A escasos 20 días para que termine la legislatura, el Congreso debe acelerar el trámite de varios proyectos que actualmente hacen curso en la Cámara y otros que están en Senado, además de algunas iniciativas que esperan las plenarias. 

 

Acto Legislativo para la Paz

 

En la Cámara, por ejemplo, la lista la inicia el Acto Legislativo para la Paz, que entra mañana a la plenaria.

Esta iniciativa le da facultades especiales al Presidente de la República, crea un procedimiento especial para la aprobación de las normas que desarrollen los acuerdos de paz  y eleva el acuerdo final a categoría especial. 

 

Esto último, por la inclusión del artículo que fue acordado con las Farc en La Habana para darle seguridad jurídica a los acuerdos. Es decir, para que  los gobiernos próximos no puedan cambiar lo ya pactado.

 

Este proyecto cuenta con 5 artículos:

 

1. Establece el procedimiento legislativo especial. Allí se define cómo se tramitarán las leyes ordinarias y los actos legislativos. En el caso de los proyectos de ley, se determina que las comisiones, según el tema que toque la iniciativa, sesionarán conjuntamente; y que los actos legislativos, que son reformas constitucionales, se harán en cuatro debates, contrario al trámite normal que es de ocho debates. 

 

El acto legislativo permite también que las iniciativas se tramiten en extras, que tengan un único control automático y condiciona que todo lo aprobado deberá ser de autoría del Gobierno y si se hacen modificaciones deberán ser avaladas por el mismo.

 

2. Se le otorgan facultades especiales al Presidente de la República.  Con ellas, el Mandatario podrá expedir decretos con fuerza de ley durante seis meses luego de la aprobación de este acto legislativo. 

 

3. La iniciativa también contiene temas de inversión. Este artículo obliga a que en 20 años se incluya en el Plan Nacional de Desarrollo el Plan Plurianual de Inversiones para la paz, en el que siempre se dé prioridad a las zonas más afectadas por el conflicto. Y, si se firma la paz, se hace la refrendación y gana el apoyo al proceso, los alcaldes y gobernadores tendrán que modificar sus planes de desarrollo. El control para tales inversiones se hará con el informe que el Gobierno entregará al inicio de cada legislatura. 

 

4. Es el artículo que incluye el blindaje jurídico para la paz que se acordó en La Habana.  En él se especifica que el acuerdo final será elevado a categoría especial en los términos de los convenios de Ginebra y entrará al bloque de constitucionalidad. También que una vez firmado y empiece a regir el acto legislativo, el acuerdo final será incorporado al derecho interno a través de una Ley Aprobatoria que pasará por el órgano legislador. 

 

5. Este último artículo corresponde a la vigencia del acto legislativo, que se da a partir de la promulgación de la ley. Tras la aprobación de la iniciativa el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que “ha quedado absolutamente claro que ninguno de los artículos de este Acto Legislativo podrá aplicarse antes de que los colombianos refrenden el Acuerdo Final. Y que elevar a Acuerdo Especial este Acuerdo Final no es de ninguna manera  un tratado internacional entre Estados: es un Acuerdo Especial entre un Estado y un grupo no estatal”, resaltó el Ministro.

 

La Comisión de Aforados

 

Cabe recordar que es una ley estatutaria y se trata para reglamentar la Reforma de Equilibrio de Poderes. Esta se estudió en Comisiones conjuntas, y falta que pase por cada una de las plenarias.

 

La implementación de una Comisión de Aforados que reemplace la Comisión de Acusaciones en el Congreso, se encuentra cada vez más cerca. Las Comisiones Primeras del Senado y la Cámara de Representantes aprobaron un artículo en la discusión del proyecto de ley que reglamenta el funcionamiento de la nueva Comisión.

 

La introducción de la nueva Comisión se hizo en la Reforma de Equilibrio de Poderes, aprobada en junio de 2015.

