El paro que un sector de los camioneros está adelantando hace ya cuatro semanas no solo suma pérdidas que se calculan alrededor de 800 mil millones de pesos, sino que amenaza ya con revertir el cambio de tendencia en el crecimiento de la inflación este año, sobre todo en el último trimestre.  Si bien es cierto que el Gobierno y los gremios que lideran la protesta llevan más de quince días sentados a la mesa y ambas partes reconocen algunos avances en la negociación, al final del día miles de camiones y tractomulas  permanecen parqueados,  mientras que los pocos que se arriesgan a trabajar son blanco de agresiones de creciente gravedad por parte de quienes participan en la parálisis.

Lo más grave de esta situación que, como se dijo, se está tornando crítica, es que  mucho de lo que hoy se discute ha sido móvil de anteriores paros, algunos más cortos y  otros más largos, pero los acuerdos a que se llegó en cada una de esas protestas para que se levantaran, no solucionaron la problemática de fondo de un sector en el que hay varios actores y todos con intereses muy propios.  De un lado, están las empresas generadoras de carga, que son las que pagan por la movilización de los productos. De otro, los camioneros, que en su gran mayoría son los dueños de los vehículos y cuyos ingresos dependen del flete que se les cancela por cada servicio que prestan.  En medio de ellos se encuentra el Estado como regulador de la actividad de transporte de carga, con la función de generar y hacer cumplir un marco normativo mínimo  en el que, sin violar el libre juego de la oferta y la demanda, se asegure el equilibrio para prestadores y operadores. Ese mismo Estado es, a la vez, el que maneja  o concesiona  las principales autopistas del país y para su mantenimiento y retorno de la inversión cobra o autoriza los peajes, cuyas tarifas más altas obviamente las pagan los vehículos de mayor tonelaje.  A todos los anteriores se suman los dueños de la carga y en cuya estructura de costos el transporte ocupa uno de los rubros más importantes y si éste se incrementa obviamente se afectan los márgenes de rentabilidad. Es allí en donde entra el consumidor final, es decir todos los colombianos que han visto cómo el precio de alimentos, víveres y demás productos se incrementan mes tras mes con la excusa de que subió el transporte.  Para cerrar este círculo vuelve aparecer el Estado, no sólo como el que fija los precios de los combustibles y los peajes, sino también como el encargado de controlar, junto al  Banco de la República, que la inflación no se dispare, ahogando a las familias y a la economía en general.

Solo si se entiende este circuito económico en el sector del transporte, que para los expertos es apenas básico,  es posible que la opinión publica verifique  la dificultad que conlleva  aplicar algún ajuste en los eslabones de esta cadena de negocio. Una salida populista bien podría ser la de aumentar irresponsablemente los fletes de los camioneros, pero al hacerlo se afectaría todo el resto de la estructura y, al final, los paganini terminarían siendo, como siempre, los  consumidores finales que tendrían que cancelar por los productos transportados precios incluso superiores a los que hoy están soportando en muchas plazas y supermercados debido al efecto del paro.  No es fácil, entonces, encontrar una solución al paro pero si Gobierno y camioneros no definen puntos de equilibrio rápidamente, la situación se tornará explosiva en distintas regiones del país. 

Situación muy distinta es la relativa al pulso por la chatarrización de camiones y tractomulas viejas.  Aquí toda la responsabilidad del proceso recae en el Estado, pero lamentablemente a lo largo de los años este mecanismo de sustitución vehicular se ha convertido en tierra de nadie, en donde camioneros y  autoridades se cruzan acusaciones  de ‘conejos’ e incumplimientos graves,  en tanto que la sobreoferta en el sector ya va alrededor de cincuenta mil automotores, lo que hace totalmente imposible poder regular de manera eficiente y permanente el servicio de transporte de carga.  El Estado, a través de los ministerios, superintendencias y demás entidades sectoriales, tiene que configurar un método infalible  para la chatarrización  que no permita la más mínima anomalía o esguince. No hay más excusas.

Hacemos votos, pues, para que las negociaciones lleguen a buen término y este paro camionero no solo se levante lo más pronto posible, sino que los acuerdos se cumplan de manera eficiente y que en pocos meses no estemos repitiendo el mismo traumatismo de hoy.