El legislativo federal aprobó una ley para convocar para el 1 de octubre un referéndum de secesión de España, que Madrid considera inconstitucional y que buscará impedir con todo su arsenal jurídico. Los tiempos de amistad quedaron atrás.

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El parlamento de Cataluña aprobó una ley para convocar para el 1 de octubre un referéndum de secesión de España, que Madrid considera inconstitucional y que buscará impedir con todo su arsenal jurídico.

Tras una tensa sesión que se prolongó por once horas, la ley fue aprobada con los 72 votos de la mayoría independentista de la cámara y 11 abstenciones.

Gran parte de la oposición, que denunció la ilegalidad de la votación, se ausentó, no sin que antes algunos de los diputados dejaran en sus escaños banderas de España y de Cataluña juntas.

Una vez aprobada la ley, los diputados independentistas estallaron en aplausos y cantaron el himno regional.

Ahora el Gobierno catalán debe firmar el decreto para convocar el referéndum para el 1 de octubre, ignorando también los autos judiciales que lo han prohibido.

Con él, se busca preguntar a los catalanes si quieren que esta región de 7,5 millones de habitantes (16% de la población española) se convierta en un "Estado independiente en forma de república".

Pero deberá superar el contraataque jurídico desplegado por el Gobierno español, que la rechaza de plano reiterando que es inconstitucional, tal y como lo determinó la justicia.

"Intentamos desde el principio" que fuera un referéndum pactado con Madrid, pero "no ha podido ser, y no porque esté prohibido, sino por falta de voluntad política del Estado español", explicó Lluís Corominas, jefe del grupo parlamentario Junts pel Sí (Juntos por el Sí), al frente del gobierno catalán.

A su juicio, los catalanes han sufrido "menosprecios, ataques a nuestra competencias, discriminación sistemática a nivel económico y cultural", señaló.

Internacionalmente, "nadie apoyará un movimiento ultranacionalista que quiere fracturar las cuarta potencia de la Unión Europea", dijo Xavier García Albiol, diputado del conservador Partido Popular que gobierna en España.

Inés Arrimadas, líder del principal partido opositor en Cataluña, Ciudadanos, anunció que su organización impulsará una moción de censura para intentar convocar elecciones regionales anticipadas.

 Recursos legales

El Gobierno central ya anunció a mediodía un recurso ante el Tribunal Constitucional para que "declare nulos y sin efectos los acuerdos adoptados" que permitieron este debate en el Parlamento catalán.

En pocas horas se espera que actúe de nuevo para impugnar esta ley.

El tribunal constitucional, que ya ha declarado ilegal la consulta, podría empezar a estudiar los recursos el jueves, indicó a la AFP una fuente de la corte.

En paralelo, la fiscalía ha anunciado que se va a querellar "por desobediencia" contra la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y otros responsables de la cámara. 

Cataluña experimenta desde 2010 un brote de fiebre secesionista, en parte alimentada por la crisis y el sentimiento de haber sido tratada injustamente por el Estado central.

La anulación parcial en 2010 por el Tribunal Constitucional de un Estatuto que desde 2006 otorgaba nuevas competencias a la región y el título de "nación" fue el desencadenante.

Una vez en el poder en 2015, los separatistas prometieron impulsar la independencia de la región con cultura y lengua propias, que representa el 20% del PIB de España.

El Gobierno central prometió nuevas inversiones en la región, pero sin ceder en lo esencial: la exigencia de organizar la consulta que permita a los catalanes decidir su futuro, a imagen de los escoceses en 2014.

Buscando respaldos políticos frente al desafío independentista, Rajoy se reunirá el jueves con el jefe del Partido Socialista, Pedro Sánchez, y el de Ciudadanos, Albert Rivera, ambos opuestos al referéndum.

Los funcionarios que ayuden a organizar el referéndum se exponen a sanciones.

Según Yolanda Gómez, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad a Distancia (UNED), se trataría de sanciones disciplinarias, como "la suspensión temporal de empleo y sueldo".

Dicha medida podría aplicarse, por ejemplo, a directores de instituto o rectores de universidad que abran el 1 de octubre sus locales para que sean usados como centros de votación.

Dependiendo de la gravedad de la infracción cometida, se podría llegar a la vía penal, que permite imputar a funcionarios o cargos políticos por "desobediencia" e incluso en los casos más graves por "rebelión".

En estos casos, los encausados podrían tener incluso que responder con su propio patrimonio, si la justicia estima que se han desviado caudales públicos para la consulta.

Fatiga y división

La opinión pública catalana está dividida y el debate, omnipresente en los medios y las conversaciones, ha llegado a enemistar a familias enteras. Pero más del 70% de los catalanes quiere una consulta que zanje el tema de una vez por todas.

"Votar, salga sí o salga no, es un paso muy importante, un salto adelante para demostrar que somos nosotros quienes decidimos qué queremos hacer", comentaba Ramon Sanmartín, un ingeniero industrial jubilado de 67 años, mientras paseaba por el parque de la Ciutadella, donde está el Parlamento.

El 9 de noviembre de 2014, el ejecutivo catalán organizó una consulta, entonces no vinculante pero también prohibida por la justicia, en la que participaron 2,3 millones de personas (sobre un cuerpo electoral de unos 6,3 millones), dando una amplia victoria al "sí".

Este nuevo intento se produce pocas semanas después de los atentados yihadistas que enlutaron Cataluña y dejaron 16 muertos y más de 120 heridos el 17 y 18 de agosto