 

Dentro del articulado aprobado en el primer par de los cuatro debates previstos, se incluyó la posibilidad de que la Comisión de Aforados pueda solicitar una orden de captura o la suspensión del cargo de un funcionario que es investigado fiscal, disciplinaria o penalmente.

 

Vale recordar que esa Comisión será la encargada de investigar las actuaciones del Fiscal General de la Nación y los magistrados de las Altas Cortes. En el caso de las indagaciones fiscales y disciplinarias, la acusación la presenta a la plenaria de la Cámara para luego hacer tránsito a la plenaria del Senado. Para el caso de las investigaciones penales, la acusación la presentará directamente a la Corte Suprema de Justicia.

 

La excarcelación masiva 

 

Ya se aprobó en Comisiones primeras conjuntas ahora se tiene que aprobar en cada una de las plenarias.

De acuerdo con esa norma, todo sindicado, a partir del próximo 7 de julio, quedará en libertad sin importar el delito por el que está siendo investigado. “Lo cierto es que hoy, ad portas de que se cumpla el término para la entrada en vigencia de dicha disposición, no es claro que los procesos se hayan adelantado con la agilidad esperada”, dice la exposición de motivos enviada al Senado.

 

Y agrega que “para que el objeto de la racionalización de la detención preventiva sea una realidad en nuestro ordenamiento, es indispensable contar con los ajustes normativos y operativos que dinamicen el sistema penal y sirvan de sustento para que los operadores judiciales den mayor celeridad y eficiencia a los procesos bajo su cargo”.

 

En esencia, lo que se plantea es que, para el caso de delitos más graves como homicidios, corrupción, narcotráfico y otros de la justicia especializada, la vigencia empiece en julio del 2017 y no en tres meses.

 

Además de la salida de la cárcel de responsables de varios de los mayores escándalos de los últimos años, hay urgencia para tapar un hueco que quedó en la ley del año pasado y que permitió que los delitos sexuales quedaran en el grupo de los de excarcelación después de un año sin sentencia. El nuevo proyecto establece que pasen al paquete de los de dos años.

 

“La naturaleza de estos delitos supone un modelo investigativo particularmente complejo, en especial para aquellos casos en los cuales las víctimas son niños, niñas o adolescentes constitucional a julio de 2017 para el caso de delitos graves como homicidios, corrupción, narcotráfico y otros de la justicia especializada”.

 

El senador Carlos Fernando Motoa, ponente del proyecto, admitió que al Ministerio de Justicia de la época le faltó más cuidado y un estudio más profundo porque si esa norma como la radicó el Gobierno el año anterior, hubiera sido más estudiada, no se tendría el riesgo actual a pocas semanas de que entre en vigencia esa norma. 

 

Código de Policía 

 

Este código ya pasó por Senado y ahora por esta Cámara, para que se alcance a dar vía libre este debe ser aprobado en la Comisión Primera y luego en plenaria. Ahora será debatido en la Cámara de Representantes, la que deberá estudiarlo antes de junio para que no se ahogue.

 

Son más de 300 normas de convivencia que empezarán a regir después de que el proyecto de ley pase en la

Cámara de Representantes y a sanción presidencial, artículos que le dan ‘dientes’ a la Policía para actuar en casos de riñas, excesos de ruido, allanamientos, invasión de espacio público, entre otros.

 

En el Código anterior -por ejemplo- los colombianos tenían que pedir permiso a las alcaldías para movilizarse en marchas en vías públicas. El permiso quedó abolido.

 

“Ya no lo necesitan, solo informan 48 horas antes y ya, deberán señalar el recorrido para que las autoridades tomen las medidas de precaución y solo en caso de que se arme un problema de orden público podrá disolverse. Eso se prestaba anteriormente para que alcaldes negaran el derecho a la protesta de sus opositores”, contó la senadora Claudia López.

