Más allá de las estadísticas de las autoridades nacionales, regionales y locales que aseguran que los índices de seguridad urbana en Colombia han aumentado sustancialmente, lo cierto es que la ciudadanía tiene una percepción distinta. Y en esto último no sólo juega un papel primordial el nivel de victimización de cada persona en su entorno, sino el de sus allegados y conocidos. Según los expertos en estos temas una persona evalúa el nivel de seguridad o de inseguridad que lo rodea de acuerdo a los hechos criminales de que tenga noticia. Por ello, aunque no en pocas ocasiones voceros policiales y militares así como autoridades civiles recalcan que porcentualmente la incidencia en los delitos de alto impacto ha disminuido, las comunidades no tienden a creer en estos resultados porque de un solo hecho del que pudieron ser víctimas o testigos presenciales o incluso de oídas, derivan una realidad completamente distinta.
Por ejemplo, en la semana que hoy termina hubo varias noticias que tuvieron amplio eco mediático y que pusieron de nuevo sobre el tapete el debate en torno a qué es lo que está pasando con la seguridad en ciudades y municipios y cuál el nivel de efectividad de la Fuerza Pública y la justicia para hacer frente a los picos delincuenciales. De un lado, en Cartagena sendos casos de atraco pusieron en el ojo del huracán a la ciudad amurallada precisamente en la antesala de la firma formal del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc que se llevará a cabo mañana con la presencia de una amplia comitiva nacional e internacional. A ello se suma el asesinato de un joven en la capital del país que fue víctima de fleteo. El video en el que se observa cómo es atracado y baleado por los delincuentes al oponer resistencia, fue ampliamente difundido y generó un grado de indignación muy alto en la ciudad, al punto que en redes sociales se masificó una campaña para dar con el paradero de los criminales.
Frente a esos dos hechos que generaron un alto grado de reclamos y quejas contra las autoridades de ambas ciudades, lo primero que éstas hicieron fue presentar las estadísticas en donde se evidencia que pese a esos casos puntuales hay una disminución efectiva en los índices de criminalidad. Por ejemplo, para el caso de la capital colombiana se reveló que el atraco callejero, que es la acción criminal que más golpea a los habitantes de la ciudad, se redujo en un 12% en los primeros ocho meses de este año.
Entre tanto, a nivel nacional, el Ministro de Defensa puso sobre el tapete estadísticas según las cuales en el mismo lapso el número de homicidios ha disminuido sustancialmente, con apenas 8.079 casos entre enero y agosto. Incluso reveló que de los 1.102 municipios del país, en el octavo mes del año no se presentaron muertes violentas en 379 de ellos. También se trajo a colación que la extorsión ha disminuido en un 38% y que la tasa de homicidios ya va en 25 por cada 100 mil habitantes, que es menos de la mitad de lo que tenía el país en el año 2000.
Pero frente a estas cifras positivas bien sirve traer a colación las que a finales del mes pasado presentara el Fiscal General de la Nación, cuando dio a conocer los resultados del primer censo delictivo semanal, una nueva herramienta que debe permitirles a las autoridades plantear una política preventiva e inteligente para frenar el accionar de los criminales. Según esa medición, entre el 12 y el 18 de agosto las autoridades recibieron 5.339 denuncias por el delito de hurto, quedando en segundo lugar los relacionados con lesiones personales, violencia intrafamiliar, narcotráfico, inasistencia alimentaria, amenazas y homicidios, entre otros. Incluso en cuanto a los robos el ente acusador encontró que es más alto el hurto de motocicletas que de automóviles, dando a conocer que en los primeros ocho meses del año fueron sustraídas por los delincuentes 18 mil de las primeras frente a 4.600 de los segundos. De igual manera las estadísticas revelaron que Bogotá y Medellín son las ciudades más afectadas por el robo de teléfonos celulares.
Podríamos seguir sumando más estadísticas e informes que para el ciudadano de a pie parecerían contradictorios o incluso partir de las mismas cifras pero simplemente interpretarlas de manera distinta. Pero más allá de ese ejercicio, lo importante es recalcar que es necesario redoblar todas las políticas de seguridad urbana. No se trata solo de enfrentar los delitos de alto impacto, como los atracos y el robo de celulares, o incluso el microtráfico, sino de combatir con mayor efectividad las bandas criminales que se han afincado en muchas ciudades principales e intermedias y cuya peligrosidad es tal que, como lo advirtiera un informe de la Defensoría del Pueblo esta semana, para el caso de Cartagena, tienen al 35% de la población en riesgo, dado que operan en más de 40 barrios de La Heroica.
El reto, pues, está planteado y no es nuevo. Si bien se reconoce que hay avances en muchos frentes en materia de seguridad urbana y de efectividad policial y judicial, en otros todavía hay mucho por hacer.