Los nombres del expresidente Uribe y sus más cercanos colaboradores de su gobierno siguen sonando en procesos judiciales. Basta decir que hace 10 días la Fiscalía llamó a juicio al exsecretario de prensa, César Mauricio Velásquez, y al exsecretario jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo, por las ‘chuzadas’ a magistrados de la Corte; y ahora solicitó lo mismo en contra del exembajador ante la OEA, Luis Alfonso Hoyos, por espionaje a los negociadores del proceso de paz.

También el pasado miércoles, la Fiscalía compulsó copias a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que se investigue al expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez por su presunta participación y conocimiento en los hechos que rodearon la muerte del exsecretario de Gobierno de Antioquia, Pedro Juan Moreno, registrada el 24 de febrero de 2006.

Uribe reaccionó a esta decisión del ente investigador, anunciando que denunciará al Fiscal General de la Nación por "prevaricato de la compulsa politiquera y difamante".

Esto se suma a una serie de sentencias penales y decisiones disciplinarias de la Procuraduría General contra funcionarios en los dos mandatos de Álvaro Uribe por varios escándalos que estallaron. Es  el caso de la denominada yidispolítica, como se conoce a las dádivas que desde la Casa de Nariño se habrían entregado a congresistas para asegurar la aprobación de la reforma constitucional que terminó derivando en la reelección del mandatario.

Por la yidispolítica fueron condenados a seis años de prisión por el delito de cohecho el exministro del Interior, Sabas Pretelt, y el exministro de la Protección Social, Diego Palacio.

Otro gran escándalo fueron las ‘chuzadas’ y seguimientos ilegales que se adelantaron desde el DAS a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, políticos de oposición y algunos periodistas. Sin olvidar las irregularidades que se habrían producido en el desarrollo del Programa Agro Ingreso Seguro, pues según las autoridades los subsidios reservados para campesinos pobres terminaron siendo adjudicados a hacendados ricos, especialmente de la costa norte, por lo cual la Corte Suprema de Justicia condenó al exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, a 17 años de prisión por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales.

Chuzadas II

Ayer se conoció que la Fiscalía radicó escrito de acusación contra el exembajador ante la OEA, Luis Alfonso Hoyos, por los delitos de concierto para delinquir, violación de datos personales, espionaje y uso ilegal de software.

El exfuncionario es investigado porque previo a las elecciones presidenciales de 2014, oficiando como asesor espiritual de la campaña del aspirante del Partido Centro Democrático, Óscar Zuluaga, habría dado instrucciones al hacker Andrés Fernando Sepúlveda para obtener información de las conversaciones de paz y los negociadores con el objeto de desprestigiar este proceso.

Incluso, Sepúlveda, quien fue condenado a 10 años de prisión por estos hechos, aseguró que vendieron información, que inclusive se la entregaron a Luis Alfonso Hoyos por un monto de $8 millones.

Hoyos negó que haya solicitado a Sepúlveda adelantar espionaje al proceso de paz, sin embargo, salió del país en diciembre de 2014, una vez que conoció que la Fiscalía lo investigaría por estos hechos.

La Fiscalía ya solicitó una circular roja de Interpol para que se haga efectiva su captura en cualquier parte del mundo,  no obstante aún no ha sido aprobada.

Chuzadas I

La Fiscalía llamó a juicio a César Mauricio Velásquez, exsecretario de prensa, y Edmundo del Castillo, exsecretario jurídico de Presidencia, por las ‘chuzadas’ que se orquestaron desde el DAS para supuestamente hacer un complot contra los magistrados de la Corte Suprema, que por esos días estaban enfrentados con el presidente Uribe.

 Velásquez y del Castillo son acusados por los delitos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones y peculado, debido a la visita que hizo a la Casa de Nariño Severo Antonio López Jiménez, alias ‘Job’, exjefe paramilitar, supuestamente para urdir un plan de desprestigio a magistrados de la Corte.

Por las ‘chuzadas’ del DAS fueron ya condenados la exdirectora de este organismo de seguridad, María del Pilar Hurtado, a 14 años de prisión. Por estos mismos hechos la Procuraduría la destituyó y la inhabilitó por 18 años para ocupar cargos públicos.

También fue condenado el exsubdirector de contrainteligencia del DAS, Jorge Alberto Lagos a 8 años de prisión; el exjefe de inteligencia del DAS, Fernando Tabares, condenado a 8 años y 4 meses.

En tanto que el exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, fue destituido por el Ministerio Público e inhabilitado por 18 años por las interceptaciones que se orquestaron desde este organismo de seguridad.

Además el exsecretario General de Presidencia, Bernardo Moreno, fue condenado a 8 años de prisión domiciliaria por los delitos de concierto para delinquir simple, interceptación de comunicaciones y abuso de función pública.

El propio expresidente  Álvaro Uribe es investigado desde el 2010 por la Comisión de Acusación de la Cámara para establecer si tuvo alguna responsabilidad en las ‘chuzadas’ ilegales.