Un informe de la Anif revela la forma en que los candidatos elegidos se valen de sus cargos para cancelar sus deudas proselitistas.

 

A escaso año y dos meses de nuevas elecciones parlamentarias en Colombia, vale la pena recordar cómo se da la relación entre la creación y financiación de las campañas políticas y el posterior pago de las deudas adquiridas por los candidatos por medio de pagos clientelistas o burocráticos.

 

El llamado ‘Roscograma’ distingue tres fases desde las que se comienza a configurar esta relación, estas son: la campaña, las elecciones y las pos elecciones.

 

Según un informe de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), se identificó al político representativo en dos tipos según el apoyo partidista; el fuerte y el débil.

 

 

El fuerte

 

De acuerdo con el Instituto, “el político que cuenta con fuerte apoyo partidista seguramente incurrirá en un bajo endeudamiento para adelantar su campaña, pues los recursos del partido y la amplia base electoral jugarán a su favor”.

 

Sin embargo, “si un político quiere jugarle al voto preferente, tendrá que asignar una porción adicional de sus recursos a tal propósito”, advierte el documento.

 

El informe señala que si el dirigente resulta elegido, las costumbres políticas le permitirán reclamar como pago, cuotas burocráticas en diferentes organismos del Estado.

 

“En el período pos-electoral podrá entrar a reclamar su ‘botín político’ a nivel nacional, ‘exigiendo’ ampliar sus cuotas políticas en entidades como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), el Instituto de Seguros Sociales (ISS) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y uno que otro cargo en los rangos bajos de los ministerios y en entidades descentralizadas del orden nacional”, advierte Anif.

 

Ahora bien, en el caso de que el político no resulte elegido de acuerdo con el ‘Roscograma’, este podrá “aspirar a premios de consolación bajo la forma de juntas directivas como las de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR`s) o puestos diplomáticos, desde embajador hasta cónsul, dependiendo de sus entronques políticos con el gobierno nacional. En últimas, le quedará la opción de regresar a buscar sus cuotas burocráticas regionales”.

 

En conclusión, sobre este caso los especialistas señalan que “en general, si se cuenta con fuerte apoyo partidista, quienes resultan electos podrán repagar sus deudas con relativa facilidad y su manejo burocrático. Este último a veces incluye contratos, con jugosas cláusulas CVY (¿Cómo voy yo?), que les servirán para prepararse para la siguiente contienda electoral”.

 

A pesar de las conductas non sanctas, se advierte que “la probabilidad de revocatoria del mandato es casi nula, pues en Colombia se refiere al supuesto incumplimiento de su plataforma electoral y no a la malversación de dineros públicos. Además, en Colombia, ¿Quién se acuerda del Senador o Representante por el cual votó y de cuál era su programa electoral?”.

 

 

El débil

 

En este caso, el candidato se distingue por tener poco apoyo partidista en su campaña “es mucho más complicada e incierta”.

 

Pero si aún así este aspirante resulta elegido, el análisis indica que “debe moverse cuidadosamente para lograr penetración burocrática propia. Los aspirantes novatos tienen una alta probabilidad de no salir elegidos y, en este caso, deberán responder con su propio patrimonio frente a las deudas contraídas”.

 

 

Costos de campañas

 

En conclusión, Anif afirma que la ‘carrera partidista’, “se ha vuelto cada día más competida en Colombia y sus costos financieros bien pueden oscilar entre los 3.000 millones de pesos para Senado (frente al tope legal de los 700 millones de pesos) o los 1.500 millones de pesos para Representante (frente al tope de 500 millones de pesos).

 

En cuanto al reintegro electoral para los ganadores, el Instituto indica que esto

“ha hecho que los políticos en Colombia hagan ‘jugadas electorales’ cada vez más arriesgadas. De hecho, los políticos ganadores ahora sienten que tienen más derecho a usufructuar la burocracia para repagar sus deudas y ello, por supuesto, va en detrimento de la calidad legislativa del país”.

 

El informe finaliza diciendo que “los políticos ganadores ahora sienten que tienen más derecho a usufructuar la burocracia para repagar sus deudas y ello, por supuesto, va en detrimento de la calidad legislativa del país”.

 

 

El análisis

 

Para la politóloga Claudia López, investigadora de la Corporación Nuevo Arco Iris y de la Misión de Observación Electoral (MOE), aunque en principio la financiación de campañas es una conducta legítima, hay que identificar los intereses políticos o económicos de las empresas o personas que apoyan estos procesos.

 

“Es legítimo y comprensible que los financiadores y gente que apoya a un candidato político después tenga representación en su gobierno, eso no me parece anómalo per se, pero hay que esclarecer qué intereses representa; si son políticos o económicos, porque si existen conflictos de interés, pues es obvio que no pueden ocupar las carteras donde tengan conflicto”, explicó López.

 

Según la especialista, hacen falta procesos de vigilancia para descubrir dónde puede haber conflicto de intereses.

 

“Debería haber mecanismos de veeduría especial. Mecanismos de veeduría real ciudadana donde pueda haber un mayor conflicto de interés con la gente que se nombra, pues esta claro que la Contraloría la Procuraduría no sirven para nada en este efecto”, señaló.

 

Por último la consultora afirmó que se le deben pedir resultados a las autoridades en los casos en que se compruebe usufructo del erario público.

 

“Cuando ya hay cosas evidentes, digamos que se oculta información, se nombra gente que tiene negocios para, digamos robarse la administración pública o poner la función pública en intereses que, así sean legales, son contrarios al interés público o criminales, eso ya es un tema de que opere la justicia, eso ya sobrepasa los limites de que haya veeduría o transparencia y pasa a un tema de ilegalidad y ahí se pide justicia pronta y eficaz”, puntualizó López.