* Más polvorines por violencia y pobreza
* Cuando las crisis no se previenen
Estupefacción. Ese es un buen término para calificar lo que pasó esta semana en el Cauca. Las imágenes de cientos de indígenas desmantelando barricadas de la Policía en Toribío así como desarmando una base castrense que custodiaba unas antenas de comunicación impactaron a la opinión pública, al igual que aquellas en donde otros integrantes de los resguardos les exigían a guerrilleros que habían montado un retén en las afueras del convulsionado poblado, en cuyo casco urbano el presidente Santos realizaba un consejo de ministros, que salieran también de la zona.
Más allá de la natural y a todas luces institucional y legítima respuesta gubernamental en torno de que la Fuerza Pública no tiene regiones vedadas y que, por lo tanto, no se desmilitarizará ni un solo centímetro en el Cauca u otra parte del territorio nacional, lo cierto es que el conflicto en este Departamento tiene complejidades muy altas: enclaves montañosos con larga presencia de la guerrilla; una de las zonas más militarizadas por la Fuerza Pública en todo el país; la eterna puja entre las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes; corredores estratégicos para el tráfico de armas y drogas; extensiones de cultivos de hoja de coca, marihuana y amapola; una población mayoritariamente pobre; economía agraria de sustento y con poco desarrollo tecnológico; polos de desarrollo industrial y comercial que no involucran a la población local de forma mayoritaria; marcado desempleo urbano y rural, sobre todo en nivel de jóvenes, así como la sensación casi generalizada entre la ciudadanía de que el Estado los tiene abandonados y que las clases dirigentes municipales y regionales no han exigido los flujos de inversión social que se requieren o, peor aún, los han dilapidado…
Aunque visto así se podría decir que la crisis en el Cauca no tiene parangón en ninguna otra parte de Colombia, lo cierto es que si le quitamos una o dos características muy puntuales, como el peso de las comunidades indígenas, situaciones muy similares se están incubando de tiempo atrás en otras zonas del país. Y es allí en donde en donde la alerta ya no sólo se debe extender a este Departamento sino que es necesario que desde las esferas del gobierno central se empiecen a evaluar los escenarios en algunas regiones en donde la violencia, el abandono estatal, la pobreza, el desempleo, el narcotráfico y la presencia cada vez más activa de guerrilla, bandas criminales derivadas del paramilitarismo y una delincuencia común imparable, están generando cuadros críticos que amenazan con convertirse en polvorines que pueden explotar en cualquier momento.
No se trata aquí de caer en alarmismos gratuitos ni tampoco hacer eco a los escenarios apocalípticos que algunos sectores opositores al gobierno de turno tratan de ‘implantar’ soterradamente en el imaginario popular, con una clara intencionalidad política y electoral. Tampoco se busca matricularse en esa esfera de optimismo desbordado y generalizante según la cual la evolución positiva de algunos indicadores macroeconómicos, los altos flujos de inversión, el boom minero y los reportes de crecimiento sectorial son ya un prueba evidente de que la pobreza, indigencia y la desigualdad empiezan a retroceder aceleradamente, y ello explica por qué en algunas encuestas los colombianos aparecen en la parte más alta de los más felices del planeta.
En realidad de lo que se trata es de hacer un llamado al Gobierno nacional, los gobernadores y los alcaldes para que evalúen de una manera objetiva el clima socio-político en sus regiones y, sobre todo, los focos de creciente insatisfacción de los habitantes, ya sea derivados de situaciones de violencia, inseguridad, necesidades básicas insatisfechas o abandono oficial, con el fin de detectar a tiempo situaciones explosivas que requieren un plan de choque e intervención inmediata. Sería ingenuo negar que en el país se pueden generar otros caucas y que lo peor que puede pasar, como ocurrió esta semana, es que la crisis, o la reacción de los habitantes a su agravamiento, sea tan sorpresiva que coja a las autoridades nacionales, regionales y locales fuera de base e improvisando soluciones, en tanto la opinión pública se vuelve a sumir en ese preocupante sentimiento de estupefacción.