 

También se aprobó el ingreso de uniformados de la Policía a las viviendas sin orden judicial. “Esa autorización está vigente en el actual Código, hoy solo en cinco casos excepcionales: cuando se debe capturar a alguien en flagrancia, durante un incendio o cuando alguien pida auxilio desde el interior de la casa. Solo agregamos dos garantías, quien ingrese tendrá que presentarle a su superior un informe de las razones de ingreso y un balance de la actuación policial”, expresó la congresista.

 

“Podrá -la Policía- entrar a una casa cuando hayan gritos de auxilio”, dijo la senadora Viviane Morales, quien añadió que también se le dio facultades a la institución para atacar a la minería ilegal. “Podrán retener y destruir los instrumentos con los cuales se practica la minería”, añadió.

 

Ley estatutaria de Administración de Justicia 

 

En el Proyecto de Ley Estatutaria para la Administración de Justicia que regula la reforma de equilibrio de poderes, se incorporaron varios cambios al texto que salió de la Comisión primera de Cámara.

 

Tras la aprobación del proyecto en segundo debate en plenaria de la Cámara, el ministro de Justicia (e),

Carlos Medina Ramírez, afirmó que este es un logro importante para la justicia.

 

“Este proyecto va a fortalecer la administración de justicia porque la hará más eficiente y transparente. Ahora nos preparamos para ir a tercer debate en la Comisión Primera del Senado”, señaló el alto funcionario.

 

Fueron varios los cambios que se introdujeron en esta reforma que ahora continuará su curso en el Senado.

 

El primero de ellos es el de la lista única para elección de magistrados, un apartado en el que deben primar criterios de equilibrio y proporcionalidad. Este es un asunto que ha sido debatido de manera recurrente a lo largo de la discusión del proyecto.

 

Otro cambio es el de la promoción de las candidaturas de los representantes del Consejo de Gobierno Judicial, que tendrán límites en lo referente a tiempo y recursos. Además, este va a ser un mecanismo que estará bajo la supervisión de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

 

Una tercera novedad tiene que ver con que los miembros permanentes del Consejo de Gobierno Judicial manejarán ahora decisiones por mayoría calificada en cuanto a división de territorio judicial y reglamento de la carrera judicial.

 

El cuarto cambio está relacionado con las gerencias, que antes eran regionales y ahora serán de distrito judicial. Este era un verdadero clamor de los actores de la Rama Judicial.

 

El último aspecto que cambia es que se establece el cargo de Defensor del Usuario a nivel nacional. Lo que hay que destacar es que no habrá burocracia y que será un solo funcionario el que cumpla con esta labor. 

 

Cabe recordar que hasta ahora estaba establecido que este nombramiento dependía de la Gerencia de la Rama Judicial y ahora lo nombrará el Consejo de Gobierno Judicial. Y con el fin de entregarle mayor

autonomía, va a tener un período fijo.

 

Marihuana como medicina natural 

 

Solo faltan dos pasos para que la iniciativa se convierta en ley: la conciliación de los textos de Senado y Cámara y la sanción presidencial.

 

"Millones de personas que sufren dolores, epilepsia, diabetes, esclerosis múltiple, artritis, todas estas enfermedades donde hay evidencia científica que indica que estas personas van a encontrar en el cannabis solución, tendrán una esperanza de aliviar el dolor y mejorar su calidad de vida", afirmó el senador Juan Manuel Galán, autor de la iniciativa.

 

El proyecto, que refuerza la reglamentación que había presentado el Gobierno nacional en diciembre, establece la posibilidad de que se expidan licencias para la posesión de semillas, cultivo, transformación y distribución a nivel nacional de derivados del cannabis y los productos que la contengan.

 

Según Galán, el Estado tendrá el monopolio de la regulación y para la distribución: "con la reglamentación se irá aplicando la apertura de dispensarios para pacientes acreditados que tengan cómo comprobar que están siendo tratados por un médico en relación con una dolencia para la cual el cannabis es beneficioso".