Nuevamente el Congreso evitó castigar con cárcel a las personas que conducen un vehículo bajo el influjo del alcohol, como ya había sucedido con iniciativas en ese sentido en los años 2008 y 2012. En esta oportunidad  el proyecto 80/12 Senado se hundió en la legislatura que acaba de culminar por falta de debate en la Comisión Primera del Senado.

Mientras que esta situación se viene presentando en el Parlamento, los ciudadanos de a pie siguen reclamando castigos más severos para las personas que de manera irresponsable se ponen frente al volante sin medir las consecuencias para los demás ciudadanos.

Solamente en el 2011, y según el informe anual del Instituto de Medicina Legal, en promedio cada día cinco  personas fueron víctimas de los borrachos al volante. Por embriaguez aparente hubo 1.725 personas heridas y 146 muertas. En tanto que en 2012 la cifra de muertos pasó de 300 en accidentes en vías y carreteras en los que estuvo de por medio la ingesta de bebidas alcohólicas.

En mayo del año anterior, la Comisión Primera de la Cámara hundió por un voto (votos a favor de archivarlo y 44 en contra de hacerlo) un proyecto que aumentaba las penas a los conductores ebrios.

Dos meses después, varios representantes a la Cámara, entre los cuales estaba Gloria Stella Díaz (MIRA), Juan Valdés (ASI) y Luis Antonio Serrano (La U), insistieron en el tema radicando nuevamente un proyecto (28/12 Cámara) que creaba el tipo penal de conducir en estado de alicoramiento.

Esta iniciativa fue acumulada con otro proyecto (80/12 Senado) en similar sentido que radicaron en agosto de 2012 los senadores Karime Mota y Roy Barreras, el cual fue asignado a la Comisión Primera del Senado.

Sin embargo, el proyecto 80/12 se hundió por falta de trámite en la legislatura que feneció el pasado jueves, pues a pesar de contar con ponencia desde diciembre del año anterior y que al tener un debate, en el mismo no hubo votación.

El proyecto 80/12 Senado contenía cincoartículos, cuyas modificaciones, que en síntesis establecía que en el homicidio culposo agravado por estado de embriaguez, la pena se aumentará de la mitad del doble, es decir, quedará entre 72 a 180 meses. “En ese caso, procede la detención preventiva y el juez la aplicará si lo encuentra necesario; la pena final no puede ser domiciliaria por ser su mínimo mayor de cinco años; puede ser suspendida (concederse excarcelación) si hay aceptación de los cargos y el criterio del Juez así lo determina, pues la pena mínima impuesta podrá ser de 36 meses”.

Igualmente, esta iniciativa incorpora a los agravantes del homicidio culposo y las lesiones personales, circunstancias que atentan gravemente contra la seguridad vial por conductas que desconocen la normatividad que la Ley ha establecido para el ejercicio diligente y cuidadoso de una actividad de tan alto riesgo como es la conducción de un vehículo automotor, como es si al momento de cometer la conducta el ciudadano no es titular de la licencia de conducción o su licencia había sido cancelada, suspendida o retenida.

Igualmente, si al momento de cometer la conducta el ciudadano se encuentra incurso en una violación a las normas de tránsito y ello ha sido determinante para su resultado. En esta previsión se incluyen por ejemplo el exceso de velocidad, el transporte de pasajeros como niños o ancianos o carga pesada sin las precauciones y condiciones legales.

Finalmente, el proyecto hundido determinaba que los conductores sorprendidos en estado de embriaguez tuvieran una pena de privación de libertad entre uno y seis meses. Para ello creaba un tipo penal denominado ‘De la seguridad vial y la conducción bajo el influjo de alcohol.

Ley 1326 de 2009

Esta norma ya había endurecido las penas a los conductores ebrios que produjeran víctimas fatales, sin embargo los  autores del proyecto 80/12 Senado consideraron que la norma presenta una falencia, ya que se aumentó la pena, pero sólo la máxima; como los jueces están obligados a partir de la pena mínima y aumentarla progresivamente solo si se cumplen diferentes previsiones legales, como la existencia de antecedentes, la especial intensidad de la imprudencia, el daño causado, otras causales de agravación y de atenuación, etc., la pena generalmente se acerca a la menor prevista por la ley; por eso esa ley no tiene efectos reales.

Por dicha razón esta iniciativa hundida recientemente en el Congreso proponía aumentar de la mitad al doble la pena por homicidio culposo agravado por estado de embriaguez.

Algo ineludible

La senadora Karime Mota insistió en la necesidad de castigar de una manera más severa a los conductores borrachos. “Se está necesitando en este momento la penalización de los conductores ebrios, a pesar de que los compañeros en la Comisión (Primera del Senado) argumentan que las cárceles están ahora mismo sobrepobladas y que no debemos hacer eso. Pero hay que buscar una solución si no es cárcel a través de multa o algo administrativo”.

Otro intento

La representante Gloria Stella Díaz consideró que ha faltado voluntad política en el Congreso para luchar contra este flagelo que ha dejado a miles de víctimas en los últimos años en Colombia. “Con gran preocupación vemos que el Congreso ha sido lento para legislar y por el contario sí, lo poco que hemos logrado en este tema de la seguridad vial casi que se pierde. Me tocó dar la pelea en el Código Penitenciario (el proyecto), que querían que los conductores que fueron condenados porque borrachos en un accidente de tránsito causaron muertos, gozaran del beneficio de saca por cárcel. Me tocó presentar una proposición y defenderla con mucha vehemencia. Afortunadamente esa proposición logramos el apoyo de Congresistas”.

No obstante, la Parlamentaria dijo que insistirá en este proyecto hasta las veces que sea necesario, por lo que piensa radicarlo el próximo 20 de julio para que sea analizado en la cuarta y última legislatura de este Congreso.

Sin embargo, la Parlamentaria adelantó que esta nueva iniciativa incluirá un agravante punitivo en el caso de que se trate de un funcionario público. “Que ahí se agrave más la pena y que eso se convierta en un momento en una causal de pérdida de investidura. Así lo vamos a proponer porque lo que menos podemos pensar es que quienes tenemos la responsabilidad siendo funcionarios y servidores públicos de dar un buen ejemplo, mandemos el mensaje equivocado”