• Colombia retrocede en densidad poblacional
• Ciudades más grandes pero menos caminables

En un país cuyo número de habitantes llegará el próximo año a 50 millones es claro que los desafíos para mantener los estándares de calidad de vida de ese volumen poblacional son cada día más exigentes. Y para ello la clave está en la planificación de las políticas públicas a corto, mediano y largo plazos. Es allí en donde entra a jugar un papel determinante la calidad de la información que tienen las autoridades sobre las realidades económicas, sociales, políticas, institucionales, poblacionales, de cobertura de servicios públicos, sanitarias, de empleo, índices de necesidades básicas insatisfechas, cualificación de sus residentes por su estrato socioeconómico, flujos migratorios, nivel de educación, tipos de vivienda, volumen de ingresos… En fin, la mayor cantidad de factores posible. Todos esos datos son cruciales, porque si algo se puede aprender de las políticas de buen gobierno de las naciones con mejores estándares de vida en el mundo es, precisamente, que están soportadas en información actualizada y muy puntual de sus realidades.

En Colombia, progresivamente, se han venido realizando esfuerzos en esa dirección. El año pasado, por ejemplo, se dieron a conocer los resultados del Censo Nacional Agropecuario, que permitió actualizar la radiografía del sector rural en los últimos 30 años. Recientemente, el Ideam entregó el estudio más detallado en la historia del país sobre la vulnerabilidad local al cambio climático, que será clave para determinar las medidas de amortiguación del impacto del calentamiento global en cada municipio. Para el próximo año, igualmente, se tiene previsto realizar un nuevo Censo Poblacional, a todas luces determinante para la planificación estatal en las dos o tres décadas por venir… Asimismo, muchas instituciones públicas y privadas han aprovechado las ventajas tecnológicas para acceder a sistemas de registro estadístico y seguimiento en tiempo real de información sectorial, lo que ha permitido depurar con alguna solvencia bases de datos y estudios ya caducos.

Esta semana, en un ejemplo más de la importancia de la actualización estadística para el Estado, el Departamento de Planeación Nacional dio a conocer el llamado “Atlas de Expansión Urbana”, que tras investigar las variables poblacionales en 108 municipios y 12 aglomeraciones urbanas, permitió establecer las tendencias de crecimiento y transformación de estos en los últimos 25 años. Hay datos sorprendentes. Por ejemplo, se encontró que en el último cuarto de siglo cayó en un 13 por ciento la concentración de población por kilómetro cuadrado en Colombia, al pasar de 18.604 habitantes en 1990 a 16.236 en 2015. Además de contar con datos actualizados sobre las áreas destinadas a edificaciones, espacios abiertos y vías en cada ciudad, ahora se sabe que mientras el tamaño de las manzanas ha ido creciendo progresivamente, las carreteras son más angostas, dejando menos espacio para la movilidad vial y peatonal, con todo lo que ello implica en materia de eficiencia de sistemas de transporte, tiempo invertido por cada persona en su tránsito de un lugar a otro y la calidad de vida en general.

Otro dato no menos sorprendente en un país en donde constantemente se oye decir que las “selvas de cemento” están acabando con “el paisaje verde”: la huella urbana de las ciudades colombianas (que es el conjunto de área construida, que incluye zonas edificadas, vías y espacios abiertos) creció acorde con el aumento de la población en los últimos 25 años, pues mientras las urbes y municipios se expandieron 2,50 por ciento, el número de habitantes lo hizo en 2,28 por ciento.

Visto lo anterior, es de suma importancia conocer las tendencias urbanísticas en Colombia, no solo para planificar mejor el uso del suelo y garantizar un crecimiento organizado y ambientalmente sostenible de los centros poblados, a partir de planes de ordenamiento territorial modernos, sino para determinar mejor la oferta de servicios públicos, transporte, educación, salud, comercio, industria, infraestructura, focalización de subsidios y de proyectos de inversión social, entre otros.

Lo importante es que los resultados de todos estos estudios no se queden en los anaqueles, sino que se conviertan en insumos obligatorios para la formulación o corrección de las políticas y programas nacionales, seccionales y locales. Es allí en donde los entes de control y vigilancia juegan un papel crucial para hacer exigibles a los presidentes, gobernadores y alcaldes, así como a los congresos,  asambleas departamentales y concejos municipales que sus determinaciones se tomen con base en la información actualizada, técnica y objetiva que se deriva de estas investigaciones. Es claro que muchos yerros en la administración pública tienen su causa en la falta de datos confiables y actualizados que en la propia corrupción, por más que esta sea un flagelo muy presente.

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