El Congreso y el Gobierno decidieron ponerle lupa a la minería ilegal. En este sentido, se radicó el proyecto 169 de 2016 que consiste en diferenciar la minería bien hecha de la minería o la extracción ilícita de minerales. Según el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, “estamos persiguiendo a los bandidos que utilizan esta actividad para lavar dineros, no estamos persiguiendo a la gente que utiliza gravas de los ríos con una pala. Queremos hacer esa distinción porque si bien todos hacen actividad minera, no todos tienen las mismas implicaciones en el medio ambiente, y menos en los impactos de esta actividad”.

Una de las razones por la cual se creó el proyecto es que “la tipificación de un delito tiene que recoger todos los eslabones de la cadena, en el caso de la minería no existía el tipo penal que nos permitiera perseguir desde la provisión de materiales, el transporte, toda la cadena hasta la comercialización”, así lo manifestó el Ministro de Minas. El siguiente motivo expuesto, es que el 82% de la actividad de extracción minera se hace ilegalmente. Esto es, sin la existencia de título minero e instrumento ambiental con el que se proteja al medio ambiente.

El ministro Arce aclaró que, aunado a perseguir la minería ilícita, la iniciativa pretende apoyar a los pequeños mineros de subsistencia, que practican minería ancestral y que por tanto dependen económicamente de esta actividad. “Queremos separar minería bien hecha de la mal hecha habilitando los mecanismos de formalización que nos permita proteger a esos pequeños mineros”, indicó.

En este mismo sentido señaló que se están buscando los mecanismos para resolver procesos de licenciamiento que según él “se han quedado en suspenso, entre otras cosas, por acciones de tribunales y queremos darles garantías de que quien quiera hacer la haga cumpliendo con requisitos legales”. Más adelante resaltó que dentro del proyecto se incluyeron provisiones de manera que se resuelva el problema que atraviesan los pequeños mineros  y puedan formalizarse dentro del marco de la Ley.

Arce destacó que “estamos apoyando una minería bien hecha, que respete el medio ambiente, que cumpla con las normas,  que pague sus impuestos, que proteja el trabajo infantil”.

De la misma manera con una reforma al Código Penal, el aumento de penas y la prohibición de que los delitos sean excarcelables, empezó a hacer trámite en el Senado un proyecto de ley con el cual se busca que las autoridades nacionales y la Fiscalía puedan combatir a esas bandas organizadas dedicadas a esa explotación.

El autor del proyecto, el senador Juan Diego Gómez, manifestó que “el proyecto busca combatir, de manera eficaz, la extracción ilícita de minerales; son 18 artículos que modifican el Código Penal y algunas normas ambientales que aumentan las sanciones pecuniarias y también las penas de prisión para evitar que sean excarcelables”.

Según Gómez, hasta ahora las autoridades no han podido controlar esta situación, adicional a que existe una incertidumbre jurídica debido a fallos emitidos por la Corte Constitucional sobre la imposibilidad de modificar el Código de Minas en particular por la exigencia de la consulta previa a las comunidades.

“Por esto el proyecto se concentra en resolver una parte del problema minero que es muy grande en el país, pero queremos que sea una solución eficiente y eficaz”, sostuvo el congresista.

Se contemplan algunas normas para controlar y sancionar a quienes hagan el daño ambiental que en ciertos ecosistemas son difíciles de probar, “por ejemplo, en el cauce de un río en el Chocó hay una draga y está retirando un material y cuando viene la descarga del río se tapan los huecos y no hay técnicamente cómo demostrar que hubo un daño ambiental cuando río abajo ya hay un daño”, explicó.