Veintidós alertas tempranas sobre hechos que amenazan el libre desarrollo de las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales de 2014, emitió la Misión de Observación Electoral (MOE).

Las advertencias recogidas por las 37 regionales de la organización se refieren a peligros en materia de orden público, de fraude, de financiación y posibles violaciones a las normas de propaganda política.

Entre los riesgos está el uso de los programas de Gobierno, frente a los cuales, se recordó a “las autoridades locales (Alcaldías y Gobernaciones) que no pueden usarlos con fines electorales”.

Del mismo modo se advirtió sobre los peligros de la eliminación de la exigencia de la firma y de la huella en el formulario E-11 o acta de votación de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Otro punto en el que llamó la atención la Misión es la falta de regulación del procedimiento de la votación de colombianos en el exterior ya que la Ley brinda ocho días seguidos para que se surta este proceso.

El informe llamó la atención sobre la necesidad del Consejo Nacional Electoral (CNE) de “hacer públicos los valores de la publicidad en medios de comunicación para facilitar la verificación de la violación de topes”.

En este sentido se enfatizó sobre el equilibrio informativo en los medios. “Se sugiere que la Agencia Nacional de Televisión (ANTV) presente tanto la metodología de seguimiento al equilibrio informativo para las próximas elecciones, como la asistencia permanente en las comisiones de seguimiento electoral”.

También se advirtió sobre la publicidad electoral extemporánea y excesiva por parte de candidatos. “Los precandidatos vienen desplegando publicidad electoral en espacio público por fuera de los términos legales. Asimismo existe publicidad expectativa asociada a candidatos particulares”, precisó el documento.

También se mencionó la no utilización de programas sociales en beneficio de campañas políticas.

Financiación

En el financiamiento de campañas, la organización hizo un llamado para “hacer una vigilancia exhaustiva a capitales extranjeros”, a esto agregó que “existe un riesgo asociado al exceso de financiación y lavado de activos en zonas de  economías ilegales relacionadas con el contrabando, narcotráfico y extracción minera legal e ilegal”.

Del mismo modo se llamó la atención sobre el respaldo económico por parte de los contratistas de alcaldías y gobernaciones, por lo que alertó a la Procuraduría para que esté “atenta para que ninguna administración ejerza coerción a contratistas para favorecer alguna campaña”.

Orden público

En materia de orden público se advirtió sobre los efectos que el conflicto de los empresarios de las esmeraldas en Boyacá pueda generar en el proceso. En este sentido se advirtió sobre posible constreñimiento al elector, alteraciones al orden público y aumento de la violencia política.

La MOE hizo énfasis frente a las alianzas con grupos ilegales, circunstancias sobre las que  se dijo que “es necesario que las autoridades hagan un seguimiento e inteligencia a las campañas para que estructuras ilegales no permeen campañas políticas, como ha ocurrido en otros procesos electorales”.

Sobre la injerencia de las bandas criminales (Bacrim) indicó que “sigue latente el riesgo de que bandas criminales interfieran en el proceso electoral favoreciendo campañas electorales y/o  intimidando a los ciudadanos”.

Asimismo enfatizó en los riesgos para participar en las elecciones sin peligro para su integridad de los líderes y población beneficiada con la restitución de tierras.

La violencia urbana fue identificada como otro de los peligros que puedan generar constreñimiento al elector.

En cuanto a los mecanismos electorales por parte de los partidos como las revocatorias de inscripción y de avales, se cuestionó que “no haya un  procedimiento específico para la revocatoria de inscripciones por parte del CNE. El procedimiento contemplado por el Código Contencioso Administrativo es muy largo, teniendo en cuenta que desde la inscripción hasta el día de las elecciones solo hay tres meses”.

La Misión criticó que “la Fiscalía General de la Nación no ha cumplido con la puesta en marcha de la Unidad Especializada para Delitos Electorales, no obstante haber sido establecida por ley a mediados del 2011”.

“De otra parte se señaló el incumplimiento en el desarrollo de las comisiones Departamentales y Municipales de Seguimiento y Garantías Electorales a menos de cuatro meses de las elecciones”.

En este punto recalcó en “las deficiencias e irregularidades que sobre el proceso electoral se presentan en las comisiones municipales y departamentales que no llegan al nivel nacional”.

La ausencia de la identificación biométrica también fue advertida como un riesgo sobre el cual la organización señaló que  “irregularidades como la suplantación de votantes o personas que votan dos veces se siguen presentando en aquellos puestos de votación donde no se ha implementado la identificación biométrica”.

Otro punto débil son los Tribunales de Garantías Electorales del CNE frente a los cuales se dijo que “es necesario que las organizaciones políticas y la ciudadanía en general sean informadas sobre la composición y funcionamiento de estos tribunales al igual que sus decisiones sean presentadas en las comisiones de seguimiento electoral”.

Frente a las  redes sociales, se indicó que se pueden aprovechar para hacer publicidad velada por la falta de reglamentación.

La contratación de supernumerarios también es señalada como un hecho de posible corrupción. “Existen regiones donde hay una fuerte percepción de politización en la contratación de supernumerarios de la Registraduría en el nivel local. Es necesario transparentar los procesos y procedimientos de selección y contratación”.

Concluye el documento diciendo que en la selección de jurados de votación se deben “verificar las bases de datos de las empresas y organizaciones políticas que presentan listados de jurados de votación para garantizar heterogeneidad en las mesas de votación”.