- Insólita improvisación en Medimás
- Estado impotente, crisis estructural
La crisis en el sector salud en Colombia está sobrediagnosticada hace mucho tiempo y si bien cada gobierno en las últimas décadas impulsó sus respectivas reformas constitucionales, legales y reglamentarias para hacerle frente a las falencias en materia de cobertura y calidad en la atención médica, es claro que todos esos ajustes no han llevado a que el sistema funcione medianamente bien.
Días atrás, por ejemplo, advertíamos que la deuda de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) con la red pública y privada de clínicas y hospitales ascendía ya a más de 7,3 billones de pesos, el monto más alto en los últimos 18 años. Semejante problemática en el flujo de recursos tiene al borde de la quiebra a muchas instituciones sanitarias, que día tras día han tenido que ir restringiendo su oferta de servicios a los pacientes. De igual manera, se trajo a colación que en el Congreso hace curso un proyecto de ley -otro más- que plantea una reingeniería a todo el sistema de aseguramiento en salud, partiendo, como primera medida, de la eliminación de las EPS. También es de todos conocido que pese a los mandatos de la última ley estatutaria, que elevó el derecho a la salud al rango de fundamental, todavía se continúan presentando graves falencias en materia de atención oportuna a los enfermos, asignación rápida de citas con especialistas y demoras injustificadas tanto en el suministro de medicamentos como en la autorización de procedimientos médicos complejos. Falencias que se reflejan, según los informes de la Defensoría, en que el grueso de las acciones de tutela que se interponen en Colombia está relacionado con problemas en el acceso al servicio médico.
Incluso, ahora que al actual Congreso apenas si le quedan unos pocos meses de trabajo efectivo, y desde distintos sectores se empiezan a hacer los cortes de cuenta sobre la labor legislativa, la reforma estructural a la salud se ubica en el top de grandes pendientes. Y, como si todo lo anterior fuera poco, cada día es más claro que una parte importante de los recursos destinados a la salud terminó como botín de las mafias de corrupción nacional, regionales y locales. Prueba de ello escándalos recientes como el del “cartel de la hemofilia” en Córdoba.
Hay, en consecuencia, un problema estructural en el sistema de salud en Colombia. No en vano varias de las EPS públicas y privadas más grandes han tenido que ser intervenidas en los últimos años, dejando a millones de afiliados y beneficiarios en la incertidumbre de no saber cómo, cuándo, dónde y quién les debe prestar el servicio por el que, ya sea bajo el régimen contributivo o el subsidiado, pagan o tienen derecho a acceder por pertenecer a grupos poblacionales vulnerables.
Todo el marco anterior debe tenerse en cuenta al analizar las implicaciones de la decisión ayer de la Procuraduría General de la Nación al suspender al Superintendente Nacional de Salud por permitir y autorizar el inicio de operaciones a Medimás EPS, en agosto pasado, sin que contara con una red que prestadores de servicio en el país, lo que llevó a que sus millones de afiliados hayan tenido que sufrir en los últimos meses un verdadero viacrucis. Medimás, como se sabe, fue la que ganó el accidentado proceso de escogencia de la EPS que debería asumir los más de 5 millones de afiliados de la intervenida y liquidada Cafesalud. Esta última, al igual que la también intervenida y liquidada Caprecom o la no menos controvertida Saludcoop, terminaron haciendo agua y poniendo a todo el sistema de aseguramiento en salud en una crisis de la que, a la luz de lo ocurrido ayer, no ha podido salir, pese a las múltiples reformas y ajustes.
Más allá de lo que termine pasando en el caso Medimás, lo cierto es que una vez más queda en evidencia la improvisación con que se está manejando la salud en Colombia. Se suponía que la transición entre Cafesalud y la nueva entidad estaba lista y asegurada para que los sufridos usuarios sintieran, por fin, una mejoría en el servicio de manera inmediata. Pero ello no ocurrió. El Gobierno y el aparato institucional en su conjunto, fallaron estruendosamente, tal y como ha venido sucediendo en las últimas décadas con sus antecesores. Un viacrucis de nunca acabar.
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