el de otra asociación soberanista (Asamblea Nacional Catalana), Jordi Sánchez, están en prisión preventiva cerca de Madrid por un presunto delito de "sedición.

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